El PP defenderá el martes la obligatoriedad de los contratos entre productores e industrias para combatir la “ruinosa” situación del sector lácteo

• La iniciativa contribuye a la vertebración de la cadena comercializadora y da estabilidad a ganaderos e industria
• La Proposición de Ley contempla un contrato de compra con unas mínimas garantías, así como prever un período suficiente de preaviso en caso de que el comprador decida suspender la recogida de leche en una explotación o  que el productor decida cambiar de comprador o abandonar la producción
• Los diputados gallegos del PP esperan que el texto cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios
• La portavoz adjunta de Agricultura, la diputada lucense Olga Iglesias, subraya que las industrias deben darse cuenta de que los ganaderos son importantes para el sector y cuidar sus relaciones con ellos

El Grupo Parlamentario Popular defenderá el martes en el Congreso una Proposición de Ley dirigida a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales del sector lácteo “ante la ruinosa e insostenible situación” por la que atraviesa este sector.

Los diputados gallegos del PP, conscientes de la importancia de esta iniciativa para Galicia, reclaman el apoyo de todos los grupos políticos “para que esta Proposición de Ley se apruebe lo antes posible y pueda ser aplicada para evitar la desesperación de los productores de leche y el abandono de las explotaciones”.

La Proposición de Ley tiene como puntos más destacados, de un lado, imponer la obligatoriedad de los contratos entre los productores de la leche y los primeros compradores, es decir, que haya una regulación de los contratos para que sean obligatorios y, en segundo lugar, fomentar la negociación colectiva entre los productores de la leche y los propios compradores.

Los productores están vendiendo la leche a un 5% por debajo del precio medio de la UE, lo que no cubre los costes de producción, y el funcionamiento de los contratos de homologación está siendo absolutamente insuficiente, ya que tan solo cubren el 25% de la cuota láctea. La portavoz adjunta del PP en materia de Agricultura, la diputada lucense Olga Iglesias Fontal, asegura que “ha llegado el momento de remediar la situación” y acusa al Gobierno socialista de no haber tenido la sensibilidad de otros países, como Francia, para defender al sector, aunque espera que colabore para sacar adelante esta iniciativa.

Los contratos de obligatoriedad no sólo son buenos para los productores, para garantizarles unos precios mínimos y una seguridad en la recogida, sino que aportan elementos de certidumbre y seguridad jurídica y ofrecen estabilidad a todos los integrantes de la cadena comercializadores de la leche garantizando el suministro.

En este sentido, Iglesias Fontal subrayó que las industrias deben darse cuenta de que los ganaderos son parte esencial del sector y cuidar sus relaciones con ellos y destacó la importancia de aprobar un régimen de contratos obligatorios que funcione de verdad. “Esto será positivo tanto para los ganaderos como para las industrias lácteas y es que las industrias tienen que concienciarse de que la desaparición de los ganaderos conllevará su propia desaparición”, señala la diputada lucense.

Los contratos contendrán el precio inicial así como los sistemas de ajuste en función de referencias, la identificación de las partes contratantes, la duración de los contratos, los parámetros de calidad y las características de la leche, las modalidades y plazos de pago, los periodos de preaviso a los que estarán obligados tanto los compradores como los vendedores y las causas de rescisión del contrato. Asimismo, se regula en la iniciativa los sistemas de inspección y el régimen sancionador.

Esta Proposición de Ley, que fue elaborada contando con la Xunta de Galicia, servirá para acabar con la injusticia y la desigualdad con la que conviven a diario los ganaderos gallegos e introduce la posibilidad de que los productores puedan negociar conjuntamente con la industria y no únicamente a título individual. Los populares creen que “el Gobierno debe urgir a las instituciones comunitarias para que las negociaciones conjuntas sean posibles”.

El PP pide a Aguilar que busque el consenso con todos los grupos en la tramitación del proyecto de Ley de Pesca Sostenible como hizo el PP con la Ley de Pesca Marítima

• Los populares exigen que se dé la batalla en la reforma de la PPC para que el Reglamento que prepara la Comisión dé respuesta a las necesidades sector pesquero español
• Joaquín García Díez reclama acciones a favor del sector conservero, la renovación del acuerdo UE-Marruecos, en apoyo al plan integral de la pesca de bajura en el Cantábrico y Noroeste, una mejor distribución de las cuotas de pesca, en apoyo a las sociedades mixtas, para la mejora de la competitividad de la flota de altura, la potenciación  de la acuicultura y en contra de la pesca ilegal

El Grupo Parlamentario Popular ha planteado hoy a la nueva ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, las prioridades del sector y le ha recordado los incumplimientos de su predecesora, Elena Espinosa, que, según aseguró el portavoz de Pesca popular, Joaquín García Díez, “se olvidó del dialogo y la defensa de los intereses de los pescadores en las mesas comunitarias e internacionales”.

