- Los populares demandan la supresión del principio de estabilidad relativa y reclaman la introducción de derechos transferibles en toda la UE a la flota de altura
- Piden un régimen diferenciado para la flota de bajura y el marisqueo
- Defienden que cualquier decisión orientada a la supresión de flota debe estar basada en identificar a estas flotas y estudiar los recursos disponibles por zonas marítimas y especies, determinando la capacidad necesaria para el mantenimiento de los objetivos de sostenibilidad y productividad
- Solicitan medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo
El Grupo Parlamentario Popular, para concienciar al Gobierno y contrarrestar su falta de implicación en las propuestas presentadas por la Comisión europea en el Libro Verde sobre la futura reforma de la Política Pesqiera Común, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley tendente a frenar el desmantelamiento progresivo al que se ve sometido el sector y a poner fin a la discriminación de los principios comunitarios de libertad de circulación de capitales, bienes y servicios.
España, como primera potencia europea extractiva y primer país consumidor de productos pesqueros, tiene regiones altamente dependientes de la pesca y un importante sector pesquero, acuícola y conservero, así como una industria transformadora y comercializadora de los productos del mar en constante crecimiento. Los populares creemos que el Gobierno tiene un deber inexcusable de liderar el debate y la reflexión sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y, por ello, queremos contribuir positivamente con las propuestas que presentamos.
El portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Joaquín García Díez, aseguró que la propuesta del PP pretende dar respuesta a los nuevos retos tanto comunitarios como internacionales que tiene el sector pesquero y por ello plantea, entre otras cuestiones, la modificación del actual sistema de gestión de las pesquerías multiespecificas, estableciendo un sistema de control del esfuerzo pesquero basado en días de mar.
Este sistema, ó el de TAC y cuotas, debe aplicarse de forma individual y por separado en función del arte pesquero ó caladero, dando por finalizado el concepto de la estabilidad relativa y, en cualquier caso, para la flota de altura, los derechos de pesca derivados del sistema aplicado deben ser transferibles en toda la UE.
Por el papel que juega la pesca de bajura (artesanal) y el marisqueo en poblaciones dispersas por la costa tanto española como europea, hay que mantener un régimen diferenciado para estas flotas, que será la mejor forma de garantizar una pesca sostenible y la despoblación de estas zonas costeras.
El PP entiende que los objetivos de la PPC deben establecerse con el objetivo de garantizar una explotación de los recursos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles sin priorizar ninguna.
Para conseguir una mayor eficacia en el desarrollo de la PPC proponemos que corresponda al Consejo y al Parlamento Europeo la adopción de los principios, objetivos generales de orientación y marco reglamentario, y que corresponda su ejecución a la Comisión y Estados Miembros, adoptando todas las medidas legales que impidan la discrecionalidad por parte de la Comisión.
En cuanto a la capacidad de la flota comunitaria, el PP no comparte la idea expresada en el Libro Verde de un exceso de capacidad general en la flota comunitaria. García Díez explicó que, si bien es cierto que se aprecia un exceso de capacidad en algunas flotas, cualquier decisión orientada a la supresión de la flota debe estar basada en identificar a estas flotas y estudiar los recursos disponibles por zonas marítimas y especies, determinando la capacidad necesaria para el mantenimiento de los objetivos de sostenibilidad y productividad. “Nosotros apostamos por el establecimiento de un fondo temporal comunitario de desguace”, subrayó el diputado nacional.
Los populares apoyan una política estructural orientada al desarrollo de técnicas de pesca más selectivas, que contemplen medidas de recuperación de los recursos, con iniciativas en materia de seguridad, formuladas en base a estudios científicos, y coordinadas con la política de mercados y otras políticas desarrolladas por la UE. Para que estas actuaciones puedan ser llevadas a cabo, es necesario contar con apoyo financiero público, es especial para la pesca de bajura y el marisqueo, y sin diferenciación entre regiones.
En lo referente a la dimensión exterior, el PP considera que es necesario potenciar la actividad pesquera sostenible de los buques comunitarios en aguas exteriores a través de los Acuerdos de Asociación Pesquera y las Organizaciones Regionales de Pesca, así como impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. “Sí somos partidarios de la cooperación empresarial pesquera como medida para la consolidación y ampliación de nuestras sociedades mixtas”, añadió García Díez.
