El PP reclama en el Congreso ayudas para los afectados por las inundaciones en A Mariña lucense y pide al Gobierno que explique las medidas previstas

• Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal entienden que el Ejecutivo debe aclarar si la modificación del paisaje que ha supuesto la A-8 ha podido agravar los daños en el municipio de Lourenzá y, si es así, qué medidas se adoptarán para que no vuelva a suceder

Los diputados lucenses del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo socialista explique qué medidas adoptará para solucionar los importantísimos daños provocados por la borrasca que afectó al norte de la provincia de Lugo desde el pasado miércoles 9 de junio y que ha provocado numerosos desperfectos en infraestructuras públicas fundamentales que son competencia del Gobierno de España

Los populares quieren saber cuál es la planificación que tiene el Gobierno para realizar los trabajos y actuaciones que será necesario acometer para restaurar la situación de las infraestructuras afectadas, así cómo si el Ejecutivo de Zapatero tiene previsto poner en marcha alguna línea de ayudas para los afectados, qué tipo de ayudas serían, cuando se pondrían en marcha y qué ministerios se implicarían directamente.

García Díez e Iglesias Fontal consideran que el Gobierno debe explicar cuál fue el operativo implantado desde la Subdelegación del Gobierno en Lugo tras las tormentas, qué número y tipo de efectivos acudieron a las zonas afectadas en las primeras horas y a qué hora llegaron, así como qué medios se pusieron a disposición de cada uno de los ayuntamientos y de los vecinos afectados.

Los diputados lucenses se preguntan si la magnitud de los desperfectos sufridos en el casco urbano de Lourenzá, que nunca antes había sufrido inundaciones hasta la fecha, puede deberse a la modificación del paisaje que ha supuesto la autovía del Cantábrico (A8) en ese tramo y, por ello, entienden que el Gobierno debe aclarar si esto ha sido así y, en caso afirmativo, qué actuaciones sería necesario llevar a cabo para que esto no vuelva a suceder.

El PP exige a Espinosa que garantice la pesca de la merluza en el caladero Cantábrico-Noroeste y Golfo de Cádiz o indemnice a los afectados hasta que puedan hacerlo en 2011

• El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, considera “un insulto” la propuesta del Gobierno de que hasta finales de año sólo se puedan pescar entre 50 y 150 kilos/semanales por embarcación

• Asegura que esta situación es responsabilidad de la ministra por haber permitido una pesca sin tregua, no haber hecho una distribución a lo largo del año de las capturas por épocas y modalidades y por no haber tenido la precaución de hacer y presentar mensualmente una evolución de la cuota

 

El diputado Popular Joaquín García Diez, portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, exige a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que garantice la actividad a la flota pesquera que se dedica a la pesca de la merluza en el caldero del Cantábrico-Noroeste y Golfo de Cádiz, o bien les indemnice hasta que puedan hacer uso de la cuota de 2011.

Para García Díez, el pretendido ajuste de la pesca de la merluza que ha planteado la ministra, dado que España está a punto de alcanzar su cuota asignada para este año, pone  de manifiesto, una vez más y como ya sucedió con la pesca de la caballa, “el nefasto modelo de gestión diseñado por su Ministerio para cumplir con las exigencias comunitarias de recuperación de nuestros caladeros”.

Los populares entienden que el Ejecutivo socialista no puede hacer pagar a los pescadores un problema que ha generado su mala gestión política. “Si a estas alturas del año hace una redistribución de la cuota restante de merluza por modalidades de pesca, cuando ya se ha alcanzado el 90% de pesca del total de la cuota, el 10% restante no dará en lo que resta de año ni para compensar la consideración de la merluza que se pesque como especie no objetivo y así no tener que arrojarla al mar como descarte”.

Para el Grupo Parlamentario Popular, “proponer que las embarcaciones artesanales de bajura que tienen como principal fuente de ingresos la merluza puedan pescar en lo que resta de año entre 50 y 150 kilos/semanales, no es solamente desconocer la actividad pesquera y las condiciones en que pescan estas embarcaciones, es un insulto a la dignidad de los pescadores y de sus familias”, señaló García Díez .