García Díez le ha pedido a Rosa Aguilar que cambie de rumbo, consensue con todos y comparezca de forma habitual en la Cámara Baja. Los populares entienden que son muchos los temas pendientes que la nueva Ministra debe abordar y plantearon, entre otros, los siguientes:

Proyecto de Ley de Pesca sostenible. El PP ha pedido a la Ministra que busque el consenso con todos los Grupos Políticos del Congreso en la tramitación de la Ley de Pesca Sostenible que se encuentra pendiente de debate, al igual que hizo  en su momento el partido Popular con la actual ley de Pesca Marítima. García Díez explicó que se trataba de un proyecto que se había presentado en un momento inapropiado, cuanto está en debate la reforma de la PPC, y señaló que lo adecuado sería esperar a ver qué novedades presenta esta reforma y si es necesario incorporarlas mediante ley a nuestro ordenamiento jurídico. El PP pidió a Aguilar que se comprometiera a ampliar el plazo de presentación de enmiendas, toda vez que ni sector ni Comunidades autónomas han demandado su necesidad.

Reforma de la Política Pesquera Común. En este tema, los populares entienden que el Gobierno debe dar la batalla. García Díez dijo que se está trabajando por parte de la Comisión en lo que será la propuesta de reglamento, que verá la luz en el primer semestre de 2011, y aseguró que es el momento oportuno para hacer notar nuestra consideración de primera potencia pesquera europea y aliviar los malos resultados en la negociación de la incorporación de España a la UE. El PP pidió a la ministra que aproveche el conocimiento que tienen otras administraciones como Galicia, que se juega mucho, y que cree un Grupo de trabajo específico con participación de todos los interesados

El futuro del sector conservero: El PP denuncia los privilegios que la UE ha concedido desde enero del presente año a las conservas de atún importado desde Papúa-Nueva Guinea y las islas Fiyi, consistentes en la exención del pago de aranceles (hasta un 24% en el caso de otros países), lo que unido a que las latas procedentes de Nueva Guinea estén exoneradas de cumplir las reglas de origen pueden dar al traste con nuestra industria conservera. García Díez aseguró que hay que revisar los convenios en el 2011, por lo que le pidió a la Ministra un cambio radical de posición respecto al tratamiento concedido a estos dos países, “sino queremos vernos apeados de un sector que somos líderes en Europa”.

Renovación del acuerdo de Pesca con Marruecos. El Protocolo del Acuerdo de pesca UE-Marruecos finaliza su vigencia a finales de febrero del año próximo, estamos a 10 de noviembre y hasta la fecha no hemos oído mencionar ni una sola palabra de que va a pesar con este Acuerdo.

Plan integral de la pesca de bajura en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. Las cuatro Comunidades del Cantábrico y Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), han fijado un Plan que tiene como objetivo regular el ejercicio de la pesca que realicen los buques de pabellón español en dicho caldero, estableciendo medidas que contribuyan a la conservación y recuperación de los recursos pesqueros, que ha sido presentado a su Ministerio. García Díez le preguntó a la ministra si asumía dicho plan, pretendía mejorarlo o bien transformarlo en un Plan de gestión de acuerdo con el Reglamento 2371/2002

Situación del cluster de empresas mixtas. Programa Forpex: El PP manifestó su preocupación por las apreciaciones que nos han sido trasladadas de una gestión deficiente en el desarrollo de este programa, que fue financiado con fondos públicos, 1.100.000 euros para el primer año, así como las noticias recogidas en algún medio de comunicación denunciando posibles irregularidades, por lo que García Díez pidió a Aguilar que cuanto antes informe sobre la situación real.

Distribución de las cuotas comunitarias de pesca del caladero nacional. García Díez pidió a la ministra que dialogue con las Comunidades Autónomas afectadas y con el sector para obtener el mejor rendimiento y que evite la mala planificación que se realizó en la pasada campaña. En este sentido, recordó que el PP ya lamentó cómo se gestionó la cuota de caballa, que calificó de pesca “sin tregua y que supuso que la pesquería se cerrara en escasamente un mes, y subrayó que con la pesca de la merluza ocurrió prácticamente lo mismo y que con la cuota de anchoa no hubo mayor problema porque coincidió el cierre con una caída de los precios y casi no compensaba pescarla.

Pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR). El portavoz popular de Pesca le recordó a Aguilar que esta Comisión aprobó una PNL del Grupo socialista enmendada por mi Grupo para la creación de una mesa de trabajo para el seguimiento de la pesca INDNR, formada por administraciones, asociaciones, sindicatos y organizaciones ecologistas que se debería reunir al menos dos veces al año, pero que hasta la fecha no ha sido convocada y le preguntó si ella pensaba hacerlo.