Para el PP, una de las cuestiones más importantes es la necesidad de abordar de forma decidida los bajos precios que se pagan en origen por los productos pesqueros. “Los precios se han mantenido estancados con carácter general, lo que obliga a los pescadores a compensar ese déficit de ingresos con mayores capturas, creemos que hay que establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, una diferencia que no guarda una relación razonable entre los costes comerciales y los riesgos de la actividad comercial de estos productos”, afirma el portavoz popular de Pesca.
Para García Díez, “las decisiones comunitarias deben basarse en el conocimiento y la investigación aplicada, abandonando la idea de hacer prevalecer en las decisiones el llamado criterio de precaución, para lo que es necesario el incremento del presupuesto comunitario y de los estados miembros de manera que permita la creación de una red o plataforma de centros científicos-tecnológicos Europeos”.
El PP lamenta que la acuicultura haya sido expuesta en la futura reforma de forma testimonial. Los populares consideran que debe establecerse un marco normativo comunitario para el desarrollo de la acuicultura Europea, teniendo en cuenta la sostenibilidad medioambiental y sanitaria e incorporándola claramente en la PPC como un sector estratégico de potencial crecimiento.
El Partido Popular ve imprecindible adoptar medidas para que el sector asuma mayor responsabilidad en el cumplimiento de la política pesquera, así como regular de modo más eficaz la normativa de control en el ámbito de la pesca y el sector pesquero tanto comunitario como nacional para que incorpore medidas tendentes a que los armadores incumplidores no puedan recibir ayudas públicas.
Los populares esperan que esta iniciativa sea entendida por los demás Grupos Parlamentarios del Congreso y que el Gobierno se sienta respaldado a la hora de presentar una propuesta española, la del Parlamento español, que dé respuestas a los aspectos de la PPC que es necesario modificar y que viene demandado el sector.
La pasada semana, el portavoz popular de Pesca, Joaquín García Díez, se dirigió a todos los portavoces de pesca de los diferentes grupos parlamentarios solicitando que estudiasen con el máximo interés el documento popular y les ofreció dialogo para mejorar la propuesta con la finalidad de sacar adelante esta iniciativa y de que el Gobierno pueda trasladar las peticiones españolas al resto de ministros de pesca en la próxima reunión que celebrarán en Vigo en los primeros días de mayo.
España, como primera potencia europea extractiva y primer país consumidor de productos pesqueros, tiene regiones altamente dependientes de la pesca y un importante sector pesquero, acuícola y conservero, así como una industria transformadora y comercializadora de los productos del mar en constante crecimiento. Los populares creemos que el Gobierno tiene un deber inexcusable de liderar el debate y la reflexión sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y, por ello, queremos contribuir positivamente con las propuestas que presentamos.
El portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Joaquín García Díez, aseguró que la propuesta del PP pretende dar respuesta a los nuevos retos tanto comunitarios como internacionales que tiene el sector pesquero y por ello plantea, entre otras cuestiones, la modificación del actual sistema de gestión de las pesquerías multiespecificas, estableciendo un sistema de control del esfuerzo pesquero basado en días de mar.
Este sistema, ó el de TAC y cuotas, debe aplicarse de forma individual y por separado en función del arte pesquero ó caladero, dando por finalizado el concepto de la estabilidad relativa y, en cualquier caso, para la flota de altura, los derechos de pesca derivados del sistema aplicado deben ser transferibles en toda la UE.
Por el papel que juega la pesca de bajura (artesanal) y el marisqueo en poblaciones dispersas por la costa tanto española como europea, hay que mantener un régimen diferenciado para estas flotas, que será la mejor forma de garantizar una pesca sostenible y la despoblación de estas zonas costeras.
El PP entiende que los objetivos de la PPC deben establecerse con el objetivo de garantizar una explotación de los recursos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles sin priorizar ninguna.
