martes, 17 de marzo de 2015

El PP considera necesario contar con la máxima seguridad jurídica tras la sentencia que declara nula la orden del Plan de gestión de Cantábrico-Noroeste

  • El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, trasladará esta petición al Gobierno de Mariano Rajoy 
El portavoz de Pesca del GPP en el Congreso de los Diputados y diputado por Lugo, Joaquín García Díez, en su programa de visitas a los distintos puertos pesqueros, ha tenido oportunidad en el día de hoy de reunirse con los presidentes de las Cofradías de Burela y Celeiro, así como de la Asociación de Armadores de Burela (ABSA), Grupo empresarial Puerto de Celeiro y Organización de Productores del Cantábrico (OPP 07).

El portavoz popular y los representantes del sector han mantenido un dialogo abierto y constructivo teniendo oportunidad de intercambiar pareceres de las distintas cuestiones que afectan sector.

Los representantes del sector agradecieron al Sr. García Diez que por iniciativa propia, quisiera conocer las particularidades que afectan a la actividad pesquera y que se comprometiera a trasladarlos a las distintas administraciones para avanzar en la solución de algunos de ellas.

El tema que ocupó una parte importante de la reunión fue la reciente sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara nula la Orden Ministerial de 1 de julio de 2013. 

Sobre este asunto, García Diez recordó que “el Gobierno no va a echar por tierra el trabajo realizado y que ha permitido desarrollar una gestión pesquera que se ha visto refrendada por la reforma de la Política Pesquera Común” y apuntó que “la decisión de la decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional está fundamentada en no disponer del preceptivo dictamen del Consejo de Estado en contra de la opinión del Abogado del Estado que entendió que no era necesario”.

Según afirmó el portavoz de Pesca, “nada va alterar la política del Gobierno de establecer un sistema de asignación de cuotas de pesca de forma individual que garantice la rentabilidad de la flota y evita prácticas de sobre pasamientos de las cuotas producidas en épocas pasadas”. 

“Se va a estudiar por los servicios jurídicos del Ministerio de Agricultura, y se resolverá teniendo en cuenta los intereses de los pescadores, de sí se planteará un recurso de casación o se procederá a realizar una nueva Orden Ministerial”, subrayó García Díez.

Otro aspecto analizado tanto por los representantes de Celeiro como de Burela, es la situación que se puede derivar de la prohibición de los descartes, que García Diez conocedor del trabajo intenso que está llevando a cabo la SGPM en el diseño de un “plan de descartes” comunitario para las especies de fondo objetivo de nuestra flota, es acertado que España esté solicitando su implantación de forma progresiva hasta el 2019.

La necesidad de disponer de mayores cuotas de pesca, ha sido otra reivindicación planteada al portavoz popular, quien ha señalado que “en este tema ha quedado de manifiesto los logros alcanzados por el Gobierno que ha conseguido incrementar un 13,7% las cuotas de pesca”. 

Otro asunto visto en el encuentro ha sido la creación de un registro de los derechos de pesca que el sector viene reivindicando y sobre el que García Diez ha asegurado que “el Gobierno sigue trabajando en su creación para que así queden reconocidos los derechos y se puedan utilizar como un activo más de las empresas”.

En cuanto a la labor de inspección que vienen desarrollándose y que ha sido motivo de queja por todas las organizaciones, entiende el diputado lucense que no es distinta de una región a otra o de un puerto a otro, y en parte las inspecciones se encuentran condicionadas por los planes de inspección que obliga la UE, no obstante, se ha comprometido a trasladar de una forma singular esta queja a los responsables de la SGPM para que las molestias sean las mínimas, y haya un proceder homogéneo en todas las inspecciones.

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