El PP pide al Gobierno que actúe ante la imposición de Mauritania para que la flota marisquera no utilice la cadena quisquillera

• El portavoz del GPP, Joaquín García Díez, recuerda que ni los estudios del Instituto Español de Oceanografía ni los de su homólogo mauritano, el IMROP,  cuestionan este dispositivo
• “En un momento en el que los incrementos del precio del gasoil están perjudicando a la flota, no se puede, además, prohibir el uso de elementos del arte que facilitan la rentabilidad y la pesca sostenible”, señala García Díez

El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular y diputado por Lugo, Joaquín García Diez, ve con preocupación la decisión adoptada por la flota marisquera española que faena al amparo del acuerdo UE-Mauritania, que ha decidido no renovar las licencias a partir del 1 de julio ante la imposición de las autoridades mauritanas de no poder utilizar la cadena quisquillera que forma parte del arte que viene utilizando esta flota.

Los populares denuncian que las imposiciones unilaterales por parte de las autoridades mauritanas de medidas no contempladas en el protocolo del acuerdo se han convertido en un proceder repetido que genera graves perjuicios a la flota, que ve alterada sus condiciones de trabajo limitando su rentabilidad.

Hay que resaltar que la utilización de este dispositivo en el arte genera no solamente una mejor rentabilidad para los buques, en un momento en que las dificultades por los incrementos del gasoil están mermando la misma, sino que evita los descartes al facilitar que determinados peces que tienen su hábitat en el fondo y no son objetivo de esta flota se vean atrapados por la red.

El mejorar la sostenibilidad de los recursos y evitar los descartes forman parte de los objetivos de los futuros acuerdos de asociación pesquero que la UE quiere promover, y no se puede entender que después de los estudios realizados por el Instituto Español de Oceanografía y su homólogo mauritano, el IMROP, que no han cuestionado la utilización de la cadena, la Comisión europea deje caer este acuerdo que vence el próximo año y que generaría graves perjuicios al sector pesquero español que se concentra en la provincia con más paro de España.

El Parido Popular solicita al Gobierno su máxima implicación y que evite por todos los medios que la flota marisquera de Huelva se quede sin las licencias para faenar. García Díez sostiene que las repercusiones “serían catastróficas, ya que dejaría sin trabajo a unas 1.920 personas entre empleos directos e indirectos que promueve esta flota”.

Igualmente, y por afectar también a la provincia de Huelva, el Partido Popular solicita al Gobierno que realice todas las gestiones que estén a su alcance para que se renueve el acuerdo con Guinea Bissau, que expira el próximo 15 de junio y que de no renovarse dejaría sin actividad a 36 buques.