Apoyo a las sociedades mixtas. El Gobierno se comprometió a la renovación de una parte de la flota de sociedades mixtas, lo que garantizaría el suministro de pescado al mercado comunitario y nacional del que somos deficitarios. García Díez le preguntó a la titular de Pesca si pensaba acometer la renovación de esta flota

Medidas de apoyo para mejorar la competitividad de la flota de altura. García Díez quiso saber si la ministra piensa aplicar las directrices del documento que publicó la Comisión europea en abril de 2008 titulado “Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y de la acuicultura” aplicable a la flota atunera y palangrera. El portavoz de Pesca del PP aseguró que lo contenido en el proyecto de ley de pesca sostenible de crear un registro especial no resuelve nada sino va acompañado de medidas concretas.

Potenciación de la acuicultura. El PP recordó que los objetivos de producción de peces previsto por el Gobierno era de 100.000 toneladas para el 2015 y que los ha rebajado a 70.000 toneladas, estamos hablando de una reducción del 30%. García Díez aseguró que el Gobierno tiene la responsabilidad de incorporar la acuicultura como un pilar fundamental del desarrollo pesquero en Europa, y superar los retos que tiene para su expansión en nuestro país, como son:
-    La disponibilidad de emplazamientos, y
-    La igualdad de oportunidades en el mercado.

El PP logra que el Congreso apruebe una moción en apoyo al sector lácteo que incluye su petición de la obligatoriedad de los contratos

• García Díez muestra su satisfacción por el hecho de que el texto aprobado incluya también la petición de los populares de que se mantenga el Fondo Lácteo Extraordinario al menos durante la próxima campaña y la de que la OCM se modifique para permitir la negociación conjunta de los ganaderos con las empresas.
• Los populares esperan que la nueva ministra demuestre más sensibilidad hacia el sector ganadero que Elena Espinosa y que cumpla los mandatos  del Congreso

El diputado popular Joaquín García Díez ha logrado hoy en el Pleno del Congreso que una moción del BNG sobre el sector lácteo se mejorase y adaptase a la realidad incluyendo aspectos esenciales para el sector como la obligatoriedad de los contratos homologados, una reivindicación que está abanderando el Partido Popular y que es esencial para dar seguridad a los ganaderos.

Los populares apoyaron un texto transaccional, aprobado finalmente por todos todos los grupos, en el que se pedía textualmente que:
El Congreso de los Diputados  inste al Gobierno a:
Defender en el seno de la UE una política agraria común que garantice los siguientes objetivos
1.-  El derecho de los estados y países de la Unión a proteger, apoyar y promover sus sistemas propios de producción agraria en el marco de la política agraria común.
2.- Regulación de los mercados:
•    Establecer políticas orientadas a garantizar la rentabilidad del sector agrario
•    Perfeccionar los instrumentos para el seguimiento de los precios de los alimentos, con el fin de fomentar  la transparencia y evitar las prácticas abusivas existentes en la cadena de comercialización
•    La modificación de la OCM única para que permita a los ganaderos conjuntamente con la industria, negociar los precios y demás condiciones de sus contratos.
•    El desarrollo legislativo necesario  para garantizar los puntos anteriores.
3.- Mantener el fondo Lácteo Extraordinario habilitado para 2010 al menos durante la próxima campaña a la espera de la recuperación de los precios por encima del precio medio del coste.
4.-Analizar los últimos acuerdos de la Unión en relación con el incremento lineal de las cuotas lácteas para que a la vista de los informes que se presenten en la Comisión,  se puedan a  tomar la medidas oportuna para  que las políticas de cuotas no repercutan desfavorablemente en el sector 
5.- Establecer, en colaboración con el sector y las CC.AA el marco legislativo que:
•    Regule la obligatoriedad,  para los primeros compradores de leche, de recogerla bajo contrato escrito previo, como mínimo de una campaña, con indicación de un precio fijo o sujeto a variación en función de índices objetivos  acordados entre las partes y con plazos suficientes de preaviso en caos de denuncia de contrato.

Éste último punto 5, relativo a regular la obligatoriedad de los contratos para los primeros compradores, así como la modificación de la OCM para que se permita a los ganaderos la negociación conjunta con las empresas, y el punto 3 relativo al mantenimiento del Fondo Lácteo Extraordinario habilitado para el 2010 al menos durante la próxima campaña, son iniciativas incluidas a petición del PP en el texto final, por lo que García Díez mostró su total satisfacción.

Según aseguró, el texto inicial del BNG proponía actuaciones que habían quedado trasnochados y eran inviables, como establecer los precios de la leche en base a los costes, cuestionar los mercados de futuro como herramienta o pedir revisiones de cuotas cuando el sistema esta a punto de caducar.

García Díez recalcó en su intervención que solo en esta Legislatura se han presentado en la Cámara Baja al menos 33 iniciativas relativas al sector lácteo (1 Proposición de Ley, 6 PNL, 5 Peticiones de comparecencias, baterías de preguntas…) y aseguró que esperaba que el texto aprobado hoy con el apoyo de todos los grupos parlamentarios no fuera una más y quedara en el olvido. “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno y concretamente de la nueva ministra, que tiene la obligación de cumplir los mandatos de esta Cámara”, señaló.

