sábado, 9 de junio de 2012

El GPP plantea la reforma del Código Penal para incrementar las penas para quienes provoquen incendios forestales

  • El diputado ourensano Celso Delgado defenderá que se tipifiquen como agravantes nuevos supuestos, entre otros que el incendio se produzca cerca de núcleos de población, en zonas forestales con especies de alto valor o que afecten a zonas colindantes con infraestructuras
  • La PNL de los populares, promovida desde Galicia, pedirá también que se establezca la obligación de los incendiarios de adoptar a su cargo las medidas necesarias encaminadas a restaurar el monte o ecosistema forestal dañado

El Grupo Parlamentario Popular defenderá este martes en el Pleno del Congreso una reforma del Código Penal con el fin de incrementar las penas para quienes provoquen incendios forestales.

Se trata de una iniciativa que defenderá el diputado ourensano Celso Delgado que viene inspirada desde Galicia, ya que la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo ha sido pionera en la persecución de los incendiarios y es promotora de esta reforma.

Los populares piden que se tipifiquen como agravantes nuevos supuestos no contemplados hasta ahora, como que el incendio se produzca en zonas de protección de núcleos de población o que los siniestros se provoquen en días de riesgo extremo de incendios forestales, que afecten a zonas forestales con especies de alto valor, o que afecten a zonas colindantes con infraestructuras y zonas de tránsito y de recreo de la población en general.

La Proposición no de Ley del PP pedirá también que se establezca la obligación del autor del incendio de adoptar a su cargo las medidas necesarias encaminadas a restaurar el monte o ecosistema forestal dañado, sobre todo teniendo en cuenta que, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la práctica totalidad de los 11 grandes incendios forestales acontecidos en España durante 2010 tienen una causa intencionada, una circunstancia que se mantiene si se analizan los siniestros que afectaron superficies superiores a las 250 hectáreas.

Celso Delgado recuerda que la Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo correspondiente al año 2011 informa de un total de 96 sentencias condenatorias dictadas en 2010 en relación con incendios forestales, de un total de 1.780 procedimientos judiciales abiertos, lo que, a juicio del GPP, deja en evidencia la necesidad de modificar el Código Penal para tener elementos legales para poder condenar a los incendiarios.

“Buena parte de estas sentencias condenatorias se dictaron en la comunidad autónoma de Galicia, donde el 77,5% de los incendios forestales registrados a lo largo del año 2010 fueron intencionados y donde existe mayor conciencia sobre la necesidad de condenar a quienes ponen en peligro vidas humanas, como ocurrió en el incendio de Castrelo do Val, donde murió un brigadista, o el patrimonio natural de todos, como ocurrió en el incendio del Parque Natural das Fragas do Eume.

El GPP considera que los incendios forestales siguen siendo uno de los problemas más importantes que afectan a nuestros montes. La superficie forestal en España, según datos del Inventario Forestal Nacional, ocupa más de 27,5 millones de hectáreas, lo que supone el 54,6% del territorio. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta finales de 2010, durante la última década, se han producido una media anual de 17.127 incendios forestales, lo que implicaría una superficie media quemada superior a las 113.000 hectáreas anuales.

Naciones Unidas declaró el año 2011 como Año Internacional de los Bosques para concienciar y llamar la atención de la sociedad sobre los problemas que sufren, la necesidad de recuperar y conservar las masas forestales y resaltar el papel fundamental de los seres humanos en la protección de los bosques y, con esta reforma del Código Penal, el GPP deja claro su total respaldo al medio ambiente. Por otra parte, en septiembre de 2009, el Parlamento Europeo elaboró una resolución en relación con los incendios forestales donde se recogía, entre otras, la propuesta a los países miembros para endurecer las sanciones en casos de incendios intencionados.

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