El PP reclama en el Congreso que Blanco explique la conexión del nuevo puente de Lugo con el casco urbano de la ciudad

• Joaquín García Díez solicita al ministro que informe en la Comisión de Fomento sobre el nuevo proyecto
• Al margen de esta pregunta en Comisión, los diputados populares por la provincia de Lugo, García Díez y Olga Iglesias, han presentado una batería de preguntas para ser respondidas por escrito en la que piden saber si se contempla un paso a distinto nivel entre las calles de Santiago y la Ronda de los Deportes, así como si se prevé la construcción de una rotonda en el encuentro de la calle Alfonso X el Sabio y la N-VI
• Los populares exigen al titular de Fomento que aclare si el trazado será independiente al de la Volta de Viña y le piden que fije su posición sobre la Proposición no de Ley presentada por el PP en junio de 2009, aún sin debatir en la Comisión de Fomento

El diputado del PP por la provincia de Lugo, Joaquín García Díez, acaba de presentar en el registro del Congreso una pregunta para que José Blanco responda en la Comisión de Fomento sobre cuáles son las previsiones de su Ministerio para la conexión del nuevo puente sobre el Río Miño y el caso urbano de la ciudad.

Además, García Díez y la también diputada por la provincia, Olga Iglesias Fontal, han presentado una batería de preguntas para su respuesta por escrito en la que reclaman al ministro que explique en qué situación se encuentra el estudio informativo encargado por Fomento previo al proyecto de obra para la conexión del nuevo puente y la ciudad, así como en qué consistirá dicho proyecto, ya que en su visita a Lugo el pasado 17 de abril el Sr. José Blanco anunció que dicha conexión se realizará por un trazado independiente al de la Volta da Viña.
García Díez e Iglesias Fontal exigen que Blanco diga de qué información dispone, así como que valore la propuesta del Grupo Municipal Popular, recogida en una Proposición no de Ley del PP presentada en junio del 2009, aún sin debatir en la Comisión de Fomento, en la que se planteaba ejecutar un enlace a través de la calle Santiago, conectando esta vía con la rotonda de nueva ejecución vinculada al puente y elevada sobre la Nacional VI, a través de la Volta da Viña y afectando en la menor medida posible al Parque de Marcos Cela.

Los diputados populares por la provincia de Lugo también reclaman al ministro que aclare si Fomento contempla, tal y como pedía el PP en esa misma PNL, la inclusión en el nuevo proyecto de conexión del puente y el caso urbano de un paso a distinto nivel entre las calles de Santiago y la Ronda de los Deportes, y si se prevé la construcción de una rotonda, en el encuentro de la calle Alfonso X el Sabio y la N-VI, dado lo peligroso que resulta este cruce en la actualidad y que previsiblemente con la ejecución del nuevo puente se agrave la situación.

Finalmente, García Díez e Iglesias Fontal preguntan al titular de Fomento del Ejecutivo socialista si tiene constancia el Ministerio de que la nueva obra a ejecutar respeta el Plan General de Ordenación Municipal de Lugo.

El PSOE impide que el Congreso abra la puerta a la regularización de la pesca artesanal y envía a cerca de 2.000 embarcaciones a un amarre definitivo

• Joaquín García Díez: “El mejor apoyo que le podemos dar hoy a los pescadores de la flota artesanal es no obligarles a tener que comprar bajas para regularizar su embarcación, tanto por el coste que tiene como por la dificultad de disponer de ellas”
• Los populares quieren que el proceso de regularización se efectúe sin discriminación para las embarcaciones que hayan realizado anteriormente otra regularización.
• Para los buques de más de 15 metros, piden que sólo sea necesario aportar una baja para un conjunto de embarcaciones sin que se exija que sean del mismo censo y modalidad pesquera

El PSOE y el BNG han impedido hoy que el Congreso tomase en consideración una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular tendente a la regularización de la flota pesquera artesanal, lo que ha cerrado la puerta a una salida para las cerca de 2.000 embarcaciones que a partir del mes de octubre se verán obligadas a amarrar y dejar de faenar por encontrarse en situación irregular.