“No es el momento de pensar de qué color se va a pintar el nombre del ministerio, si en verde o en azul, es el momento de mostrar el máximo apoyo a nuestros ganaderos, la máxima sensibilidad a sus problemas en fechas claves y en momentos críticos”, finalizó García Díez.

El PP enmienda los PGE del 2011 para que los 120.682 pensionistas lucenses puedan ver revalorizadas sus pensiones

• Joaquín García y Olga Iglesias aseguran que los recortes en la inversión no sólo han sido consecuencia de la necesidad impuesta por Europa de enjugar el déficit, sino el colofón de la política errática de los últimos años en los que las obras se iban deslizando año tras año
• Los diputados lucenses del PP piden que se devuelvan los presupuestos y se reprogramen, de acuerdo con su situación y sus necesidades reales, importantes infraestructuras para la provincia como el AVE Ourense-Lugo y Ourense-Monforte, la A-8, la A-54 Lugo-Santiago o el desdoblamiento de la Ronda Norte

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a los PGE del 2011, en un año de muchísimas dificultades económicas, pretenden apoyar a los más débiles y dotar al país de políticas económicas que permitan generar más empleo y mejorar la competitividad.

En este sentido, los diputados lucenses destacan que el PP ha presentado como enmienda principal una para derogar la congelación de las pensiones y permitir así que los 120.682 pensionistas lucenses puedan ver revalorizada su pensión en un 1%. El montante del dinero necesario para que los pensionistas no vean sus salarios congelados se detraería, entre otras, de partidas como la financiación de RTVE, las ayudas al cine o las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y agentes sociales.

Los populares entienden que en un momento como el actual los pensionistas deben ser los últimos en sufrir las consecuencias de la crisis y presentan también enmiendas para bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, para reducir al mínimo el IVA al sector turístico y también para que los autónomos puedan compensar sus deudas con las administraciones públicas. En definitiva, las enmiendas del GPP están orientadas para estimular a los agentes generadores de empleo y para ayudar a los ciudadanos que más están sufriendo las consecuencias de la mala gestión económica del Gobierno.

Los diputados lucenses del PP, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, consideran que los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 ponen de manifiesto que los recortes en la inversión no sólo han sido consecuencia de la necesidad impuesta por Europa de enjugar el déficit, sino el colofón de la política errática de los últimos años en los que las obras se iban deslizando año tras año.

El Proyecto de Presupuestos para 2011 no es un instrumento aislado, sino que depende de los presupuestos anteriores. En este sentido, los diputados lucenses del PP en el Congreso subrayan que “dado que en 2010 la licitación publica no superó el 35,3% sobre el ejercicio 2009, los presupuestos se ven alterados y condicionados por esa falta de inversión presupuestaria, y si además la propia ejecución presupuestaria se sitúa en el 29,6%, (obligaciones reconocidas frente a créditos totales), ¿como puede tener credibilidad lo que el  Gobierno propone al Congreso?”.

Los populares entienden que una vez que se ha demostrado que no es posible seguir con la misma política, el Ejecutivo, simplemente, ha hecho desaparecer las obras de los anexos de inversiones o las han dejado dotadas testimonialmente.

Para los diputados del PP por la provincia de Lugo, el descenso de inversión del 31% anunciado por el Gobierno debería conjugarse con una nueva programación y con un mayor recorte de gastos corrientes y sobre todo de estructura de personal, y no es así, por lo que afirman que “las políticas generales de gasto están equivocadas”.

Los populares lucenses no quieren más excusas. “El Gobierno lleva hablándonos casi un año de un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), con el que se invertirán 17.000. millones de € en colaboración publico privada, pero ahora lo utiliza como la justificación sustitutiva de la falta de inversión y se limita a dar un listado de obras de las que ni se conocen los proyectos, ni el costo, ni el modelo de financiación, ni el modelo de pago de la inversión”.

Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP pide que se devuelvan al Ministerio de Fomento los presupuestos para, entre otras cuestiones, que las obras que afectan a Lugo y que a continuación se especifican sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades  reales:

ALTA VELOCIDAD.-

•    Ourense-Monforte de Lemos
•    Ourense – Lugo.
•    Dentro del corredor Subcantábrico, se reclama más consignación para la línea Ponferrada - Monforte de Lemos,  Monforte de Lemos – Lugo y Lugo-A Coruña.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.-
Desde el GPP se demanda al Ministerio que acredite la posibilidad de poner en marcha todos los tramos de la red viaria que se señalan y que se encuentran en situaciones de grave retraso y, en el caso de Lugo, se solicita, además, que sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales, entre otras, las siguientes vías:

