Los diputados gallegos del PP acusan al Gobierno de irresponsabilidad por no haber informado de la sanción por sobrepesca de caballa en 2010

• Los diputados gallegos del PP reclaman al Ejecutivo socialista que, al menos, negocie un plazo de diez años en lugar de cinco para la compensación
• El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, exige un procedimiento transparente de seguimiento de las descargas diarias para que no haya desfase entre los datos de los armadores y los del Gobierno
• El PP anuncia que solicitará la comparecencia de la ministra Rosa Aguilar para dar explicaciones sobre este tema

Los diputados gallegos del PP, a la vista de la situación generada en la flota pesquera que participa en la pesquería de la caballa con la sanción comunicada de forma sorpresiva por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y tras el anuncio del cierre anticipado de la pesquería a sólo 15 días de haberse iniciado la presente campaña, quieren manifestar “el absoluto rechazo del PP a la improvisación del Gobierno”. Para los populares, “la falta de gestión del Gobierno socialista volverá a suponer un triste episodio para nuestros marineros y armadores”.

Los diputados populares, con motivo de la interpelación al Gobierno en el Pleno del Congreso por los importantes recortes de las cuotas pesqueras, denuncian la falta de capacidad del Ejecutivo de Zapatero por no haber reconocido el problema y criticaron, además, que la ministra hubiera ocultado a los afectados la sanción por posible sobrepesca en la cuota del 2010.

Los populares aprovecharán la oportunidad que ofrece el trámite parlamentario para solicitar, a través de la moción consecuencia de la interpelación que hoy se debatía, que se realicen las alegaciones pertinentes ante la Comisión Europea para aclarar el origen de la supuesta sobrepesca en la cuota de caballa durante el 2010 y que ha generado que ahora se descuenten esas 20.000 toneladas de las cuotas asignadas a España durante los próximos 5 años.

El portavoz de Pesca del GPP, el diputado lucense Joaquín García Díez, adelantó que el PP solicitará al Gobierno que, por lo menos, si no es capaz de arreglar la situación intente alargar el plazo de compensación a 10 años para que la pesquería pueda estar abierta más tiempo.

El PP reclama al Ejecutivo que se comprometa a articular un procedimiento sencillo y transparente, coordinado con las CC.AA. afectadas, para realizar un seguimiento de las descargas diarias en puerto que permita determinar, de manera rigurosa, el consumo de cuotas día a día.

Para García Díez, resulta inaceptable que se cerrara provisionalmente la pesquería de la caballa estimando que la cuota asignada a España se había consumido entorno al 90% “cuando los representantes del sector consideran que no se ha llegado al 50%”.

Los diputados populares creen que deben revisarse los procedimientos de comunicación de capturas de los armadores y marineros a la administración del Estado (Diario Electrónico de A Bordo), ya que el actual está resultando poco fiable.

“No es posible que existan diferencias abismales entre los datos aportados por los armadores y los que maneja el Ministerio y que se adopte un cierre provisional en base a estas cifras sin contrastar”, señala García Díez, que considera que “esto parece propio de un Gobierno irresponsable que no es consciente de que está jugando con el pan de muchas familias”.

El PP anuncia que además de la Proposición no de Ley para reclamar un plan de estabilidad para la flota de arrastre del Cantábrico y Noroeste que pesca bacaladilla, presentada recientemente, hará lo propio esta semana para reclamar medidas urgentes de apoyo a la flota pesquera que participa en la pesquería de la caballa y solicitará, además, la comparecencia de la ministra Rosa Aguilar para informar sobre las medidas que piensa adoptar para solucionar esta situación.

García Díez reclama al Ejecutivo que promueva en las instancias comunitarias la anulación de la sanción impuesta por la Comisión Europea para la cuota de caballa

• Acusan al Gobierno de irresponsabilidad por no haber informado al sector de la sanción por sobrepesca en el 2010
• El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, exige un procedimiento transparente de seguimiento de las descargas diarias para que no haya desfase entre los datos de los armadores y los del Gobierno
• El PP anuncia que solicitará la comparecencia de la ministra Rosa Aguilar para dar explicaciones sobre este tema

El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, a la vista de la situación generada en la flota pesquera que participa en la pesquería de la caballa con la sanción comunicada de forma sorpresiva por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y tras el anuncio del cierre anticipado de la pesquería a sólo 15 días de haberse iniciado la presente campaña, quiere manifestar “el absoluto rechazo del PP a la improvisación del Gobierno”. Para los populares, “la falta de gestión del Gobierno socialista volverá a suponer un triste episodio para nuestros marineros y armadores”.