El PP asegura que la causante de esta situación es la ministra Elena Espinosa, entre otras razones por permitir una pesca sin tregua, no haber hecho una distribución a lo largo del año de las capturas por épocas y modalidades y por no haber tenido la precaución de hacer y presentar mensualmente una evolución de la cuota, por lo que exigen a la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino “que solucione el problema para que los pescadores puedan seguir faenando y, de no ser así, les indemnice hasta que  puedan hacer uso en el cuarto trimestre de un adelanto de la cuota de 2011”.

El Partido Popular, dentro de su labor de oposición, estudiará llevar a cabo diferentes iniciativas urgentes para intentar paliar tanto despropósito y escasa preocupación por el sector pesquero, sobre todo porque considera que la mala gestión del Ejecutivo socialista ha dejado desamparados a los pescadores de la merluza del Cantábrico-Noroeste y Golfo de Cádiz.

García Díez reclama en Europa una profunda reforma de la Política Pesquera Común

• El diputado lucense apostó por crear un régimen diferenciado para proteger las flotas costeras artesanales y reclamó medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y en consumo

• Los populares reclaman que debe suprimirse el principio de estabilidad relativa y piden la introducción de derechos transferibles de pesca a la flota de altura

El Portavoz Popular de Pesca y diputado por Lugo, Joaquín García Diez, ha participado hoy en Bruselas en una interparlamentaria de países miembros afectados por la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), invitado por la Presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

El portavoz Popular ha aprovechado su intervención para asegurar que la publicación del Libro Verde le parece una apuesta muy interesante de la Comisión. “Compartimos con vosotros que para que esta reforma sea eficaz se necesitará de un gran cambio que requiere la participación de todos los interlocutores del sector, de las administraciones europeas competentes en materia pesquera, incluso la de los ciudadanos interesados”, dijo García Díez.

En relación a la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común que ha puesto en marcha la Comisión europea, Joaquín García Diez, sostiene, tal como recoge el documento elaborado por el Partido Popular, que dicha reforma ha de contribuir al fortalecimiento del sector pesquero europeo y en particular del español, de manera que se garantice su futuro.

El portavoz Popular de Pesca evidenció que España tiene regiones altamente dependientes de la pesca, como Galicia, y un importante sector pesquero, acuícola y conservero, así como una industria transformadora y comercializadora de los productos del mar en constante crecimiento.

García Díez apostó porque las normas que se desarrollen tengan un contenido sencillo y claro, pidió que fueran uniformes y de fácil aplicación en el ámbito de la Unión Europea y reclamó, además, que se procure que respondan a una política coherente y de interés para los pescadores europeos y españoles.

A juicio del Partido Popular, debe abordarse una reforma en profundidad de la Política Pesquera Común que contemple, entre otros, los siguientes aspectos.

- Como objetivos políticos de la PPC, deben mantenerse los sociales, económicos y ecológicos sin priorizar ninguno.
- Hay que crear un régimen diferenciado para proteger las flotas costeras artesanales. Apoyar la pesca de bajura (artesanal) y el marisqueo de forma diferenciada, teniendo en cuenta su impacto socioeconómico, de manera que permita conservar el tejido social y la entidad cultural, para así garantizar una pesca sostenible, debiendo definirse con precisión el concepto de pesca de bajura (artesanal).
- Debe suprimirse el principio de estabilidad relativa e introducción de derechos transferibles de pesca a la flota de altura.
- Debe establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, que no guardan una relación razonable entre los costes comerciales y los riesgos de la actividad comercial de estos productos, estableciendo las medidas adecuadas para que el sector extractivo pueda tener la influencia que le corresponde en la cadena comercial “del mar al consumo” ó de la piscifactoría al consumo.
- Es necesario potenciar la actividad pesquera sostenible de los buques comunitarios en aguas exteriores a través de las Organizaciones regionales de Pesca y los Acuerdos de Asociación Pesquera, así como que se acredite que los productos pesqueros importados de países terceros proceden de pesquerías y actividad pesquera sostenible.