AUTOVIAS
•    A – 8 Autovía Del Cantábrico
•    A – 54 Lugo-Santiago
•    Corredor San Cibrao-Barreiros
Los populares entienden también que, en el medio urbano, deben reprogramarse las consignaciones previstas para el desdoblamiento de la Ronda Norte, así como para el la Ronda Oeste de Ribadeo.
Igualmente, el PP reclama que se incremente en 800.000 euros la consignación presupuestaria para la Real Academia Gallega, de forma que tenga una asignación similar a las instituciones análogas catalana y vasca, tal y como se aprobó en una Proposición no de Ley impulsada por el PP el pasado 15 de septiembre.  
Dentro del Programa 456A de Calidad de las Aguas, de la Dirección General del Agua y los Organismos Autónomos adscritos al Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, los diputados lucenses enmiendan para que se reprogramen las cantidades previstas para la EDAR de Chantada, y en el 452A se piden incrementos para la Restauración de Zonas de Pizarras Ríos en los ríos Lor y Quiroga (Confed. H. Miño-Sil) (Lugo); para la Traída de Aguas en  Fonsagrada (Lugo) y para la Recuperación y Encauzamiento de los Ríos Sarria y Celeiro. Finalmente, se solicita también una mayor cuantía para la ETAP de Monforte.

García Díez acusa al PSOE de no defender con firmeza los intereses del sector en la reforma de la Política Pesquera Común

• Los socialistas se han opuesto a una PNL del PP en la que se pedía que la Cámara Baja instase al Ejecutivo a pelear en la UE para modificar la estabilidad relativa, igual equiparación en sus objetivos políticos, mantener las ayudas del FEP y las ayudas al desguace, así como por un reforma de la OCM de la pesca que eleve los bajos precios en primera venta y por la potenciación de la acuicultura
• El portavoz de Pesca del PP asegura que el sector salió perjudicado, con la aplicación del Fondo Europeo de Pesca y ahora, si los socialistas no pelean por nuestros pescadores, saldrán también perjudicados con la reforma de la Política Pesquera Común

El PSOE se ha quedado hoy solo en su oposición a defender en Bruselas una reforma de la Política Pesquera Común beneficiosa para el sector. Los votos en contra del PSOE, y la abstención del PNV y Coalición Canaria, curiosamente los dos socios del Ejecutivo socialista que acaban de permitir aprobar los PGE del 2011, han impedido que la Comisión de Agricultura y Pesca aprobase una Proposición no de Ley (PNL) del GPP relativa a la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) en la que se intentaban recoger las principales demandas del sector para que la actividad pesquera española pueda ser competitiva.

En la Proposición no de Ley rechazada, los populares planteaban la necesidad de disponer de un régimen diferenciado para proteger a las flotas costeras artesanales y solicitaban, también, que el Gobierno español defienda en Bruselas el intercambio y/o transferencias de cuotas de empresas de distintos estados miembros, modificando la estabilidad relativa y que exista una igual  equiparación entre sus objetivos, ambientales, sociales y económicos.

García Díez abogó por instar al Gobierno a defender en la UE un cambio en el modelo de gestión. Según dijo, “es necesaria una orientación del modelo de gestión para pesquerías multiespecíficas de aguas de la UE, ya que el actual sistema de TAC y cuotas genera un problema grave de descartes y es rechazado tanto por la comunidad científica como por el propio sector”.

El portavoz popular de Pesca ha pedido al Gobierno de Zapatero que traslade a la UE las necesidades de un sector, el sector pesquero español, que está padeciendo las consecuencias de la mala negociación que se llevó a cabo, en su día, para nuestra entrada en la entonces Comunidad Económica Europea.  “A España se le impuso que solamente podría acceder a un 6% de los recursos pesqueros comunitarios, cuando España era con diferencia el país con más barcos, con más capacidad pesquera y con más empleo en toda la UE,pero tuvimos que aceptar que Dinamarca accediera al 44% de los recursos, el Reino Unido al 16% y Francia, con un sector pesquero mucho menor, a un 6%”, recordó García Díez.

Para el diputado popular, “estamos, con seguridad, ante la última oportunidad que tiene España de reconducir la grave situación por la que atraviesa el sector pesquero”. Según asegura, “salimos mal con la aplicación del Fondo Europeo de Pesca (FEP), y si no pelean con firmeza las reivindicaciones planteadas por nuestros marineros y pescadores, la reforma de la Política Pesquera Común será la puntilla que favorecerá a los mismos países que ya se beneficiaron de la mala negociación de España para su entrada en la UE”.

Los populares han reclamado en su Proposición no de Ley más apoyo financiero para nuestros pescadores, mantener las ayudas del FEP,  mantener las ayudas al desguace si queremos ajustar la capacidad a las posibilidades reales de pesca; la reforma de la OCM de la pesca para intentar levantar los bajos precios en primera venta, el mantenimiento de los acuerdos de asociación pesquera, y potenciación de las Organizaciones Regionales de Pesca, el incremento de la investigación pesquera y la potenciación de la acuicultura para que nuestras empresas no tengan que deslocalizarse.