El portavoz de Pesca del PP, Joaquín García Díez, denunció hoy que la rigidez del artículo 9 de la Ley 9/2007 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, “se ha convertido en un problema en lugar de una solución para el sector”, y lamentó la tozudez del Gobierno “por no haber aceptado en su momento, cuando se debatió la Ley, las enmiendas del Grupo Popular”.

García Díez subrayó que no sólo el PP, sino también la Comisión Europea, ha visto la necesidad de que la reforma de la Política Pesquera Común alcance a esta flota promoviendo una discriminación positiva, por lo que entiende que era más que necesario reformar la ley.

Los populares han planteado hoy en el Pleno del Congreso que la nueva ley incluya tres cuestiones esenciales:

- Que en las embarcaciones menores de 15 metros que como consecuencia de la regularización resulten con modificaciones de su arqueo y/ó potencia, sus propietarios no tengan que aportar bajas por la diferencia de tonelaje y/o potencia.

- Para las embarcaciones mayores de 15 metros que igualmente presenten modificaciones de su arqueo y potencia, que una baja pudiera aplicarse para varias embarcaciones sin tener en cuenta su censo y modalidad de pesca.

- Que el proceso de regularización se efectúe sin discriminación para las embarcaciones que hayan realizado anteriormente otra regularización.

Según García Díez, “el mejor apoyo que le podemos dar hoy a los propietarios de la flota artesanal es no obligarles a tener que comprar bajas para regularizar su embarcación, tanto por el coste que tiene como por la dificultad de disponer de ellas”.

El portavoz popular de Pesca defiende que no hay agravio comparativo respecto al propietario que haya comprado bajas para regularizar su embarcación. “Aquel que lo haya hecho tendrá reconocida su embarcación con el tonelaje y potencia resultante y podrá obtener ayudas como puede ser por paradas temporales, ó presentar su embarcación para el desguace recibiendo el importe integro por el tonelaje reconocido”.

El PP entiende que lo establecido en la Ley 9/2007 es de imposible cumplimiento, “¿Dónde hay bajas para que las puedan comprar si todos los que tienen esta situación decidieran regularizar su embarcación comprando el tonelaje y/o potencia que necesitaran? ¿y el coste al que se somete a un pescador, está justificado?. Tengo que decirles a mi entender que no está justificado, ni existen esas bajas”, señaló García Díez.

España con los márgenes que tiene, entre su nivel de referencia y la flota real, que alcanza a 26.778 toneladas y 90.798 kilovatios, podría incorporar esta flota al Censo Operativo de la Flota Pesquera con aceptación de la UE, a lo que hay que añadir la fuerte reducción realizada por España en la última década que ha sido en torno a 100.000 toneladas (GT) y 300.000 CV,
por lo que los populares afirman que no es mucho pedir unos cientos de caballos y toneladas para nuestra flota artesanal, que en parte se pueden justificar ante la UE por razones de seguridad. García Díez recordó que otros países europeos lo que han hecho ha sido aumentar su flota, por lo que subrayó que pedir que las embarcaciones mayores de 15 metros que presenten modificaciones de su arqueo y potencia puedan aplicar la baja para varias embarcaciones sin tener en cuenta su censo y modalidad de pesca estaría plenamente justificado.

Para el portavoz popular, la actitud del BNG en el Congreso, no sumándose a resolver este problema que afecta a un 80% de la flota irregular con puertos base en Galicia, se corresponde con una conducta de sumisión al partido socialista, practicando constantemente mercadeos con sus votos y dejando para el ultimo termino la defensa real de los interese del flota pesquera gallega.

Finalmente, García Díez reprochó al portavoz socialista, el gallego Ceferino Díaz, que acusara al PP de crear alarmismo con esta propuesta. “Vaya usted en octubre a los puertos de Galicia y explíqueles en ese momento a los marineros en amarre forzoso que en abril, cuando se estaba a tiempo de encontrar soluciones, el PP era alarmista”, le dijo el portavoz de pesca Joaquín García.