García Díez, con motivo de la interpelación al Gobierno en el Pleno del Congreso por los importantes recortes de las cuotas pesqueras, denunció la falta de capacidad del Ejecutivo de Zapatero por no haber reconocido el problema y criticó, además, que la ministra hubiera ocultado a los afectados la sanción por posible sobrepesca en la cuota del 2010.

Los populares aprovecharán la oportunidad que ofrece el trámite parlamentario para solicitar, a través de la moción consecuencia de la interpelación que hoy se debatía, que se realicen las alegaciones pertinentes ante la Comisión Europea para aclarar el origen de la supuesta sobrepesca en la cuota de caballa durante el 2010 y que ha generado que ahora se descuenten esas 20.000 toneladas de las cuotas asignadas a España durante los próximos 5 años.

El portavoz de Pesca del GPP, el diputado lucense Joaquín García Díez, adelantó que el PP solicitará al Gobierno que, en caso de obtener respuesta negativa a su petición de anulación de la sanción, promueva en la instancias comunitarias al menos el aplazamiento de las sanciones en un periodo de tiempo mayor que lo establecido por la Comisión, que son cinco años.

Para paliar las consecuencias de los recortes en la cuota de la caballa, el diputado popular solicitará igualmente medidas compensatorias equivalentes al lucro cesante que tendrá la flota española por las deducciones de la cuota de caballa que se le ha repercutido en la campaña 2011.

El PP reclama al Ejecutivo que se comprometa a articular un procedimiento sencillo y transparente, coordinado con las CC.AA. afectadas, para realizar un seguimiento de las descargas diarias en puerto que permita determinar, de manera rigurosa, el consumo de cuotas día a día.

Para García Díez, resulta inaceptable que se cerrara provisionalmente la pesquería de la caballa estimando que la cuota asignada a España se había consumido entorno al 90% “cuando los representantes del sector consideran que no se ha llegado al 50%”.

El diputado popular cree que deben revisarse los procedimientos de comunicación de capturas de los armadores y marineros a la administración del Estado (Diario Electrónico de A Bordo), ya que el actual está resultando poco fiable.

“No es posible que existan diferencias abismales entre los datos aportados por los armadores y los que maneja el Ministerio y que se adopte un cierre provisional en base a estas cifras sin contrastar”, señala García Díez, que considera que “esto parece propio de un Gobierno irresponsable que no es consciente de que está jugando con el pan de muchas familias”.

García Diez se pregunta por qué la ministra Aguilar pide el beneficio de la duda hacia el Ministerio a la hora de cerrar la pesquería, y no lo tiene ella hacia los pescadores dudando y cuestionando los datos que ellos enviaron al Ministerio.

El PP anuncia que además de la Proposición no de Ley para reclamar un plan de estabilidad para la flota de arrastre del Cantábrico y Noroeste que pesca bacaladilla, presentada recientemente, hará lo propio esta semana para reclamar medidas urgentes de apoyo a la flota pesquera que participa en la pesquería de la caballa y solicitará, además, la comparecencia de la ministra Rosa Aguilar para informar sobre las medidas que piensa adoptar para solucionar esta situación.

Los diputados gallegos del PP denuncian la inoperancia del Gobierno para dar soluciones a la grave crisis del sector ganadero

• Reprochan al Ejecutivo el incumplimiento del Plan de Choque anunciado por el presidente Zapatero y censuran su debilidad negociadora en Bruselas
• Anuncian que presentarán una batería de preguntas para reclamar al Ejecutivo medidas de apoyo a la plantilla de los trabajadores de Clesa y para la viabilidad de la planta de Caldas de Reis

Los diputados gallegos del PP están muy preocupados por  “la inoperancia y la falta de resultados” de las iniciativas del Gobierno para paliar la grave crisis del sector ganadero, una crisis que se viene arrastrando desde el 2004 y que se ha agravado por la mala situación económica general.