García Díez, que aprovechó su intervención para invitar a visitar Galicia durante el año Xacobeo a todos los miembros de la Comisión de Pesca de la UE, felicitó y agradeció a la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, la eurodiputada Carmen Fraga, su iniciativa y apuesta en favor del sector pesquero europeo, que tan necesitado está en estos momentos de apoyo como consecuencia de la crisis particular que le atenaza en el último quinquenio. Para los populares, “es evidente que, por diversas causas, la flota ha visto disminuir sus rendimientos, a lo que hay que sumar la crisis económica general que afecta más intensamente al sector pesquero y que, además, ha provocado que se reduzcan de forma importante los créditos”.

García Díez reclama en Europa una profunda reforma de la Política Pesquera Común

• El diputado lucense apostó por crear un régimen diferenciado para proteger las flotas costeras artesanales y reclamó medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y en consumo
• Los populares reclaman que debe suprimirse el principio de estabilidad relativa y piden la introducción de derechos transferibles de pesca a la flota de altura

El Portavoz Popular de Pesca y diputado por Lugo, Joaquín García Diez, ha participado hoy en Bruselas en una interparlamentaria de países miembros afectados por la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), invitado por la Presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

El portavoz Popular ha aprovechado su intervención para asegurar que la publicación del Libro Verde le parece una apuesta muy interesante de la Comisión. “Compartimos con vosotros que para que esta reforma sea eficaz se necesitará de un gran cambio que requiere la participación de todos los interlocutores del sector, de las administraciones europeas competentes en materia pesquera, incluso la de los ciudadanos interesados”, dijo García Díez.

En relación a la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común que ha puesto en marcha la Comisión europea, Joaquín García Diez, sostiene, tal como recoge el documento elaborado por el Partido Popular, que dicha reforma ha de contribuir al fortalecimiento del sector pesquero europeo y en particular del español, de manera que se garantice su futuro.

El portavoz Popular de Pesca evidenció que España tiene regiones altamente dependientes de la pesca, como Galicia, y un importante sector pesquero, acuícola y conservero, así como una industria transformadora y comercializadora de los productos del mar en constante crecimiento.

García Díez apostó porque las normas que se desarrollen tengan un contenido sencillo y claro, pidió que fueran uniformes y de fácil aplicación en el ámbito de la Unión Europea y reclamó, además, que se procure que respondan a una política coherente y de interés para los pescadores europeos y españoles.

A juicio del Partido Popular, debe abordarse una reforma en profundidad de la Política Pesquera Común que contemple, entre otros, los siguientes aspectos.

- Como objetivos políticos de la PPC, deben mantenerse los sociales, económicos y ecológicos sin priorizar ninguno.
- Hay que crear un régimen diferenciado para proteger las flotas costeras artesanales. Apoyar la pesca de bajura (artesanal) y el marisqueo de forma diferenciada, teniendo en cuenta su impacto socioeconómico, de manera que permita conservar el tejido social y la entidad cultural, para así garantizar una pesca sostenible, debiendo definirse con precisión el concepto de pesca de bajura (artesanal).
- Debe suprimirse el principio de estabilidad relativa e introducción de derechos transferibles de pesca a la flota de altura.
- Debe establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, que no guardan una relación razonable entre los costes comerciales y los riesgos de la actividad comercial de estos productos, estableciendo las medidas adecuadas para que el sector extractivo pueda tener la influencia que le corresponde en la cadena comercial “del mar al consumo” ó de la piscifactoría al consumo.
- Es necesario potenciar la actividad pesquera sostenible de los buques comunitarios en aguas exteriores a través de las Organizaciones regionales de Pesca y los Acuerdos de Asociación Pesquera, así como que se acredite que los productos pesqueros importados de países terceros proceden de pesquerías y actividad pesquera sostenible.

