martes, 19 de abril de 2016

Joaquín García Díez asegura que España es hoy “líder indiscutible” en control de pesca ilegal gracias a las medidas del Gobierno de Rajoy

  • El Congreso da luz verde a una iniciativa del GPP para continuar impulsando el control y las inspecciones.
  • El diputado popular asegura que España es el Estado miembro que realiza un mayor número de controles y que lleva a cabo un mayor número de denegaciones, más del 50% de las que se realizan en la UE, a pesar de que los envíos a nuestro mercado representen sólo el 20% del total de las importaciones al mercado comunitario .

El Congreso de los Diputados ha reiterado hoy su voluntad de continuar con la política de control e inspección destinada a perseguir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada INDNR-IUU.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja ha aprobado una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, defendida por el diputado Joaquín García Díez, en la que se ha asegurado que España ha pasado de ser considerado un país infractor (con dos sanciones por la sobrepesca de la caballa de 2009 y 2010) a liderar de manera indiscutible el control de la pesca ilegal a nivel mundial y comunitario.

García Díez ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy, con los cambios introducidos en 2014 en la Ley de Pesca Marítima del Estado, se ha posicionado como un país serio y creíble en materia de control de pesca y ha subrayado también que junto al refuerzo en la capacidad sancionadora se ha trabajado en cuestiones importantísimas impulsadas por la FAO, como la creación del Registro Mundial de Buques de Pesca, se han promovido iniciativas como el observador electrónico y de transparencia en la actividad pesquera internacional, medidas de conservación, participación en foros internacionales de lucha contra esta pesca ilegal, y se ha colaborado con organizaciones internacionales como FAO y ONGs medioambientalistas, para potenciar la verificación de las licencias privadas a través de nuestras Embajadas o actuando frente a nacionales enrolados en buques incluidos en lista de buques que practican la pesca INDNR.

El portavoz popular de Pesca ha insistido en que España es hoy un modelo a seguír en la lucha contra la pesca INDNR-IUU y ha contrastado esta situación con la heredada del gobierno del PSOE, en la que pesaba sobre nuestro país una seria advertencia de la Comisión Europea por las graves deficiencias detectadas en el sistema español de inspección que podía haber derivado nuevas sanciones y que, además, podrían haber debilitado y restado credibilidad a la administración española en un momento crucial en el que se estaba negociando en Bruselas la nueva política pesquera común y su dotación presupuestaria para los próximos 10 años.

García Díez ha enfatizado que hoy la actividad pesquera en nuestro país “se basa en un conocimiento científico más sólido; en una gestión que asegura el máximo rendimiento de los recursos a largo plazo y en el cumplimiento estricto de las normas de control” y ha apuntado que este cambio en la posición de seriedad de España ha permitido “mejorar las posibilidades de pesca y de comercialización de nuestro sector; lograr más fondos para nuestra flota y nuestra industria, y situarnos a la cabeza en materia de cumplimiento y control”.

Balance

Entre otras cuestiones, el diputado popular ha subrayado que en el área de control se ha trabajado para llevar a cabo el seguimiento de la actividad pesquera 24 horas al día, 365 días al año, de más de 2.000 buques españoles, en cualquiera de los mares del mundo. Y también de los buques extranjeros, cuando pescan en aguas bajo jurisdicción nacional.

En el área de Inspección Pesquera, García Díez asegura que se cuenta con medios humanos, marítimos y aéreos, para cumplir con las obligaciones y que se trabaja en un clima de excelente de cooperación con las inspecciones de otros organismos de la Administración Central (principalmente la Armada y la Guardia Civil) y las Comunidades Autónomas.

El portavoz popular ha enfatizado que en el área que se ocupa de la lucha contra la pesca ilegal, que verifica la legalidad de los productos de la pesca de terceros países, se están gestionando más de 40.000 expedientes al año y que España “es hoy el Estado miembro que realiza un mayor número de controles y que lleva a cabo un mayor número de denegaciones. Concretamente, más del 50% de las denegaciones que se realizan en la Unión Europea tienen lugar en España, a pesar de que los envíos a nuestro mercado representen sólo el 20% del total de las importaciones al mercado comunitario”.

En su minuciosa explicación de la situación actual de las medidas del Gobierno para el control de la pesca ilegal, García Díez ha explicado también que, dentro del “Equipo de inteligencia”, encargado de realizar los análisis de riesgos y de planificar las investigaciones que, en cada caso, se requieren, España ha impulsado operaciones tan importantes como Sparrow y Sparrow 2, que han supuesto ya la sanción a 9 empresas y 7 personas físicas, con un importe global de 17,8 M€ y la inhabilitación para el ejercicio de la actividad y la prohibición de obtener ayudas y subvenciones por períodos que van de los 5 a los 26 años. “Estas operaciones no tienen precedentes ni por su dimensión ni envergadura y han marcado un antes y un después”, ha dicho, y ha remarcado que la seriedad en este trabajo motivó que el pasado 16 de marzo el Presidente del Bureau Veritas realizara la entrega de la certificación “ISO 9001 - 2015” a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una certificación que avala la seguridad y la responsabilidad de los procedimientos de control y refuerza la credibilidad de nuestros sistemas de seguimiento de la actividad pesquera.

