viernes, 16 de julio de 2010

Los diputados del PP por Lugo preguntan en el Congreso por los recortes de inversión previstos para la Autovía del Cantábrico y para las autovías a Ourense y Santiago

•    Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal recuerdan que la ejecución de estos proyectos es vital para articular las comunicaciones interiores y subrayan que ya han acumulado retrasos importantísimos e injustificados

Los diputados lucenses del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo socialista explique, a la vista de las últimas noticias publicadas en los medios de comunicación gallegos el pasado 8 de julio en relación a los recortes en la inversión de tramos pendientes de ejecución en la autovía del Cantábrico y en las autovías que unirán Lugo con Ourense y Santiago, cuál es la propuesta real del Gobierno para estas infraestructuras en la nueva reprogramación.   

García Díez e Iglesias Fontal quieren saber a qué plazo se refiere el Gobierno cuando su ministro de Fomento anuncia un retraso en la conclusión de la autovía del Cantábrico de al menos un año, así cómo qué nuevas fechas compromete el Gobierno para cada uno de los siguientes tramos: Abadin -  Castromaior; Castromaior – Tonzas; Barreiros – Vilamar y Vilamar – Lourenza.

Según recuerdan, la Autovía del Cantábrico tenía como fecha comprometida para su finalización 2007-2008 y lo cierto es que, a fecha de hoy, se acumulan más dos años de retraso del plazo determinado para la puesta en servicio de todos los tramos gallegos de la Autovía del Cantábrico, y que, de los 84,75 kilómetros existentes en Galicia, menos de la mitad, están en servicio.

Los populares subrayan la falta de seriedad del Ejecutivo socialista, que recientemente había comprometido la puesta en servicio de la totalidad de la Autovía del Cantábrico a finales de 2011, y, por ello, tienen también interés en conocer cuál será la cuantía del recorte previsto en cada uno de los tramos en fase de ejecución en cada una de las infraestructuras citadas y cuál será el recorte de las anualidades previstas inicialmente.

García Díez e Iglesias Fontal reclaman también al Gobierno de Zapatero que concrete las nuevas fechas previstas para ejecutar los tramos en obras de la A-56. Los populares recuerdan que la A-56 Autovía Lugo-Ourense tenía como fecha comprometida para su puesta en servicio 2008-2010, aunque lo cierto es que de los 68,8 kilómetros de recorrido sólo están en obras 9,75, entre San Martiño y A Barrela Norte, mientras que hay otros 8,5 en proyecto, entre Cambeo y San Martiño, y el resto está en proyecto de trazado. Para los populares, la ejecución de esta autovía es irrenunciable y el Gobierno debe comprometer unos plazos reales y explicar los motivos de tanta demora.

Respecto de la A-54 Autovía Lugo-Santiago, los diputados populares por la provincia de Lugo recuerdan que la fecha comprometida para su puesta en servicio era 2008-2010 y la triste realidad es que sólo están en servicio 9 kilómetros, entre Lavacolla y la N-550; en ejecución 56,8 y 32 (tramo Arzúa-Palas) en información pública, por lo que exigen saber cuál es el estado actual de tramitación de este proyecto, qué fecha compromete el Ejecutivo socialista para su puesta en funcionamiento y los motivos del enorme retraso acumulado.

jueves, 8 de julio de 2010

Los diputados gallegos del PP exigen a Blanco que rectifique en sede parlamentaria sus manifestaciones de que habrá nuevos retrasos en las autovías gallegas ya comprometidas

•    Los populares pedirán explicaciones el 22 de julio al Ministro de Fomento, que por fin comparecerá en la Comisión de Fomento del Congreso
•    No es admisible que se produzcan nuevos retrasos en autovías que ya acumulan una enorme tardanza respecto a los plazos iniciales y menos en territorios como el de la Comunidad Gallega, que ya acumula históricos retrasos.
•    No es justificable que se aplace aún más la puesta en servicio de la Autovía del Cantábrico
•    Consideran irrenunciable la ejecución de todas las autovías gallegas programadas, que tienen un carácter estratégico y son rentables social y económicamente

Los diputados gallegos del Partido Popular han acogido con enorme preocupación las manifestaciones efectuadas ayer en Asturias por el ministro de Fomento, José Blanco, en las que anuncia un nuevo retraso de cómo mínimo un año en una de las autovías fundamentales para Galicia, la Autovía del Cantábrico.