García Díez, que aprovechó su intervención para invitar a visitar Galicia durante el año Xacobeo a todos los miembros de la Comisión de Pesca de la UE, felicitó y agradeció a la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, la eurodiputada Carmen Fraga, su iniciativa y apuesta en favor del sector pesquero europeo, que tan necesitado está en estos momentos de apoyo como consecuencia de la crisis particular que le atenaza en el último quinquenio. Para los populares, “es evidente que, por diversas causas, la flota ha visto disminuir sus rendimientos, a lo que hay que sumar la crisis económica general que afecta más intensamente al sector pesquero y que, además, ha provocado que se reduzcan de forma importante los créditos”.

El PP acusa al Gobierno de no defender los intereses del sector pesquero y le reclama “menos autobombo y más autocrítica”

• El portavoz popular de Pesca, Joaquín García Díez, recuerda la actuación del Ejecutivo socialista en la pésima planificación de la campaña de caballa y su falta de apoyo a los patrones de los buques retenidos en Mauritania
• Los populares exigen a Martín Fragueiro que se emplee a fondo para frenar las modificaciones previstas por la UE en los niveles de biotoxinas marinas

El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Joaquín García Díez, ha acusado hoy al secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, de tener desatendido al sector pesquero español y ha afirmado que el ministerio que dirige Elena Espinosa actúa con improvisación y provoca problemas a los pescadores en lugar de ofrecerles soluciones.

Para García Díez, un claro ejemplo de la improvisación con que actúa el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es la mala planificación de la campaña de la caballa y, en este sentido, ha pedido al Ministerio que evite la pesca sin tregua y que para la próxima campaña desarrolle un plan de gestión pactado con el sector y las CCAA.

Los populares entienden que tampoco las gestiones desarrolladas por el Ministerio para liberar a los buques Loremar y Lameiro I, que fueron retenidos en Mauritania, fueron las correctas. Según García Díez, “hubo intento de ocultarlo a la opinión pública, marginaron al Gobierno de la Xunta y discriminaron a los patrones de estos buques, a los que se les impidió acceder al buque Intermares, propiedad de la Secretaria del Mar, que se encontraba esos días en la zona”. El portavoz popular de Pesca sigue pensando que la Ministra debe pedir disculpas públicas por estos hechos a los patrones.

El PP le ha recordado también al Sr. Martín Fragueiro que la posición del Gobierno de apoyo a la prohibición del comercio internacional del atún rojo no ha ayudado precisamente al sector y García Díez ha enfatizado que si hoy esta especie no está en CITE es por la posición de otros países, ya que el Ejecutivo socialista no ha respetado los acuerdos adoptados en el Congreso. El portavoz del PP en la Comisión de Pesca recordó que el Gobierno debía tener en cuenta los dictámenes de los comités científicos tanto de ICCAT como de la UE en defensa del sector pesquero y solicitó al Gobierno de Zapatero que promueva que ICCAT adquiera competencias en control pesquero, realizando una coordinación de alta inspección.

En su intervención, García Diez manifestó también la preocupación de su grupo parlamentario, compartida por la flota de arrastre del Mediterráneo, por el cambio de malla que implica tener que utilizar torzal de 3 mm, lo que hace prácticamente imposible rentabilizar esta actividad. Los populares son partidarios de prorrogar la fecha de 31 de mayo presente, que fija la reglamentación comunitaria en su aplicación, y que, entre tanto, el IEO realice los estudios oportunos.

Biotoxinas marinas
El secretario general del Mar también tuvo que dar explicaciones en su comparecencia sobre el cambio propuesto por la Comisión europea del método analítico y niveles de biotoxinas de los productos de marisqueo y de miticultura. Para García Díez, “Martín Fragueiro mostró su desconocimiento del tema al afirmar que la UE no ha promovido modificación de los niveles de biotoxinas actuales, cuando la Comisión Técnica de la Cadena Alimentaria de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha hecho propuestas concretas como es la reducción de los niveles de la toxina paralizante (PSP) de reducción de 800 microgramos marcada por el Reglamento (CE) 853/2004 a 75 microgramos”.