Para García Díez, “la lucha contra la pesca ilegal es algo irrenunciable”, por lo que ha agradecido el respaldo unánime del resto de grupos parlamentarios a esta iniciativa.

miércoles, 13 de abril de 2016

El nuevo Congreso ratifica, pese a la oposición de En Marea-Podemos, su compromiso para seguir impulsando la A-76 entre Ourense y Ponferrada

  • Celso Delgado defendió la iniciativa del GPP y subrayó que la A-76 es una infraestructura importantísima para la vertebración de Galicia y Castilla y León
  • Aseguró que los avances que se han producido en el proyecto en la X Legislatura son incuestionables y que deben continuar en el futuro

La Comisión de Fomento del nuevo Congreso surgido tras el 20 D ha aprobado hoy, con la única oposición de En Marea-Podemos, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la que se ratifica el compromiso de la Cámara Baja con la “necesidad de continuar impulsando las actuaciones necesarias para que se haga realidad el proyecto de autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada”.

En la votación, la iniciativa obtuvo el respaldo de los 31 diputados de PP, PSOE y Ciudadanos, se abstuvieron 4 (ERC, DL, Compromís y PNV) y votaron en contra los 8 diputados de En Marea-Podemos.

La iniciativa fue impulsada conjuntamente por los diputados populares de las provincias de Ourense, Lugo y León, Miguel Ángel Viso y Celso Delgado, Joaquín García y Jaime de Olano y Eduardo Fernández y María del Carmen González Guinda, y fue defendida por el ourensano Celso Delgado, que recordó que esta vía, con una longitud total de 125 kilómetros y que tiene un presupuesto estimado de 1.110 millones de €, es prioritaria para la vertebración de los territorios. Según dijo, “el proyecto de la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada es de gran importancia para la mejora de las comunicaciones entre Castilla-León y Galicia, siendo hoy la primera prioridad avanzar en el tramo entre Valdeorras y El Bierzo”.

Esta nueva vía de alta capacidad supondrá un importante avance desde el punto de vista funcional en las condiciones existentes de comunicación en el corredor de la carretera nacional N-120, y mejorará tanto las distancias del recorrido, como los tiempos de desplazamiento y las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno.

Delgado subrayó que, en la pasada X Legislatura, la A-76 fue considerada una infraestructura estratégica por el Ministerio de Fomento, dirigido por Ana Pastor, y recordó que, por ello, fue incluida por el Gobierno en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) recibiendo un fuerte impulso.

En su intervención, el diputado popular recordó los tres subtramos principales de la citada autovía: el Ponferrada - O Barco de Valdeorras, O Barco de Valdeorras-Monforte de Lemos y el Monforte de Lemos-Ourense, y destacó que en el primero de ellos ya hay dos tramos, el Villamartín de la Abadía-Requejo y el A Veiga de Cascallá-O Barco, con proyecto en redacción desde finales del 2014 y que el otro, Requejo-A Veiga de Cascallá, tiene licitada la redacción del proyecto desde el 2 de abril del presente mes.

El primero de los tramos en redacción, Villamartín de la Abadía-Requejo, tiene 7,6 km y un presupuesto de 35,26 millones, y se espera que esté finalizada su redacción este año, igual que la del tramo A Veiga de Cascallá-O Barco, con 8,4 km de longitud y un presupuesto de 26,35 millones. El tramo Requejo-A Veiga de Cascallá, de 10,7 km, tiene un presupuesto de 223 millones y será adjudicada la redacción del proyecto en los próximos meses.

Delgado puso en valor todo lo avanzado para impulsar esta infraestructura desde el Ministerio de Fomento y aseguró que para el segundo de los subtramos, O Barco de Valdeorras – Monforte de Lemos, los PGE-2016 contemplan ya la licitación del proyecto de la variante de Monforte de Lemos. Según dijo, “se trata de un compromiso muy importante, ya que es el tramo con más tráficos porque es donde conectan la A-76 con la A-72 (Monforte de Lemos –Chantada).

Finalmente, Delgado explicó que en el tramo Monforte de Lemos-Ourense, el último de los tres previstos, atendiendo reclamaciones presentadas al trazado seleccionado en el estudio informativo, el Ministerio de Fomento, coordinado con la Xunta de Galicia, procederá a realizar un nuevo estudio del trazado y a someterlo de nuevo a información pública para hacerlo compatible con la declaración (en tramitación) de la Ribeira Sacra como Bien de Interés Cultural.

Al término de la Comisión, Celso Delgado criticó la posición expresada por la diputada Alexandra Fernández, de En Marea-Podemos, que se opuso frontalmente a esta autovía argumentando “que no estaba justificada por intensidad de tráfico” y asegurando que “bastaría con mejorar la carretera N-120”. Delgado calificó de inaceptables estas afirmaciones por cuanto la actual carretera nacional está claramente superada por el actual tráfico y provoca molestias y retrasos en los desplazamientos.

En Marea-Podemos también afirmó que esta carretera provocaría despoblación, desestructuración social y económica y no favorecería a las áreas intermedias, así como que no supondría ningún ahorro en tiempos de desplazamiento. El diputado popular Celso Delgado, entiende que estos argumentos también son falaces, puesto que lo que hará esta autovía será dar más accesibilidad a todas las poblaciones de las comarcas que atraviesa favoreciendo el asentamiento poblacional y la actividad económica.

Alexandra Fernández pidió expresamente “la paralización de todo lo adjudicado y en fase de licitación”. A juicio de Delgado, esta petición, afortunadamente sólo secundada por ellos mismos, va en contra de los intereses generales de todos los ourensanos, lucenses y bercianos, que han expresado en multitud de ocasiones por medio de sus alcaldes y representantes políticos su apoyo decidido a esta autovía, al igual que lo han solicitado con reiteración empresarios, trabajadores, transportistas y un largo etc.