García Díez denuncia que los presupuestos para el sector pesquero han caído un 53,3% desde que gobiernan los socialistas

• El diputado lucense, portavoz de Pesca del GPP, subraya que las partidas para el sector en el 2011 se reduce un 29,1% respecto al 2010, cuando la media de reducción del conjunto del presupuesto total de la Administración General del Estado es del 7,9%
• Los populares entienden que estos PGE no permitirán al sector recuperar unas condiciones de rentabilidad que frenen la reducción de la flota.
• García Díez destaca que estos PGE obligan a dejar en manos de las CC.AA. la cofinanciación del Fondo Europeo de Pesca

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en materia de Pesca, el diputado lucense Joaquín García Díez, denuncia que el presupuesto destinado al sector pesquero se ha visto reducido  en un 53,3% desde que gobiernan los socialistas, pasando de 197,8 millones de euros en 2004 a 124,1 millones en 2011, “lo que no permitirá que el sector recuperar unas condiciones de rentabilidad que frenen la reducción permanente de nuestra flota”.

García Díez lamenta que, como viene siendo habitual, el presidente Rodríguez Zapatero cargue el peso de los recortes presupuestarios en los más débiles, agricultores y pescadores, y recuerda que el presupuesto destinado a la pesca para el 2011 se reduce un 29,1% respecto al presupuesto aprobado para el 2010, cuando la media de reducción del conjunto del presupuesto total de la Administración General del Estado es del 7,9%.

El PP subraya que esta importante reducción de las partidas destinadas a Pesca se centran en las inversiones reales, que disminuyen un 43,2%, y en las transferencias de capital, con un recorte del 18%, y destaca, además, que éstas últimas ya sufrieron un recorte del 22% para el ejercicio 2010, por lo que en dos ejercicios esta partida se verá reducida en un casi 50%. “Esto deja en manos de las Comunidades Autónomas la cofinanciación del Fondo Europeo de la Pesca”, sentenció García Díez.

Los populares ponen de relieve que la situación de crisis permanente que padece el sector pesquero va más allá de la crisis general en la que estamos instalados y afirman que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 presentado por el Gobierno “no da respuesta a los principales problemas del sector, como son la falta de competitividad de nuestra flota, la escasa recuperación de nuestros caladeros, el envejecimiento de la flota o la falta de apoyo al sector exterior pesquero”.

García Díez entiende que la falta de competitividad tiene su origen en la disminución permanente de las capturas en nuestros calderos y en los bajos precios de los productos pesqueros en primera venta, pero asegura, en lo que se refiere a la flota de altura, que esta falta de competitividad “se debe a que el Gobierno no ha adoptado medidas equivalentes a las que tienen otras flotas internacionales que operan en los mismos calderos”.

Los populares creen también que el Ejecutivo socialista no ha acertado con los ambiguos planes de recuperación de nuestros calderos puestos en marcha. Para García Díez,  “estos planes responden más a seudo paradas biológicas que al desarrollo de proyectos concretos de recuperación de las principales especies objetivo de nuestra flota artesanal, por lo que no han tenido los efectos esperados, ya que se ha buscado más intentar compensar económicamente a los pescadores por la falta de rentabilidad de la flota que alcanzar la mayor capacidad productiva de los caladeros”.

El PP entiende, igualmente, que los PGE del 2011 suponen un abandonado del sector exterior, la única vía de expansión de nuestros pescadores. El diputado lucense asegura que “nuestros pescadores están condenados a sufrir la debilidad internacional del Gobierno de Zapatero”.

O PP asegura que as mentiras dos socialistas desmóntanse con só dar un vistazo os orzamentos do Estado

• Os populares salientan que o investimento do Estado en Lugo redúcese á metade con respecto ó presente exercicio. Lugo é con diferencia a provincia galega máis castigada e unha das que contabiliza unha maior rebaixa de toda España
• Aseguran que confírmanse os retrasos na execución das grandes infraestructuras viarias e que algunhas autovías “desaparecen” do orzamento (corredor da Costa, A-72, A-76) ó manter “partidas testimoniais”
• Retan ós socialistas a “dar a cara en Lugo” e explicar que fixeron e que van facer

Os senadores e deputados nacionais do Partido Popular fixeron hoxe unha “pésima” valoración dos Orzamentos Xerais do Estado para o vindeiro ano presentados onte polo Goberno central: conlevará máis paro, máis impostos, máis desigualdade, menos comptetividade e menos protección social.

José Manuel Barreiro asegurou que Zapatero “volta a pecar de exceso de optimismo, repite o erro de exercicios anteriores e, polo tanto, presenta uns orzamentos irreais e consecuentemente de imposible cumplimento”.  Toma como punto de partida unha previsión de crecemento do PIB do 1,3 por cento, cando todos os organismos nacionais e internacionais calculan cifras moito máis modestas, entorno ó 0,6 por cento.