La Autovía del Cantábrico tenía como fecha comprometida para su finalización 2007-2008 y lo cierto es que, a fecha de hoy, se acumulan más dos años de retraso del plazo determinado para la puesta en servicio de todos los tramos gallegos de la Autovía del Cantábrico, y que, de los 84,75 kilómetros existentes en Galicia, menos de la mitad, están en servicio.

El PP subraya la falta de seriedad del Ejecutivo socialista, que recientemente había comprometido la puesta en servicio de la totalidad de la Autovía del Cantábrico a finales de 2011.

Los diputados gallegos del PP, después de la comparecencia de Blanco en la Comisión de Fomento del Congreso del pasado 19 de mayo, en la que éste anunció que las actuaciones tanto en carreteras como en ferrocarriles iban a sufrir un retraso medio de por lo menos un  año en los plazos de ejecución, presentaron de forma conjunta una batería de preguntas relacionadas con todas las autovías gallegas que, con carácter general, acumulaban un monumental retraso. Se trataba de conocer los planes gubernamentales para los estratégicos proyectos viarios de nuestra Comunidad.

Pero lo cierto es que a fecha de hoy el Gobierno no ha contestado a esas preguntas y guarda un mutismo casi absoluto sobre cómo afectarán los recortes y reprogramaciones anunciadas a las autovías gallegas.

A la vista de estas preocupantes declaraciones de Blanco, los diputados gallegos reiteraran con nuevas iniciativas sus anteriores peticiones de información, al tiempo que pedirán al ministro de Fomento, en su comparecencia parlamentaria prevista para el 22 de julio, explicaciones sobre las verdaderas intenciones de su Ejecutivo en relación a las infraestructuras gallegas y que deje sin efecto los aplazamientos y recortes anunciados.

Los populares, además, recuerdan que la A-56 Autovía Lugo-Ourense tenía como fecha comprometida para su puesta en servicio 2008-2010, aunque lo cierto es que de los 68,8 kilómetros de recorrido sólo están en obras 9,75, entre San Martiño y A Barrela Norte, mientras que hay otros 8,5 en proyecto, entre Cambeo y San Martiño, y el resto está en proyecto de trazado. Para los populares, la ejecución de esta autovía es irrenunciable y el Gobierno debe comprometer unos plazos reales y explicar los motivos de tanta demora.

Respecto de la A-54 Autovía Lugo-Santiago, los populares recuerdan que la fecha comprometida para su puesta en servicio era 2008-2010 y la triste realidad es que sólo están en servicio 9 kilómetros, entre Lavacolla y la N-550; en ejecución 56,8 y 32 (tramo Arzúa-Palas) en información pública, por lo que exigen saber cuál es el estado actual de tramitación de este proyecto, qué fecha compromete el Ejecutivo socialista para su puesta en funcionamiento y los motivos del enorme retraso acumulado.

En relación a la Autovía A-57 conexión A-52 Pontevedra, los diputados populares recuerdan que tenía como fecha comprometida de finalización 2010, pero a fecha de hoy de los 59,1 kilómetros de longitud de la vía no hay ni uno sólo en servicio o en obras y únicamente están en estudio informativo 20 kilómetros y el resto en proyecto de trazado/construcción. Es un proyecto indispensable y no puede aplazarse.

También demandaran explicaciones sobre el proyecto de autovía A-76 proyectada entre Ourense y Ponferrada, que lleva más de tres años de retraso en su tramitación. Recuerdan que se trata de una conexión vital de Galicia con Castilla-León y que el ministro Blanco había comprometido la licitación de su proyecto antes de fin del presente año, pero sin embargo recientes declaraciones de miembros del ejecutivo de Zapatero ponían en duda su ejecución.