Tras la interpelación de hoy del GPP a la ministra sobre la situación del sector, a cargo del portavoz de Agricultura José Ignacio Llorens, los diputados gallegos del PP quieren señalar que “la subida de los costes de alimentación, especialmente de los piensos, que prácticamente se han duplicado en los últimos meses, así como el brutal incremento del precio de la energía, han situado al sector ganadero en graves perdidas de rentabilidad”.

Los populares denuncian el goteo incesante de cierres de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, avícola, vacuno de carne y leche, porcino..., superando en más de 50.000 el abandono de las explotaciones ganaderas en los tres últimos años.

En este sentido, la portavoz adjunta de Agricultura del GPP, Olga Iglesias,   subrayó que el Gobierno “no ha sido capaz de reequilibrar la cadena agroalimentaria de productos ganaderos, posibilitando la absorción de los incrementos de costes por la distribución”.

Los diputados populares gallegos destacan la dificultad que tienen los ganaderos para financiarse ante la restricción de los créditos, junto con una fiscalidad poco flexible, tanto en Módulos, en el IRPF, como Impuestos de Sociedades.

El PP denuncia que no se cumple el llamado Plan de Choque prometido por el Presidente del Gobierno a las OPAS y Cooperativas, que hubiese evitado parcialmente el llegar a la situación actual, y los diputados gallegos del PP critican la debilidad negociadora del Gobierno en Bruselas. “Son incapaces de conseguir las mismas condiciones de seguridad, sanidad, trazabilidad y bienestar animal para las importaciones ganaderas de terceros países que las que se exigen a los producciones de los países miembros”, denuncian.

El PP anunció que la próxima semana presentará una moción ante el Pleno del Congreso de los Diputados para pedir líneas especificas de crédito del ICO que lleguen a todos los ganaderos; mejoras fiscales en la reducción de los módulos; incremento de los gastos de difícil justificación en el Impuesto de Sociedades; exención temporal del IBI de rústica; moratorias, en su caso anuales, de las cotizaciones a la Seguridad Social; la subida del IVA de compensación al 10% tal y como lo tienen los agricultores y  actuaciones legislativas para reequilibrar la cadena agroalimentaria, entre otros aspectos.

Los diputados gallegos del PP esperan que todos los grupos sepan anteponer los intereses generales y la necesidad de defender los intereses de los ganaderos por encima de los intereses políticos.

Preguntas Clesa
Por otra parte, los diputados gallegos del PP han presentado hoy una batería de preguntas en el Congreso para reclamar al Gobierno que explique qué medidas piensa adoptar para garantizar la permanencia de los puestos de trabajo de los trabajadores de Clesa.

La portavoz adjunta de Agricultura, la lucense Olga Iglesias, quiere saber si el Ejecutivo socialista tiene en mente alguna salida para los trabajadores de la planta de Clesa situada en Caldas de Reis y para los del resto del grupo.

La empresa CLESA, perteneciente al Grupo Nueva Rumasa, posee una planta de producción en el municipio de Caldas de Reis (Pontevedra) en la que trabajan 160 empleados.
Los diputados populares exigen saber también qué medidas piensa adoptar el Gobierno socialista para asegurar el cobro del dinero adeudado a los ganaderos gallegos por parte de CLESA, ya que más de 500 explotaciones ganaderas de Galicia venden en la actualidad leche a la planta de Caldas de Reis y los cálculos son que se adeuda a los ganaderos gallegos más de 3.700.000 euros.

García Díez pide al Gobierno que evite la implantación traumática del decreto regulador de los contratos obligatorios en el sector lácteo

• El diputado lucense ha reclamado hoy al secretario de Estado de Medio Ambiente que evite que el 1 de abril los ganaderos se vean obligados a firmar sin que se haya pactado un precio base y una actualización de precios para que el decreto no sea una trampa para los ganaderos

El diputado lucense Joaquín García Díez ha intervenido hoy para criticar que el Gobierno haya tardado tanto tiempo en hacer propuestas legislativas para normalizar las relaciones entre los productores y las industrias.