Los diputados gallegos del PP exigen a Blanco que concrete los plazos de todas las autovías gallegas comprometidas en el Plan Galicia

• Los populares recuerdan que el 22 de junio del 2004 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una moción que fijaba fechas que hasta ahora no se han cumplido y piden explicaciones sobre las nuevas previsiones de Fomento

Los diputados gallegos del Partido Popular han presentado de forma conjunta una batería de preguntas relacionadas con todas las autovías gallegas incluidas en el Plan Galicia y que, con carácter general acumulan un monumental retraso.

Recuerdan que el pasado 22 de junio de 2004, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una moción del GPP por la que la Cámara Baja instaba al Gobierno a comprometerse a que todas las actuaciones de infraestructuras del Plan Galicia se encontraran finalizadas en unos plazos que se fijaban.

A-8- Autovía del Cantábrico: fecha comprometida de finalización 2007-2008
Los populares recuerdan que, a fecha de hoy, se acumulan dos años de retraso del plazo comprometido por el Gobierno para la puesta en servicio de todos los tramos gallegos de la Autovía del Cantábrico, y que, de los 84,75 kilómetros existentes en Galicia, tan sólo 34,6, menos de la mitad, están en servicio.

El PP subraya que, a diferencia de esta situación, en la parte asturiana se han abierto ya al tráfico más del 50% de los tramos y exige al ministro de Fomento que explique los motivos del enorme retraso acumulado y que comprometa una fecha para la puesta en marcha de la Autovía del Cantábrico.

A-56 Autovía Lugo-Ourense: fecha comprometida para su puesta en servicio 2008-2010
Del mismo modo, los diputados gallegos del PP destacan que de los 68,8 kilómetros de la Autovía Lugo-Ourense, que debería haber estado terminada este año 2010, sólo están obras 9,75, entre San Martiño y A Barrela Norte, mientras que hay otros 8,5 en proyecto, entre Cambeo y San Martiño, y el resto está en proyecto de trazado. Para los populares, el Gobierno debe comprometer una fecha real y explicar los motivos de tanta demora.

A-54 Autovía Lugo-Santiago: fecha comprometida para su puesta en servicio 2008-2010
En relación a la Autovía A-54, entre Lugo y Santiago, los diputados gallegos del PP ponen de manifiesto que sólo están en servicio 9 kilómetros, entre Lavacolla y la N-550; en ejecución 56,8 y 32 (tramo Arzúa-Palas) en información pública, por lo que quieren saber cúal es el estado actual de tramitación de este proyecto, qué fecha compromete el Ejecutivo socialista para su puesta en funcionamiento y los motivos del enorme retraso acumulado.

Autovía A-57 conexión A-52 Pontevedra: fecha comprometida de finalización 2010
Además, los populares preguntan también sobre la Autovía A-57 conexión A-52 de Pontevedra, ya que a fecha de hoy de los 59,1 kilómetros de longitud de la vía no hay ni uno sólo en servicio o en obras y únicamente están en estudio informativo 20 kilómetros y el resto en proyecto de trazado/construcción.

Para los diputados gallegos del PP, urge que el Ejecutivo socialista comprometa una fecha para la finalización y puesta en marcha de esta importante infraestructura y que el ministro José Blanco aclare los motivos de las injustificadas demoradas acumuladas.

A-72 Autovía Chantada-Monforte: fecha comprometida para puesta en servicio 2010
Finalmente, el PP reclama a Fomento una fecha para la puesta en servicio de la Autovía Chantada-Monforte, otra de las comprometidas en la enmienda aprobada el 22 de junio de 2004 en el Congreso y de la que tampoco hay un solo kilómetro, de los 36,68 previstos, en servicio o en obras.

Los diputados populares gallegos consideran injustificables estos retrasos y exigen al Gobierno de Zapatero un cambio de actitud que debe materializarse con la inclusión de todas estas infraestructuras dentro de las prioritarias en la nueva programación del Ministerio de Fomento.