También exigirán explicaciones sobre otros proyectos, entre ellos el tan necesario de ampliación de la AP-9 en el puente de Rande, que el ministro Blanco presentó el 17 de abril en Vigo  y sobre el proyecto de ampliación de la AP-9 a su paso por Santiago de Compostela. En ambos casos demandarán que los anuncios se comprometan en realidades con fijación de presupuestos y plazos ciertos.

miércoles, 7 de julio de 2010

Los diputados gallegos del PP califican de “nefasto” para Galicia el balance del semestre de presidencia española de la UE

•    El presidente del Ejecutivo socialista incumplió su promesa de intentar negociar el levantamiento del veto para la construcción civil a Navantia
•    En Pesca no se ha logrado un solo documento pactado sobre la reforma de la Política Pesquera Común, no se han alcanzado nuevos acuerdos para pesca en terceros países y la comisaria europea ha anunciado que se retirarán las ayudas al desguace y no se modificará el actual sistema de cuotas que reclama la flota española
•    El sector agrario ha visto empeorar su situación y como remate se anuncia que los países que no cumplan con las condiciones económicas del Pacto de Estabilidad podrán perder las ayudas, una noticia más que preocupante para los agricultores gallegos
•    El período finaliza también sin acuerdo comunitario para el sector lácteo

Los diputados gallegos del PP califican de “nefasto” para Galicia el balance del semestre de presidencia española de la Unión Europea.

Los populares entienden que la nula capacidad de Zapatero para liderar Europa ha provocado que se perdiera una oportunidad única para impulsar los principales sectores productivos de Galicia.

Sector Pesquero

El Gobierno se planteó como una prioridad de la Presidencia de turno de la UE avanzar en el establecimiento de los ejes que regirán la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que han sido incorporados en el debate abierto en torno al “Libro Verde” que la Comisión europea presentó en abril de 2009.

Pues bien, el balance es que la presidencia española no ha logrado presentar ni un solo documento con la posición comunitaria sobre la reforma, es más, inicialmente la Comisión había planteado poder presentar un documento de opinión en el Consejo de Ministros comunitario del pasado día 29 de junio y fue retirada esta propuesta. Para el PP, todo hace pensar que la posición de la Comisión está lejos de los intereses españoles y por eso prefiere la Presidencia que se haga fuera del mandato español.

Es fácil hacer esta deducción por las manifestaciones hechas por la comisaria de Pesca, que ha advertido que se retirará la medida destinada al desguace de barcos que dispone el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), que se aplicó también en la anterior programación con el IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca). Además, también afirmó no ser favorable a modificar el actual sistema de cuotas de pesca que viene reclamando la flota española.

Salvo el compromiso de un régimen diferenciado para las flotas costeras, por parte de la Comisión, no ha habido pronunciamiento alguno favorable a los intereses españoles, por lo que se puede afirmar que de avances significativos nada, más bien retroceso.

El portavoz del PP en materia de Pesca, Joaquín García Díez, subraya también que el balance del semestre español, en relación a los acuerdos de pesca con terceros países, es nulo. “La Presidencia española no ha conseguido ni siquiera clarificar qué orientación adoptará la Comisión para los mismos”, señala.

Tampoco ha visto la luz ninguna propuesta de reforma de la Organización Común de Mercados, que era otro de los objetivos manifestados por el Ejecutivo socialista para este semestre, todo ha quedado en planteamientos teóricos de establecer planes plurianuales para determinados stocks, en los que ya la Comisión venía trabajando”, y tampoco se ha presentado ningún documento para desarrollar el etiquetado ecológico de los productos de la pesca.

El portavoz popular de pesca, el diputado Joaquín García Diez, considera que el sector pesquero español ha sido víctima “del vacío de poder político de nuestro Gobierno en Europa”. “El Gobierno _asegura_ no ha sabido fijar a nivel comunitario las orientaciones de la futura Política Pesquera Común, habiendo fracasado en su estrategia de orientación de la misma, y la Presidencia española de la Unión Europea supone una oportunidad perdida, ya que, a pesar de las expectativas que había despertado, no ha servido para imponer ninguna medida favorable a los intereses pesqueros españoles”.