García Díez, que recordó que Espinosa no planteó ni una sola propuesta en seis años, ha denunciado que el que no hayan admitido a trámite la proposición de ley del PP relativa a la formalización de contratos entre productos y empresas ha hecho que se pierda bastante tiempo, ya que con la regulación del Gobierno no se dispone de un régimen sancionador, fundamental para la implantación del sistema.

García Díez entiende que algo no marcha bien en las previsiones del MARM y ha destacado que han pasado varios meses y a pesar de las múltiples reuniones con los representantes del sector, con la Interprofesional y teniendo de su parte, incluso, el apoyo político y jurídico de la Comisión, no se puede decir que los contratos sean una realidad.

El retraso, en opinión del diputado popular lucense, parece estar en la falta de entendimiento y sintonía entre el MARM y la Comisión Nacional de la Competencia, que sigue en sus trece de torpedear los acuerdos entre productores e industriales, no solo del sector lácteo, sino de cualquier otro producto agrario en origen.

García Díez acusó al Gobierno de ser incapaz de reconducir la situación, al menos como lo plantea la legislación francesa, y ha recordado que la legislación europea es menos intransigente con los acuerdos en origen.

El diputado popular puso de manifiesto que resultaba cuando menos curioso  que la Comisión Nacional de la Competencia no mostrase el mismo celo que ha mostrado con los contratos lácteos con la Gran Distribución,  para así evitar las bajadas de precios de las marcas blancas, de las ventas a pérdidas de los productos “reclamos” (leche, aceite..) y, especialmente del poder negociador que gozan al final de la cadena agroalimentaria al tener un número reducido frente a las decenas de Industrias y los miles de ganaderos.

García Díez ha reclamado al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, que explicase qué medidas piensa adoptar el Gobierno para asegurar que el nuevo sistema no se implanta de forma traumática, y sobre todo, qué hará para que no se convierta en la práctica en una trampa para el ganadero. “No queremos que el 1 de abril las industrias pongan delante del ganadero un contrato con un precio determinado y le digan "o firmas, o mañana no puedo recogerte la leche porque la ley me lo impide". En esta etapa inicial tiene que haber un acuerdo firme de la INLAC para implantar el sistema sin sobresaltos, y eso debe implicar un precio "base" de alguna forma, y un sistema de actualización de precios”, sentenció el diputado popular.

El PP espera que la vicepresidenta Salgado ponga orden y pida ayuda a Aguirre, ya que, de lo contrario, los populares temen que la CNC siga torpedeando esta iniciativa y que determinadas industrias sigan aprovechando la situación.

García Díez acusa a Blanco de ocultar información respecto a los enlaces del nuevo puente con la ciudad de Lugo

•    El diputado lucense ha pedido el amparo de Bono porque el ministro lleva casi diez meses sin responder a preguntas relacionadas con la conexión del puente
•    Los populares califican de falta de respeto que el ministro presuma de que va a acortar los plazos de la obra y reconozca que el estudio informativo está realizado y, sin embargo, no quiera hacer públicos los viales por los que accederá al centro de la ciudad 
•    García Díez y Olga Iglesias esperan que este retraso no sea un truco para evitar que los lucenses conozcan antes de las elecciones municipales si piensa seguir destrozando zonas verdes

El diputado lucense Joaquín García Díez acaba de registrar una petición de amparo en el Congreso, después de que hayan transcurrido casi diez meses sin que el Ministerio de Fomento haya respondido, dentro del plazo legal obligatorio, a una serie de preguntas que el PP presentó el pasado 22 de abril relacionadas con la conexión del Nuevo Puente sobre el Río Miño con el viario urbano de Lugo.

De las seis preguntas presentadas por los diputados lucenses Olga Iglesias y Joaquín García Díez, el ministro Blanco respondió a una el pasado 17 de agosto, afirmando que se licitaría la obra cuando se dispusiera de presupuesto, y el pasado 5 de enero respondió a otras dos, pero, a fecha de hoy, los lucenses siguen sin saber la parte más importante de las preguntas, es decir, por dónde transcurrirán los enlaces entre el puente y el centro de la ciudad.