“Difícilmente poderemos facer unha casa sólida e segura se as bases sobre as que a asentamos son tan endebles”, sentenciou.

O Goberno de Zapatero consuma o seu fracaso ó resignarse a que a taxa de paro, xusto despois de impoñer unha reforma laboral que, en teoría, ía correxir esta situación, non baixe do 20 por cento. Recoñece igualmente que terá que reducir drásticamente o seu gasto productivo para afrontar o altísimo endebedamente. A partida adicada ó pago de intereses desta débeda ascende a 27.000 millóns, 4.000 millóns de euros máis que o pasado ano.

O incremento dos impostos (IRPF, IVE, luz …) pese a resultar moi lesivos para todos, especialmente para os que menos teñen, terán un reducido impacto recaudatorio en cómputos globais e eso pese a que España xa se sitúa á cabeza da Unión Europea en carga fiscal. 

Ademáis, segundo suliñou Barreiro, ese incremento dos impostos non servirá para garantir as políticas sociais, xa que se limita o cobro de axudas por dependencia, por desemprego e, non hai que esquecer tampouco que a meirande parte das pensións están conxeladas e que o incremento previsto para as mínimas estará por debaixo do IPC.

Os representantes populares fixeron fincapé en que Galicia percibirá o vindeiro ano 500 millóns de euros menos de inversión que o previsto para o presente exercicio, ó pasar de 2.004 millóns a 1.550 e que Lugo, dos 316 previstos para o 2010, pasará a case a metade o vindeiro ano,  162 millóns de euros, nos que resulta notable que a meirande parte dos ministerios non inclúan ningunha actuación salientable na provincia e que os orzamentos previstos por Fomento non cubran as mínimas necesidades que precisa a provincia, moi deficitaria en dotación de infraestructuras, nas que “sumamos restraso sobre retraso”. “A inversión por habitante cae para o vindeiro ano a 463 euros por habitante”, puntualizou Joaquín García.

É chamativo que o ministro José Blanco anunciara hai uns meses que na A-56 Lugo-Ourense só se ían rescindir dous tramos, concretamente San Martiño-Barrela N e San Martiño enlace Barrela Norte, e agora resulte que rescinde todos os tramos.

No que atinxe a A-8, autovía do Cantábrico, que en teoría era unha das indultadas polo Sr. Blanco, e que debería estar operativa en 2011, non se saberá cando estará rematada. Posto que a maior parte do orzamento, as partidas máis abultadas, para os tramos Modoñedo-Lindín e Lindín-Careira proxéctanse para o 2014. É significativo que o orzamento previsto inicialmente para ambos tramos para o 2011 se rebaixe en 64 millóns de euros nas contas presentadas onte.

A-54, Lugo-Santiago, que debería finalizarse en 2012, retrasase agora ata o 2015.

No que atinxe a nova ponte sobre o Miño en Lugo, o vindeiro ano vaise investir menos da metade das previsións recollidas nos orzamentos de 2010. Con estas cifras e dado que para o 2012 fixase para ela unha optimista previsión de 17,8 millóns non parece estar claro que realmente se cumpla a data de finalización desta infraestructura.

Tamén resulta curioso que un dos proxectos virtuais estrela dos socialistas lucenses, como a estación intermodal, teña unha dotación de 200.000 euros o vindeiro ano e nada proxectado para os seguintes e que o desdobramento da ronda norte “esfumárase” das previsión gubernamentais.

Para o corredor da costa adicanse 134.100 euros no 2011 que, a primeira vista, parece unha partida ridícula para unha obra de tanta envergadura. Na que, por certo, o tramo que corresponde á Xunta está en obras.

“A consignación de 134.100 euros repítense en moitas obras que en anos anteriores eran moito máis amplas convertindose en testimoniais”, puntualizaron. “É a pedrea que nos toca a Lugo”, ironizou García Díez.

Os populares tamén fixeron fincapé en que a A-72 Monforte de Lemos-Chantada, “que tería que estar operativa”, prácticamente desapace dos orzamentos posto que para o ano vindeiro fíxanse 134.000 euros e “nada” a partir de aí. Parecido caso é o da A-76 Ponferrada-Monforte con 115.000 euros para 2011.

Para o AVE non hai nada. Nos orzamentos segue a falarse de estudos, agás os cinco millóns que se inclúen para continuar o único tramo de obra inciado xa no 2006, a variante de Pobra de San Xulián, que tería que estar rematado en abril deste ano.

Os populares acusaron ó Ministerio de Fomento de “incumplir os acordos suscritos coa Xunta” para cofinanciar obras. Exemplos desta situación son a ampliación e mellora da ETAP de Monforte que, aínda que incluida nos orzamentos, as cuantías especificadas non se correspondente co pactado. Así, para 2011 corresponderíalle ó Estado aportar 1,2 millóns de euros pero só aparecen recollidos 483.000 euros.