El PP exige a la ministra Espinosa que pida perdón a los patrones por su proceder en la crisis de los pesqueros retenidos en Mauritania

• El diputado lucense Joaquín García Díez recuerda que una orden de la ministra impidió que los patrones afectados pudieran mantener una reunión con el agregado de la embajada de España en Mauritania y el delegado de la UE en el “Internares”, presente en la zona.
• Los populares solicitan la comparecencia de Espinosa en el Congreso para que explique todos los pormenores de la retención de los buques
• Exigen a la ministra que establezca un canal abierto y permanente con la Xunta para que ésta pueda conocer, en tiempo real, cualquier problema que surja tanto en relación al acuerdo de Pesca con Mauritania como con cualquier otro en el que faenen buques de la Comunidad gallega

El diputado Popular Joaquín García Diez, portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha solicitado la comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para que informe en la Comisión de Pesca del Cámara Baja de todos los pormenores que han acontecido con motivo de la retención por parte de las autoridades de Mauritania de los buques pesqueros “Lameiro I” y el “Loremar”.

El pasado día 9 de abril, el portavoz popular se dirigió a la ministra Espinosa solicitándole su implicación en la resolución de las retenciones injustificadas de estos dos buques por una simple discrepancia en la interpretación del acuerdo de pesca con la UE.

Para García Díez, “los hechos acontecidos ponen de manifiesto que la Sra. Espinosa se ha desentendido de este tema, al igual que hace con todos aquellos que le pueden ocasionar un deterioro de su imagen”.

El diputado popular afirma que es necesario que la ministra cambie de actitud, de explicaciones y pida perdón a los patrones de los barcos “Lameiro I”, “Loremar” y “Fuente de Mancenlle” por el proceder seguido por el capitán del buque “Internares”, propiedad de la Secretaría del Mar, que, según dijo, se encontraba en la zona y, por orden de la ministra, impidió que subieran al barco los patrones para mantener una reunión con el agregado de la embajada de España en Mauritania y el delegado de la UE, lo que impidió que se pudiera avanzar en la solución al problema”.

Para García Díez, el proceder del Gobierno de Mauritania no está justificado, ya que a tres días de haberse producido la reunión de la Comisión mixta de seguimiento del Acuerdo ya estaba planteado este conflicto, que el Gobierno mauritano no comunicó a los interlocutores comunitarios y españoles que asistieron a la reunión, lo que evidencia la escasa o nula consideración que le dan las autoridades mauritanas al Gobierno español.

El PP solicita a la ministra Espinosa que establezca un canal abierto y permanente con la Conselleira de Pesca de la Xunta de Galicia para que ésta pueda conocer, en tiempo real, cualquier problema que pueda surgir tanto en relación al acuerdo de Pesca con Mauritania como con cualquier otro en el que faenen buques de la Comunidad gallega, ya que el sentir de la flota es de encontrarse sin el apoyo necesario para hacer frente a situaciones como la planteada, en la que se ha escatimado la información tanto a los pescadores como incluso al Gobierno de la Xunta, en cuya comunidad tienen el puerto base los dos barcos retenidos y de donde son la mayoría de los barcos que faenan al amparo de este acuerdo.

El PSOE impide que el Congreso inste al Gobierno a devolver a Galicia el CEPRECO

• El diputado lucense Joaquín García Díez denuncia el doble lenguaje de los socialistas en Galicia y en Madrid
• El portavoz popular calificó de error grave y agravio desmantelar esta unidad creada para prevenir y luchar contra la contaminación derivada del tráfico marítimo
• Denunció que a día de hoy el Ejecutivo sigue sin elaborar un Plan integral de contingencias en lo referido a actuaciones marítimas, cuando la Xunta sí ha elaborado el suyo

El Congreso de los Diputados rechazó hoy por 19 votos en contra y 17 a favor, una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular relativa al mantenimiento del Centro de Prevención y la Lucha Contra la Contaminación Marina y del Litoral (CEPRECO) en Galicia.

El portavoz de Pesca y diputado por Lugo, Joaquín García Diez, calificó de “error grave y agravio para Galicia” la decisión del Ejecutivo de desmantelar esta unidad, creada para prevenir y luchar contra la contaminación derivada del tráfico marítimo.

Para los populares, el rechazo hoy de esta PNL no puede ocultar la equivocación de los socialistas en esta errónea decisión, ya que disolver el CEPRECO y trasladar a los técnicos a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, con sede en Madrid, no es una postura compartida por casi nadie.

