La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, con competencia legislativa plena, ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que fue remitido por el Gobierno el pasado mes de abril.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Joaquín García Díez, ha resaltado hoy que su grupo ha trabajado buscando el consenso con todos y ha destacado que el texto aprobado hoy incluye transaccionales con otros grupos políticos que buscan objetivos ampliamente defendidos por los populares, como son: la mejora en la protección de los recursos pesqueros con las reservas marinas o la creación de arrecifes artificiales; la sostenibilidad de la pesca con una mejor regulación del esfuerzo pesquero; la intensificación del control e inspección con el diario de pesca y las obligaciones de los capitanes de los buques pesqueros en la información a anotar en el mismo; la lucha contra la pesca ilegal con medidas para prevenir la pesca INDNR o el incremento de las prohibiciones de la comercialización de los productos de la pesca y el marisqueo no legales.
García Diez ha recordado en su intervención el amplio consenso que consiguió el Gobierno del Partido Popular en su día en la aprobación de esta Ley de Pesca que hoy se modifica, y ha destacado que “ese consenso permitió generar tranquilidad en el sector y también clarificar la acción competencial de cada administración, poniendo en valor la Política Pesquera Común sin controversias con la Comisión europea”.
El GPP, en aras de mantener vivo ese espíritu de consenso que acompaña a la Ley desde su nacimiento, ha trabajado por incluir en este proyecto de modificación numerosas enmiendas presentadas por otros grupos y su propuesta de enmiendas transaccionales ha estado guiada por dos principios: el respeto a la distribución competencial que fija nuestra Constitución entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia pesquera, y la no supeditación de la pesca al medio ambiente.
García Díez ha explicado que no han podido tomarse en cuenta algunos de los planteamientos realizados por otros grupos en lo referente a la creación del Registro General de la Flota y el Censo de la Flota Pesquera Operativa, “por no ajustarse a la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Constitucional, que reconduce el establecimiento del registro de la flota pesquera a la competencia en materia de pesca marítima y permitirá a España cumplir con sus obligaciones de suministro de datos al registro Comunitario de Buques”.
En lo referente a las medidas de diversificación pesquera, García Diez ha precisado que no puede promoverse la pesca-turismo si no va unida a medidas para garantizar la seguridad de los turistas y, en este sentido, ha explicado que no es posible obviar las competencias que ejerce el Ministerio de Fomento en cuanto a seguridad marítima, seguridad en la navegación, de la vida humana en la mar y la prevención de la contaminación.
Los populares también se han opuesto a alterar la situación competencial existente en relación a los programas de construcción y modernización de buques, quedando estos exclusivamente en manos de las Comunidades Autónomas. García Díez explicó que las responsabilidades de España como miembro de la UE obligan a tener que respetar la normativa comunitaria, que fija las condiciones de acceso al registro comunitario y exige mantener una política uniforme a nivel del todo el Estado español.
Igualmente, el portavoz popular de Pesca ha explicado que no forma parte de la política pesquera del Grupo Popular la creación de una Reserva Nacional de posibilidades de pesca, máxime cuando ésta se nutriría, en parte, haciendo deducción de una parte de los derechos que se transfirieran entre particulares.
García Díez se ha mostrado especialmente satisfecho del texto aprobado hoy y ha destacado que las enmiendas acordadas tienen como finalidad clarificar el alcance de la actividad de pesca turismo, así como que las actuaciones y medidas contenidas en la ley respeten el principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, lo que mejora la propuesta inicial.
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