Para conseguir una mayor eficacia en el desarrollo de la PPC proponemos que corresponda al Consejo y al Parlamento Europeo la adopción de los principios, objetivos generales de orientación y marco reglamentario, y que corresponda su ejecución a la Comisión y Estados Miembros, adoptando todas las medidas legales que impidan la discrecionalidad por parte de la Comisión.
En cuanto a la capacidad de la flota comunitaria, el PP no comparte la idea expresada en el Libro Verde de un exceso de capacidad general en la flota comunitaria. García Díez explicó que, si bien es cierto que se aprecia un exceso de capacidad en algunas flotas, cualquier decisión orientada a la supresión de la flota debe estar basada en identificar a estas flotas y estudiar los recursos disponibles por zonas marítimas y especies, determinando la capacidad necesaria para el mantenimiento de los objetivos de sostenibilidad y productividad. “Nosotros apostamos por el establecimiento de un fondo temporal comunitario de desguace”, subrayó el diputado nacional.
Los populares apoyan una política estructural orientada al desarrollo de técnicas de pesca más selectivas, que contemplen medidas de recuperación de los recursos, con iniciativas en materia de seguridad, formuladas en base a estudios científicos, y coordinadas con la política de mercados y otras políticas desarrolladas por la UE. Para que estas actuaciones puedan ser llevadas a cabo, es necesario contar con apoyo financiero público, es especial para la pesca de bajura y el marisqueo, y sin diferenciación entre regiones.
En lo referente a la dimensión exterior, el PP considera que es necesario potenciar la actividad pesquera sostenible de los buques comunitarios en aguas exteriores a través de los Acuerdos de Asociación Pesquera y las Organizaciones Regionales de Pesca, así como impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. “Sí somos partidarios de la cooperación empresarial pesquera como medida para la consolidación y ampliación de nuestras sociedades mixtas”, añadió García Díez.
Para el PP, una de las cuestiones más importantes es la necesidad de abordar de forma decidida los bajos precios que se pagan en origen por los productos pesqueros. “Los precios se han mantenido estancados con carácter general, lo que obliga a los pescadores a compensar ese déficit de ingresos con mayores capturas, creemos que hay que establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, una diferencia que no guarda una relación razonable entre los costes comerciales y los riesgos de la actividad comercial de estos productos”, afirma el portavoz popular de Pesca.
Para García Díez, “las decisiones comunitarias deben basarse en el conocimiento y la investigación aplicada, abandonando la idea de hacer prevalecer en las decisiones el llamado criterio de precaución, para lo que es necesario el incremento del presupuesto comunitario y de los estados miembros de manera que permita la creación de una red o plataforma de centros científicos-tecnológicos Europeos”.
El PP lamenta que la acuicultura haya sido expuesta en la futura reforma de forma testimonial. Los populares consideran que debe establecerse un marco normativo comunitario para el desarrollo de la acuicultura Europea, teniendo en cuenta la sostenibilidad medioambiental y sanitaria e incorporándola claramente en la PPC como un sector estratégico de potencial crecimiento.
El Partido Popular ve imprecindible adoptar medidas para que el sector asuma mayor responsabilidad en el cumplimiento de la política pesquera, así como regular de modo más eficaz la normativa de control en el ámbito de la pesca y el sector pesquero tanto comunitario como nacional para que incorpore medidas tendentes a que los armadores incumplidores no puedan recibir ayudas públicas.
Los populares esperan que esta iniciativa sea entendida por los demás Grupos Parlamentarios del Congreso y que el Gobierno se sienta respaldado a la hora de presentar una propuesta española, la del Parlamento español, que dé respuestas a los aspectos de la PPC que es necesario modificar y que viene demandado el sector.
La pasada semana, el portavoz popular de Pesca, Joaquín García Díez, se dirigió a todos los portavoces de pesca de los diferentes grupos parlamentarios solicitando que estudiasen con el máximo interés el documento popular y les ofreció dialogo para mejorar la propuesta con la finalidad de sacar adelante esta iniciativa y de que el Gobierno pueda trasladar las peticiones españolas al resto de ministros de pesca en la próxima reunión que celebrarán en Vigo en los primeros días de mayo.
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