Los populares pidieron al secretario general del Mar que el Gobierno se emplee a fondo en este tema. “La propuesta está sobre la mesa, aunque la desconozca el secretario general”, le dijo García Díez, que afirmó que las repercusiones de esta modificación para Galicia serían desastrosas.

Por parte del portavoz adjunto de Pesca, el diputado Aurelio Sánchez Ramos, puso de manifiesto la baja utilización que están haciendo los pescadores españoles del acuerdo de Pesca con Marruecos, que, según dijo, se debe a que éste, cuando se firmó, respondía a intereses políticos y no a los del sector. Según afirmó, “el Gobierno era conocedor del mal estado en que se encontraba el recurso en el caladero marroquí y a pesar de ello lo firmó”.

El secretario general del Mar ha dicho sentirse satisfecho del actual acuerdo de Pesca con Marruecos “porque permite el desarrollo del sector pesquero marroquí y está facilitando la cooperación en otras áreas ajenas a la pesca”, una tarea que, según el portavoz adjunto popular, “está bien pero no debe hacerse con dinero de los pescadores”.

Sánchez Ramos le solicitó al secretario general del Mar que informe el sector pesquero para que sea conocedor de todos los pasos que se den para renovar este acuerdo y que no se pierda ni una posibilidad de pesca siempre que ésta sea rentable, para lo que pidió que se abriese a todas las modalidades de pesca.

Los diputados gallegos del PP reclaman a Blanco que aclare de una vez cómo se verán afectadas las inversiones de Fomento en Galicia

• Los populares creen que es importante que el ministro aclare quién dice la verdad, si él o el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, que aseguró que habría retrasos en las infraestructuras gallegas, y piden a los socialistas que dejen de jugar al “hombre bueno” y “hombre malo”
• Recuerdan que los gallegos cerraron el 2009 con el objetivo cumplido de un 1% de déficit gracias a la política de austeridad y control del gasto de Núñez Feijóo, por lo que aseguran que “en Galicia sí se han hecho los deberes y no debemos pagar los errores de la gestión de Zapatero”

Los diputados gallegos del PP en el Congreso acaban de presentar una batería de preguntas para que el ministro de Fomento, José Blanco, confirme en sede parlamentaria su compromiso a mantener los plazos suscritos en el Pacto del Obradoiro para la Alta Velocidad en Galicia, a pesar del obligado recorte en la programación de infraestructuras que el Gobierno se verá obligado a hacer por no haber cumplido los objetivos de reducción del déficit marcados por Bruselas.

Tras la comparecencia de Blanco el pasado miércoles en la Comisión de Fomento, en la que no desveló como afectaría este recorte a los proyectos de infraestructuras de Galicia y eludió concretar si el compromiso de la llegada del AVE a nuestra Comunidad se mantenía para el 2015 o se retrasaba un año más, aunque sí dijo que todas las Comunidades Autónomas se verían afectadas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió por carta la inmediata convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Obradoiro y logró arrancar al ministro, por segunda vez, el compromiso por escrito de los plazos comprometidos con Galicia.

Sin embargo, las tranquilizadoras palabras del ministro, que aseguró por carta a Feijóo que nada cambiará en relación al Protocolo de desarrollo de la red de alta velocidad a Galicia firmado el pasado año, chocan frontalmente con las declaraciones del Delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, que al día siguiente reconocía que habría recortes y que la alta velocidad gallega sufrirá una "ralentización del proceso de materialización".

El coordinador de los diputados gallegos del PP, Celso Delgado, ante estas claras divergencias, entiende que Blanco está obligado a explicar a quién debemos creer y si cumplirá a lo que se ha comprometido en dos ocasiones por escrito o por el contrario tiene razón su delegado del Gobierno.

Para los populares gallegos, es importante que el ministro de Fomento confirme en sede parlamentaria quién dice la verdad, ya que, de lo contrario, parece que se han dividido los papeles y él se encarga de la propaganda y las buenas noticias mientras que deja a los demás los recortes y los incumplimientos. ”Es el momento de realidades, no de estrategias mediáticas”, sentenció el coordinador de los diputados gallegos del PP.