García Díez considera una falta de respeto que no se informe a los lucenses ni a los diputados de la oposición, cuando el ministro ha reconocido ya públicamente que el estudio informativo está terminado y el proyecto se está redactando y ha recordado que el pasado 17 de abril de 2010, en una visita a Lugo,  José Blanco anunció que la conexión del puente con la ciudad se realizaría a través de “un trazado independiente al de la Volta da Viña”.

Para los diputados lucenses, “no parece lógico que el Ministerio de Fomento esté invirtiendo más de  27 millones de euros en un puente, necesario y largamente demandado, y oculte algo tan importante cómo su conexión con el centro de la ciudad”.

El ministro de Fomento no se ha pronunciado sobre la propuesta del Grupo Municipal Popular, recogida en una Proposición no de Ley del PP presentada en junio del 2009, en la que se planteaba ejecutar un enlace a través de la calle Santiago, conectando esta vía con la rotonda de nueva ejecución vinculada al puente y elevada sobre la Nacional VI, a través de la Volta da Viña y afectando en la menor medida posible al Parque de Marcos Cela.

Para García Díez, es importante que Blanco aclare si incluirá en el nuevo proyecto de conexión del puente y el caso urbano un paso a distinto nivel entre las calles de Santiago y la Ronda de los Deportes, así como que reconsidere su negativa, tal y como se desprende de una de sus respuestas, a la construcción de una rotonda en el encuentro de la calle Alfonso X el Sabio y la N-VI, dado lo peligroso que resulta este cruce en la actualidad y que previsiblemente con la ejecución del nuevo puente se agrave la situación.

“No parece adecuado priorizar en ajardinar rotondas y medianas, como anunciaron estos días, sin atender primero las cuestiones ligadas a la seguridad vial, en un tramo de la N-VI que registra una elevada estadística de trafico y de accidentes”, afirmó Joaquín García..

El diputado popular por la provincia de Lugo ha solicitado el amparo ante el presidente de la Cámara, José Bono, para obligar al Gobierno a contestar a todas estas cuestiones, ya que considera impresentable que Blanco, en su última visita hace siete días a la ciudad de Lugo, presuma de que va a acortar los plazos de ejecución de la obra del puente y, sin embargo, no sea capaz de cumplir los plazos a los que está obligado por ley para contestar a unas sencillas preguntas sobre por dónde se realizarán las conexiones con el centro.

García Díez e Iglesias Fontal se preguntan qué intereses tiene Blanco para ocultar a los lucenses por dónde transcurrirán los futuros viales que enlazarán el puente y la ciudad. “¿Acaso no le conviene que se sepa antes de las elecciones municipales para que los lucenses no sepan si piensa continuar destrozando zonas verdes de la ciudad como está haciendo en las orillas del Miño?”, señalan.

Para los diputados populares, “aún más grave sería que no tuviese previsto conectar una infraestructura que va a suponer una inversión de 27 millones de euros”. “Espero _aseguró García Díez_ que esto no sea así, ya que sería un auténtico despilfarro de fondos públicos gastarse ese dineral en un puente que sólo sirviera para cruzar el río pero que no permitirse llegar al centro de la ciudad. Si esa era su intención podría haberse diseñado un puente más barato e invertir todo ese dinero en otras infraestructuras muy necesarias en Lugo”.

El PP exige al Gobierno que busque en Bruselas un incremento de la cuota de bacaladilla para España y reclama un plan de estabilidad para la flota de arrastre del Cantábrico y Noroeste

• Joaquín García Díez recuerda que la flota de arrastre del Cantábrico y Noroeste ha visto reducida para el año 2011 la cuota de bacaladilla en un 93%, lo que supone que en torno a 40 barcos verán reducida su actividad de forma drástica
• Los populares presentarán de forma urgente una Proposición no de Ley en defensa de armadores y tripulantes para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Cámara Baja

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) presentará de forma inmediata una Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso con la que se pretende que la Cámara Baja inste al Gobierno a:

