viernes, 10 de diciembre de 2010

El PP defenderá el martes la obligatoriedad de los contratos entre productores e industrias para combatir la “ruinosa” situación del sector lácteo

  • La iniciativa contribuye a la vertebración de la cadena comercializadora y da estabilidad a ganaderos e industria
  • La Proposición de Ley contempla un contrato de compra con unas mínimas garantías, así como prever un período suficiente de preaviso en caso de que el comprador decida suspender la recogida de leche en una explotación o  que el productor decida cambiar de comprador o abandonar la producción
  • Los diputados gallegos del PP esperan que el texto cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios
  • La portavoz adjunta de Agricultura, la diputada lucense Olga Iglesias, subraya que las industrias deben darse cuenta de que los ganaderos son importantes para el sector y cuidar sus relaciones con ellos

El Grupo Parlamentario Popular defenderá el martes en el Congreso una Proposición de Ley dirigida a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales del sector lácteo “ante la ruinosa e insostenible situación” por la que atraviesa este sector.

Los diputados gallegos del PP, conscientes de la importancia de esta iniciativa para Galicia, reclaman el apoyo de todos los grupos políticos “para que esta Proposición de Ley se apruebe lo antes posible y pueda ser aplicada para evitar la desesperación de los productores de leche y el abandono de las explotaciones”.

La Proposición de Ley tiene como puntos más destacados, de un lado, imponer la obligatoriedad de los contratos entre los productores de la leche y los primeros compradores, es decir, que haya una regulación de los contratos para que sean obligatorios y, en segundo lugar, fomentar la negociación colectiva entre los productores de la leche y los propios compradores.

Los productores están vendiendo la leche a un 5% por debajo del precio medio de la UE, lo que no cubre los costes de producción, y el funcionamiento de los contratos de homologación está siendo absolutamente insuficiente, ya que tan solo cubren el 25% de la cuota láctea. La portavoz adjunta del PP en materia de Agricultura, la diputada lucense Olga Iglesias Fontal, asegura que “ha llegado el momento de remediar la situación” y acusa al Gobierno socialista de no haber tenido la sensibilidad de otros países, como Francia, para defender al sector, aunque espera que colabore para sacar adelante esta iniciativa.

Los contratos de obligatoriedad no sólo son buenos para los productores, para garantizarles unos precios mínimos y una seguridad en la recogida, sino que aportan elementos de certidumbre y seguridad jurídica y ofrecen estabilidad a todos los integrantes de la cadena comercializadores de la leche garantizando el suministro.

En este sentido, Iglesias Fontal subrayó que las industrias deben darse cuenta de que los ganaderos son parte esencial del sector y cuidar sus relaciones con ellos y destacó la importancia de aprobar un régimen de contratos obligatorios que funcione de verdad. “Esto será positivo tanto para los ganaderos como para las industrias lácteas y es que las industrias tienen que concienciarse de que la desaparición de los ganaderos conllevará su propia desaparición”, señala la diputada lucense.

Los contratos contendrán el precio inicial así como los sistemas de ajuste en función de referencias, la identificación de las partes contratantes, la duración de los contratos, los parámetros de calidad y las características de la leche, las modalidades y plazos de pago, los periodos de preaviso a los que estarán obligados tanto los compradores como los vendedores y las causas de rescisión del contrato. Asimismo, se regula en la iniciativa los sistemas de inspección y el régimen sancionador.

Esta Proposición de Ley, que fue elaborada contando con la Xunta de Galicia, servirá para acabar con la injusticia y la desigualdad con la que conviven a diario los ganaderos gallegos e introduce la posibilidad de que los productores puedan negociar conjuntamente con la industria y no únicamente a título individual. Los populares creen que “el Gobierno debe urgir a las instituciones comunitarias para que las negociaciones conjuntas sean posibles”.

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