García Díez lamentó la pobre argumentación que el diputado socialista Ceferino Díaz se vio obligado a hacer para justificar semejante desmantelamiento, ya que, entre otras cosas, llegó a afirmar que el CEPRECO nunca fue un centro de élite y que los mejores investigadores siempre estuvieron en Madrid. Además, reconoció que existe una distancia de 600 kilómetros entre A Coruña y Madrid, pero, según dijo el portavoz socialista, “esto es solo por carretera, por satélite es igual estar en Madrid que en A Coruña”.

Joaquín García defendió la ubicación del CEPRECO en Galicia, que dijo que está más que justificada por el tráfico que se genera frente a sus costas, ya que entre 40.000 y 45.000 buques circulan por el corredor de Finisterre, de los que en torno a 10.000 transportan mercancías peligrosas.

“Además, dijo, es Galicia la Comunidad donde se dispone de los mejores medios y existe una mayor conciencia para profundizar en lo que deben ser las medidas preventivas que ayuden a evitar ó paliar los daños producidos por los accidentes”.

El portavoz popular insistió también en que Galicia ha sido una de las zonas con mayor número de desastres marítimos y recordó la triste experiencia de tener que hacer frente a una experiencia como la del Prestige. En este sentido, sacó a relucir que precisamente durante la pasada Legislatura, en el Congreso, se creó una subcomisión para analizar las consecuencias del hundimiento del Prestige frente a las costas de Galicia y que entre las propuestas de resolución aprobadas por aquella subcomisión estaba la de transformar el CEPRECO en un Centro similar al CEDRE francés. “¿Saben donde esta ubicado el CEDRE?, no está en París, sino en el equivalente al Finisterre español, en la punta más occidental de la Bretaña, en la localidad de Brest, al borde del mar, cerca del paso de los buques que surcan esas aguas”, aseguró.

García Díez se hizo eco en su intervención de la decepción que ha supuesto para los colectivos del cabotaje y de la pesca la decisión de desmantelar el CEPRECO “por las consecuencias tan catastróficas que les genera cualquier accidente”, y pidió al Partido Socialista que se olvidase de otros intereses que no fueran los de garantizar las mejores condiciones para evitar la contaminación marina y que exigiera también al Gobierno su reposición. “De todas formas _dijo_ los socialistas ya nos tienen acostumbrados a su incoherencia, ya que practican un doble lenguaje en Galicia y en Madrid y por eso en el Parlamento gallego apoyaron este tema y hoy, igual que ya hicieron en el Senado, vuelven a oponerse”.

En este punto, el diputado popular lucense manifestó su estupor ante el reconocimiento del propio diputado socialista Ceferino Díaz de que habían cambiado su voto respecto a lo que votaron en el Ayuntamiento de A Courña y en el Parlamento Gallego y luego en Madrid “porque _según dijo el socialista_ a todos los alcaldes les gusta tener algo en su ciudad”.

El diputado Popular recordó que mantener el CEPRECO en Galicia es una opinión compartida por relevantes personalidades del mundo universitario gallego, agrupadas en el Observatorio del Litoral.

Igual que ya hizo el propio Observatorio del Litoral, García Díez también destacó hoy que sigue sin elaborarse un Plan integral de contingencias en lo referido a actuaciones marítimas. “La Xunta de Galicia sí ha realizado el suyo, mientras que la Administración Central, que tiene otras competencias, no lo ha realizado”, sentenció.

Por otra parte, relativo a la propuesta de adecuación de la potencia máxima a poder instalar en embarcaciones menores de 12 metros que regula el Real Decreto 1579/2009, que ha propuesto el Grupo parlamentario Mixto en esta Comisión, el portavoz de pesca del Grupo Popular ha enmendado la iniciativa con resultado favorable, incorporando que como factor determinante de la potencia a instalar en las embarcaciones pesqueras de bajura se considere la seguridad y se realice en base a la opinión de los técnicos, ampliando la regulación que fija el Real Decreto hasta los 15 metros de eslora total.