Máis “sangrantes” son os casos dos colectores xerais e a EDAR de Chantada e Cervo, uns proxectos redactados por Augas de Galicia e que, segundo o acordo asinado en xaneiro de 2010, ía executar o Estado, pero non hai partida específica para elo nos orzamentos dos vindeiro ano.

Os populares, á vista destas cifras, retaron ós socialistas a “dar a cara en Lugo” e explicar á cidadanía estes orzamentos e a detallar que fixeron e que teñen previsto facer.

El PP plantea la obligatoriedad de los contratos entre productores e industrias para combatir la “ruinosa” situación del sector lácteo

•    La Proposición de Ley contempla un contrato de compra con unas mínimas garantías, así como prever un período suficiente de preaviso en caso de que el comprador decida suspender la recogida de leche en una explotación o  que el productor decida cambiar de comprador o abandonar la producción
•    El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, critica que el Gobierno socialista no haya tenido la sensibilidad de otros países como Francia para defender a sus ganaderos

El conselleiro de Medio Rural de Galicia, Samuel Juárez, ha acompañado hoy en el Congreso al portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Llorens, en la presentación de una Proposición de Ley dirigida a la regulación de los contratos en las relaciones interprofesionales del sector lácteo “ante la ruinosa e insostenible situación” por la que atraviesa este sector.

Juárez pidió el apoyo de todos los grupos políticos “para que esta Proposición de Ley se apruebe lo antes posible en el Congreso y pueda ser aplicada para evitar la desesperación de los productores de leche y el abandono de las explotaciones”.

La Proposición de Ley, que nace de la “desesperanza de los ganaderos” tiene como puntos más destacados, de un lado, imponer la obligatoriedad de los contratos entre los productores de la leche y los primeros compradores, es decir, que haya una regulación de los contratos que sean obligatorios y, en segundo lugar, fomentar la negociación colectiva entre los productores de la leche y los propios compradores.

Los productores están vendiendo la leche a un 5% por debajo del precio medio de la UE, lo que no cubre los costes de producción, y el funcionamiento de los contratos de homologación está siendo absolutamente insuficiente, ya que tan solo cubren el 25% de la cuota láctea. Llorens aseguró que “ha llegado el momento de remediar la situación” y Juárez lamentó que el Gobierno socialista no haya tenido la sensibilidad de otros países, como Francia, para defender al sector.

Los contratos de obligatoriedad no sólo son buenos para los productores, para garantizarles unos precios mínimos y una seguridad en la recogida, sino que aportan elementos de certidumbre y seguridad jurídica y ofrecen estabilidad a todos los integrantes de la cadena comercializadores de la leche garantizando el suministro.

Los contratos contendrán el precio inicial así como los sistemas de ajuste en función de referencias, la identificación de las partes contratantes, la duración de los contratos, los parámetros de calidad y las características de la leche, las modalidades y plazos de pago, los periodos de preaviso a los que estarán obligados tanto los compradores como los vendedores y las causas de rescisión del contrato. Asimismo, se regula en la iniciativa los sistemas de inspección y el régimen sancionador.

Juárez aseguró que esperaba que esta Proposición de Ley sirviera para acabar con la injusticia y la desigualdad con la que conviven a diario los ganaderos gallegos y adelantó que introduce también la posibilidad de que los productores puedan negociar conjuntamente con la industria y no únicamente a título individual. Según explicó, “el Gobierno debe urgir a las instituciones comunitarias para que las negociaciones conjuntas sean posibles”.

O PP logra no Congreso importantes melloras tributarias para PEMEs e autónomos

Os deputados nacionais pola provincia de Lugo Joaquín García e Olga Iglesias salientaron hoxe as importantes ventaxas acadadas polo PP no Congreso para PEMEs e autónomos tras lograr o acordo unánime de todas as forzas para instar ó Goberno a que poña en marcha varias medidas con este obxectivo: a compensación das débedas tributarias dos contribuintes coas contraidas pola Administración central; o cambio no sistema de pago do IVE das facturas, permindo que se tribute polas que realmente se cobran e non polas que se emiten; así como a posta en marcha dunha línea ICO para que os Concellos poidan facer fronte ó pago das débedas pendentes, especialmente con autónomos e PEMEs.

Os deputados lucenses consideran que este acordo contribuirá a compensar a complicada situación na que se atopan autónomos e pequenas e medianas empresas por mor da crise económica, agravada pola propia incompetencia do Goberno central, que segue a amosar a súa incapacidade para articular por iniciativa propia accións que posibiliten un cambio de tendencia na conxuntura actual.

García Díez e Iglesias Fontal agardan que nesta ocasión o Goberno que preside Rodríguez Zapatero non faga oidos xordos ó mandato do Congreso e amplique coa maior cerelidade posible estas medidas para ben de todos.