miércoles, 7 de septiembre de 2022

El GPP destaca que los comparecientes sobre la Ley de Pesca coinciden en que la norma genera una gran inseguridad jurídica a pescadores y armadores

  • También hay consenso en que este proyecto de ley no responde a una petición del sector, que considera que no hacía falta en este momento

El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, ha destacado, sobre las primeras comparecencias de expertos que se han producido en el Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley de Pesca, el alto grado de consenso en todas ellas acerca de que esta iniciativa genera una gran inseguridad jurídica a los pescadores y armadores de nuestro país.

También ha resaltado que se ha escuchado entre los diferentes representantes del sector pesquero, investigadores, consejeros autonómicos de pesca y otros actores implicados y afectados por el proyecto de ley, que este no responde a una petición del sector, que opina que no hacía falta en este momento; sino que obedece exclusivamente a una acción unilateral del Gobierno.

En este sentido ha subrayado que el grado de coincidencia ha sido muy alto al afirmar los diferentes comparecientes que se han sentido oídos, pero no escuchados o, dicho de otra manera, que el sector lo que ha pedido ha sido reuniones y no encontrarse con un proyecto de ley colgado en la página web del ministerio para que formularan alegaciones.

“Han dicho que no se les está teniendo en cuenta en ningún momento de toda esta tramitación y que es muy importante escucharles viéndose las caras y debatiendo lo que sea necesario como se hacía en el pasado donde han reconocido que a pesar de las dificultades se alcanzaron importantes consensos todavía en vigor”, ha relatado García Díez.

Según el diputado del PP, “nos han dicho que lo que se necesitan son leyes que ayuden y que no sean un obstáculo para su trabajo del día a día en la gestión pesquera”. Entre las principales críticas, y con un alto grado de coincidencia, están las relacionadas con el título quinto de la ley y la disposición adicional cuarta, es decir con todo aquello que tiene que ver con un nuevo modelo de gestión de las cuotas o de los derechos de pesca, así como con la necesidad de garantizar que todos los repartos de esos derechos de pesca producidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley mantendrán toda su vigencia.

Para el portavoz de Pesca del GPP es “muy preocupante que algunos grupos parlamentarios puedan considerar la expropiación de los derechos de pesca ya adquiridos por pescadores y armadores como una opción, cuando posiblemente sea incalculable el valor que para muchos buques tienes estos derechos, ya que sin ello cualquier barco de pesca carece de valor”.

Por ello Joaquín García Díez ha afirmado en sus intervenciones que la posición del GPP en este tema consistía en solicitar que la redacción de la disposición adicional cuarta recoja que los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley se mantendrán en todo su vigencia, sin ningún tipo de condiciones.

“Que la principal coincidencia en la crítica al proyecto de ley sea la falta de seguridad jurídica generada por este texto debería preocupar mucho al Gobierno”, ha considera el diputado del PP, quien ha reclamado al Ejecutivo en “ir pensando en la necesidad de buscar acuerdos y consensos con aquellos grupos parlamentarios que están manteniendo posturas muy cercanas a las demandas del sector y que no proponen cambiar en estos momentos los modelos de gestión de cuotas que tanto esfuerzo han costado alcanzar en el pasado”.

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