El PP presenta una PNL sobre la reforma de la Política Pesquera Común para suplir la falta de implicación del Gobierno

• Los populares demandan la supresión del principio de estabilidad relativa y reclaman la introducción de derechos transferibles en toda la UE a la flota de altura
• Piden un régimen diferenciado para la flota de bajura y el marisqueo
• Defienden que cualquier decisión orientada a la supresión de flota debe estar basada en identificar a estas flotas y estudiar los recursos disponibles por zonas marítimas y especies, determinando la capacidad necesaria para el mantenimiento de los objetivos de sostenibilidad y productividad
• Solicitan medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo

El Grupo Parlamentario Popular, para concienciar al Gobierno y contrarrestar su falta de implicación en las propuestas presentadas por la Comisión europea en el Libro Verde sobre la futura reforma de la Política Pesqiera Común, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley tendente a frenar el desmantelamiento progresivo al que se ve sometido el sector y a poner fin a la discriminación de los principios comunitarios de libertad de circulación de capitales, bienes y servicios.

España, como primera potencia europea extractiva y primer país consumidor de productos pesqueros, tiene regiones altamente dependientes de la pesca y un importante sector pesquero, acuícola y conservero, así como una industria transformadora y comercializadora de los productos del mar en constante crecimiento. Los populares creemos que el Gobierno tiene un deber inexcusable de liderar el debate y la reflexión sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y, por ello, queremos contribuir positivamente con las propuestas que presentamos.

El portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Joaquín García Díez, aseguró que la propuesta del PP pretende dar respuesta a los nuevos retos tanto comunitarios como internacionales que tiene el sector pesquero y por ello plantea, entre otras cuestiones, la modificación del actual sistema de gestión de las pesquerías multiespecificas, estableciendo un sistema de control del esfuerzo pesquero basado en días de mar.

Este sistema, ó el de TAC y cuotas, debe aplicarse de forma individual y por separado en función del arte pesquero ó caladero, dando por finalizado el concepto de la estabilidad relativa y, en cualquier caso, para la flota de altura, los derechos de pesca derivados del sistema aplicado deben ser transferibles en toda la UE.

Por el papel que juega la pesca de bajura (artesanal) y el marisqueo en poblaciones dispersas por la costa tanto española como europea, hay que mantener un régimen diferenciado para estas flotas, que será la mejor forma de garantizar una pesca sostenible y la despoblación de estas zonas costeras.

El PP entiende que los objetivos de la PPC deben establecerse con el objetivo de garantizar una explotación de los recursos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles sin priorizar ninguna.

Para conseguir una mayor eficacia en el desarrollo de la PPC proponemos que corresponda al Consejo y al Parlamento Europeo la adopción de los principios, objetivos generales de orientación y marco reglamentario, y que corresponda su ejecución a la Comisión y Estados Miembros, adoptando todas las medidas legales que impidan la discrecionalidad por parte de la Comisión.

En cuanto a la capacidad de la flota comunitaria, el PP no comparte la idea expresada en el Libro Verde de un exceso de capacidad general en la flota comunitaria. García Díez explicó que, si bien es cierto que se aprecia un exceso de capacidad en algunas flotas, cualquier decisión orientada a la supresión de la flota debe estar basada en identificar a estas flotas y estudiar los recursos disponibles por zonas marítimas y especies, determinando la capacidad necesaria para el mantenimiento de los objetivos de sostenibilidad y productividad. “Nosotros apostamos por el establecimiento de un fondo temporal comunitario de desguace”, subrayó el diputado nacional.

Los populares apoyan una política estructural orientada al desarrollo de técnicas de pesca más selectivas, que contemplen medidas de recuperación de los recursos, con iniciativas en materia de seguridad, formuladas en base a estudios científicos, y coordinadas con la política de mercados y otras políticas desarrolladas por la UE. Para que estas actuaciones puedan ser llevadas a cabo, es necesario contar con apoyo financiero público, es especial para la pesca de bajura y el marisqueo, y sin diferenciación entre regiones.

En lo referente a la dimensión exterior, el PP considera que es necesario potenciar la actividad pesquera sostenible de los buques comunitarios en aguas exteriores a través de los Acuerdos de Asociación Pesquera y las Organizaciones Regionales de Pesca, así como impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. “Sí somos partidarios de la cooperación empresarial pesquera como medida para la consolidación y ampliación de nuestras sociedades mixtas”, añadió García Díez.