Delgado recuerda que Blanco no desveló como afectaría el recorte a los proyectos de las autovías y del ferrocarril en Galicia, aunque anunció ya algunas malas noticias para todos los gallegos como que no se harían dos de los AVES del Plan Galicia: El AVE del Cantábrico y el AVE Ponferrada-Valdeorras-Monforte.

El coordinador de los diputados gallegos del PP en el Congreso recordó que Galicia cerró el ejercicio 2009 cumpliendo el objetivo marcado por el propio Gobierno central del 1% de déficit, gracias a una política de austeridad y control del gasto impulsada por el presidente Núñez Feijóo, por lo que subrayó que los gallegos, que sí han hecho sus deberes y además se vieron marginados por el Gobierno socialista en materia de infraestructuras durante todo el mandato de Magdalena Álvarez, no pueden pagar nuevamente la mala gestión del PSOE con más retrasos en el AVE.

García Díez e Iglesias Fontal lamentan que los lucenses vayan a pagar con recortes en sus infraestructuras la mala gestión de Zapatero

• Recuerdan que el ministro José Blanco ha anunciado ya, a falta de la reprogramación completa de inversiones, el retraso de la llegada de la Alta Velocidad, el adiós al AVE del Cantábrico y el fin de la línea Ponferrada-Monforte
• Los diputados populares por Lugo han presentado ya hoy iniciativas parlamentarias exigiendo concreción sobre las obras en la provincia
  

Los diputados lucenses Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal están muy preocupados tras el anuncio de recorte de infraestructuras hecho por el ministro de Fomento, José Blanco, que afectará a importantes infraestructuras de la provincia de Lugo.

Blanco aseguró que no puede garantizar el ritmo de las obras de tramos del AVE en ejecución, pero sin embargo sí dejó claro que la línea de Ponferrada a Monforte se quedará sin Alta Velocidad, ya que lo supeditó a que los ayuntamientos afectados o los gobiernos autonómicos de Galicia y Castilla-León estén dispuestos a “pagar el mantenimiento de dicha línea”.

Los diputados populares entienden que estos recortes afectarán sin duda también a la línea de AVE entre Lugo y Ourense, donde al no existir tramos en obra ni adjudicaciones a la vista lo previsible, tras la intervención de Blanco de ayer, es que quede archivada.

“Lo que está en marcha se retrasará al menos en un año y lo que está sin empezar se anulará”, afirmaron Joaquín García y Olga Iglesias después de escuchar durante la tarde de ayer al Ministro Blanco en su comparecencia ante la Comisión de Fomento.

Para la Diputados lucenses es inadmisible que los errores y la mala gestión del gobierno socialista la tengan que pagar todos los lucenses, y critican que en el terreno de las infraestructuras se aplique la receta de “pan para todos” sin tener presente los retrasos importantes en infraestructuras acumulados en la provincia de Lugo tras la paralización del Plan Galicia por Zapatero.

García Díez e Iglesias Fontal entienden que, en lo referente a las autovías pendientes en Lugo, quedó claro que la que está en ejecución entre Lugo y Santiago sufrirá reprogramación con retrasos que superarán los doce meses, mientras que el futuro de la Autovía de Lugo a Ourense se vislumbra bastante negro. Para los populares, probablemente quede definitivamente olvidada. Joaquín García y Olga Iglesias creen que las palabras del ministro “que nadie se llame a engaño, esto no volverá a ser lo que fue”, refiriéndose al ritmo inversor de Fomento, van a suponer la paralización de importantes inversiones pendientes en Lugo, lo que, a su juicio, “tendrá graves consecuencias en la economía lucense”.

Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal han presentado hoy mismo iniciativas parlamentarias de cara a conocer al detalle los recortes en plazos y cuantías de obras que afectan a la provincia de Lugo, así como los proyectos que se pretenden anular y una relación de todas las inversiones reales de los diferentes ministerios en la provincia.