viernes, 18 de junio de 2010

El PP reclama en el Congreso ayudas para los afectados por las inundaciones en A Mariña lucense y pide al Gobierno que explique las medidas previstas

  • Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal entienden que el Ejecutivo debe aclarar si la modificación del paisaje que ha supuesto la A-8 ha podido agravar los daños en el municipio de Lourenzá y, si es así, qué medidas se adoptarán para que no vuelva a suceder
Los diputados lucenses del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo socialista explique qué medidas adoptará para solucionar los importantísimos daños provocados por la borrasca que afectó al norte de la provincia de Lugo desde el pasado miércoles 9 de junio y que ha provocado numerosos desperfectos en infraestructuras públicas fundamentales que son competencia del Gobierno de España

Los populares quieren saber cuál es la planificación que tiene el Gobierno para realizar los trabajos y actuaciones que será necesario acometer para restaurar la situación de las infraestructuras afectadas, así cómo si el Ejecutivo de Zapatero tiene previsto poner en marcha alguna línea de ayudas para los afectados, qué tipo de ayudas serían, cuando se pondrían en marcha y qué ministerios se implicarían directamente.

García Díez e Iglesias Fontal consideran que el Gobierno debe explicar cuál fue el operativo implantado desde la Subdelegación del Gobierno en Lugo tras las tormentas, qué número y tipo de efectivos acudieron a las zonas afectadas en las primeras horas y a qué hora llegaron, así como qué medios se pusieron a disposición de cada uno de los ayuntamientos y de los vecinos afectados.

Los diputados lucenses se preguntan si la magnitud de los desperfectos sufridos en el casco urbano de Lourenzá, que nunca antes había sufrido inundaciones hasta la fecha, puede deberse a la modificación del paisaje que ha supuesto la autovía del Cantábrico (A8) en ese tramo y, por ello, entienden que el Gobierno debe aclarar si esto ha sido así y, en caso afirmativo, qué actuaciones sería necesario llevar a cabo para que esto no vuelva a suceder.

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