Para el PP, una de las cuestiones más importantes es la necesidad de abordar de forma decidida los bajos precios que se pagan en origen por los productos pesqueros. “Los precios se han mantenido estancados con carácter general, lo que obliga a los pescadores a compensar ese déficit de ingresos con mayores capturas, creemos que hay que establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, una diferencia que no guarda una relación razonable entre los costes comerciales y los riesgos de la actividad comercial de estos productos”, afirma el portavoz popular de Pesca.

Para García Díez, “las decisiones comunitarias deben basarse en el conocimiento y la investigación aplicada, abandonando la idea de hacer prevalecer en las decisiones el llamado criterio de precaución, para lo que es necesario el incremento del presupuesto comunitario y de los estados miembros de manera que permita la creación de una red o plataforma de centros científicos-tecnológicos Europeos”.

El PP lamenta que la acuicultura haya sido expuesta en la futura reforma de forma testimonial. Los populares consideran que debe establecerse un marco normativo comunitario para el desarrollo de la acuicultura Europea, teniendo en cuenta la sostenibilidad medioambiental y sanitaria e incorporándola claramente en la PPC como un sector estratégico de potencial crecimiento.

El Partido Popular ve imprecindible adoptar medidas para que el sector asuma mayor responsabilidad en el cumplimiento de la política pesquera, así como regular de modo más eficaz la normativa de control en el ámbito de la pesca y el sector pesquero tanto comunitario como nacional para que incorpore medidas tendentes a que los armadores incumplidores no puedan recibir ayudas públicas.

Los populares esperan que esta iniciativa sea entendida por los demás Grupos Parlamentarios del Congreso y que el Gobierno se sienta respaldado a la hora de presentar una propuesta española, la del Parlamento español, que dé respuestas a los aspectos de la PPC que es necesario modificar y que viene demandado el sector.

La pasada semana, el portavoz popular de Pesca, Joaquín García Díez, se dirigió a todos los portavoces de pesca de los diferentes grupos parlamentarios solicitando que estudiasen con el máximo interés el documento popular y les ofreció dialogo para mejorar la propuesta con la finalidad de sacar adelante esta iniciativa y de que el Gobierno pueda trasladar las peticiones españolas al resto de ministros de pesca en la próxima reunión que celebrarán en Vigo en los primeros días de mayo.

El PP reclama a la ministra Espinosa que se implique y exija a Mauritania la liberación de los barcos españoles retenidos

• El portavoz de Pesca de los populares en el Congreso, Joaquín García Díez, entiende que el Gobierno no se está comprometiendo al máximo nivel para solucionar este problema

El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Joaquín García Díez, exige a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que se implique al máximo en la liberación del Loremar y el Lameiro I, los dos barcos españoles retenidos en Mauritania a los que se acusa de una falta de declaración técnica por congelar pescado cuando solo tenían permiso para refrigerarlo.

Los populares aseguran que la flota pesquera que faena bajo el acuerdo de pesca entre la UE y Mauritania viene siendo hostigada de forma permanente por las autoridades mauritanas, lo que, incluso, ha hecho sopesar a los patrones un posible plante como medida de presión.

García Díez recuerda que esta situación no es nueva _a los buques Fuente de Mancello y Portosanto se les acusa de lo mismo_, y subraya que la retención del Loremar y del Lameiro I, en los que se mantienen a bordo a 28 marineros por una simple apreciación sobre sí el sistema de conservación de las capturas es mediante congelación ó refrigeración a temperatura próxima a cero grados, confirma la actitud del Gobierno de Mauritania y pone de manifiesto la falta de compromiso por parte del Gobierno español en solucionar este problema, ya que desde el pasado día 30 los dos barcos están siendo custodiados por soldados armados en el puerto de Nuadibu.

Tras conocer por la propia información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que los barcos están en posesión de licencias de pesca concedidas al amparo del acuerdo de pesca con Mauritania, el Grupo Parlamentario Popular entiende que, visto el poco éxito alcanzado por el Secretario General del Mar y por nuestra representación diplomática en Mauritania, debe ser la propia ministra Espinosa la que se implique para exigir a las autoridades mauritanas la liberación de los dos barcos y que aquellos tripulantes que lo deseen regresan a casa.