1.    Realizar de forma inmediata las gestiones oportunas ante la Comisión Europea y la presidencia de la UE para obtener un incremento de la cuota de bacaladilla para la flota española destinada al consumo humano en fresco.
2.    Diseñar un plan de estabilidad para la flota de arrastre, con especial consideración para el segmento de flota dedicado a la pesca de la bacaladilla, al igual que se hizo con la flota de cerco que se dedicaba a la pesca del bocarte por el cierre de esta pesquería.
3.    Intensificar por el Gobierno, con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía y otros centros de investigación que se estimen adecuados, la investigación del stock de la bacaladilla en los caladeros en los que pesca nuestra flota para determinar si este stock en aguas ibéricas es diferente del establecido en el resto de la UE

La flota de arrastre del Cantábrico y Noroeste ha visto reducida para el año 2011 la cuota de bacaladilla en un 93%, lo que supone que en torno a 40 barcos que faenan en forma de parejas y tienen como objetivo esta especie verán reducida su actividad de forma drástica.

El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, denuncia que el efecto negativo en la inactividad de esta flota, que enrola en torno a 400 tripulantes, afectará también a transportistas, estibadores, mayoristas, minoristas y proveedores en general, lo que conforman un colectivo de no menos de 8.000 puestos de trabajo.

Para los populares, es necesario advertir que las capturas de esta flota se destinan al consumo humano en fresco, por lo que la reducción de la cuota española de esta especie generará un desabastecimiento de nuestros mercados y la consiguiente ocupación del mismo por las capturas realizadas por grandes buques congeladores.

España participa de una manera insignificante en el total admisibles de capturas (TAC) de esta especie a nivel comunitario, en torno a un 2%, por lo que es poco justificado que teniendo como destino el consumo humano, cuando la mayor parte del TAC se pesca por los grandes congeladores y se destina a la fabricación de harina de pescado, no se haya dispuesto para la flota de arrastre que faena  en el Cantábrico y Noroeste de una cuota suficiente para garantizar su actividad en el 2011.

García Díez entiende que la insignificante cuota de bacaladilla de que dispondrá la flota de arrastre tendrá efectos negativos para el conjunto de las demás flotas que faenan en el Cantábrico y Noroeste, ya que, según asegura, “las embarcaciones de arrastre que se dedican a la bacaladilla tendrán que dirigir su actividad a otras pesquerías, como la merluza o la caballa, que comparte con las flotas de artes menores, palangre, etc. por lo que se hace imprescindible establecer un plan que permita dar estabilidad a esta flota y así garantizar que recuperada la especie no se verá resentida”.

El objetivo de los populares con esta Proposición no de Ley es que esta flota pueda ser operativa manteniendo las tripulaciones que son garantía de la continuidad de la actividad.

El PP manifiesta su preocupación por la situación del ‘Vega 5’ y pide a Rosa Aguilar que se implique al máximo junto a Defensa y Exteriores

• Los populares esperan que se logre una solución satisfactoria para los marineros afectados y sus familias

El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Joaquín García Díez, quiere manifestar la preocupación de los populares tras conocerse la situación del pesquero 'Vega 5', de bandera de Mozambique y propiedad de Pescanova y en el que viajaban dos tripulantes gallegos, el capitán y el contramaestre. 

García Díez pide al Gobierno de Zapatero que preste el máximo apoyo posible a nuestra flota y a sus marineros, reclama a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que se implique al máximo en la ayuda al ‘Vega 5’ y mantenga una buena coordinación con los ministerios de Defensa y Exteriores,  al tiempo que solicita información puntual, al igual que la ofrece la Consellería del Mar a todos los portavoces parlamentarios de Galicia.

Los populares, desde que se tuvo conocimiento del incidente frente a las costas de Madagascar, han intentado colaborar al máximo. El propio García Díez se puso en contacto con la Cooperativa de Armadores de Vigo para ponerse a su disposición en todo lo que pudieran necesitar.

El GPP lleva años pidiendo que se incrementen las medidas de seguridad en esa zona para proteger a la flota española que faena en estas peligrosas aguas.

García Díez, que echa en falta información directa, ya que como portavoz de los populares no ha recibido ninguna información del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, espera que el incidente se resuelva de forma positiva para las familias de todos los marineros.