Sector naval

El Ejecutivo de Zapatero incumplió también su compromiso, expresado en el pasado Debate del Estado de la Nación y en de Presupuestos Generales del Estado, de intentar aprovechar este semestre para negociar el levantamiento del veto para la construcción civil a Navantia. En este sentido, el diputado popular Arsenio Fernández de Mesa, después de su intervención frente al Ministro de Industria esta mañana, califica de absoluto fracaso para Galicia el balance, ya que Navantia-Fene es una pieza clave en la economía gallega y el Ejecutivo tenía la obligación de intentar poner sobre la mesa durante estos seis meses la necesidad de una mayor flexibilidad en la normativa de competencia europea, al igual que ha ocurrido en otros sectores. Zapatero, ni siquiera, ha planteado en el seno de la Unión la necesidad de que la antigua Astano vuelva a la construcción naval convencional, cuando es el único astillero del mundo que está privado de construir barcos.

Los populares lamentan que el Gobierno engañase a los gallegos anunciando que iba a intentar solucionar este tema y subrayan, además, que se trataba de un tema de voluntad política y de peso de España dentro de la UE “por lo que ha quedado claro que los socialistas ni tenían ningún tipo de voluntad en solucionar el tema, porque ni lo han intentado, ni, por supuesto, tienen peso en Europa”.

Hoy, en la Comisión Mixta para la UE del Congreso, Arsenio Fernández de Mesa le reprochó a Miguel Sebastián que tuviera que ser el propio Comisario Europeo, Joaquín Almunia, el que clarificara que el Gobierno español no había planteado formalmente en Europa el levantamiento del veto a Navantia y el titular de Industria ha confirmado que el compromiso de Zapatero de negociar este tema durante el semestre de Presidencia española se limitó a una conversación informal en El Pardo con Almunia, que les recomendó que no reabrieran el expediente, y nada más.

Para Fernández de Mesa es imprescindible mantener el marco financiero y fiscal para la inversión de buques en España, para que nuestros navieros fabriquen sus buques aquí y no en países asiáticos, con impuestos por tonelaje y no por beneficios. Además recalcó que, en estos momentos, las únicas ayudas que existen son a la “innovación” y es hasta el 20%, lo que representa un error y una inferioridad de condiciones con respecto a nuestros competidores: “Si hay prototipo nuevo, innovación es todo el barco y no el 20%. Esas son las cosas que debiera haber peleado el Gobierno Zapatero, indolente hacia Galicia y hacia su sector naval”, dijo.

El diputado popular expresó también hoy al ministro de Industria la desvergüenza que suponía no haber asistido, tal y como estaba previsto en su agenda, el pasado día 24 de junio al Evento Astilleros en Bruselas, organizado por la Federación Europea de Trabajadores del Metal, ni a la Comisión del Industria de los días 23 y 24 donde podía haber hecho algo a favor del Sector Naval europeo, el español y, desde luego, por Navantia Fene. “No tienen nada que decir. No les importa”, sentenció

Fernández de Mesa, que ha ironizado sobre el hecho de que Sebastián asegurase que éste tema no era competencia suya sino de la vicepresidenta Salgado, que el lunes, en esta misma comisión, dijo que el tema no era suyo, sino de Sebastián, ha subrayado que los socialistas se echan la pelota unos a otros porque ninguno ha hecho nada para cumplir el compromiso de negociar el veto de Navantia y ahora nadie quiere cargar con las responsabilidades.

Finalmente, De Mesa exlicó que las seis líneas dedicadas al Sector Naval en el documento resumen oficial del Gobierno de Zapatero de balance de su presidencia están completamente anticuadas y que es lamentable que sigan agarrándose a la Leadership 2015, que es un documento elaborado e 2002 y que está completamente desfasado. “Europa necesita una nueva política, en su conjunto, para la construcción naval y, España, debería haber liderado este debate”, finalizó el diputado ferrolano. Sector Naval, “cero”.

Sector agrario

Desde el punto de vista agrario, la presidencia española de la UE se puede calificar como una presidencia totalmente vacía de contenido en la que no se cumplieron los compromisos adoptados.

En la PNL aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre de 2009, que fue negociada con el PP basándose en las propuestas de prioridades que el PP hizo en septiembre de 2009, se incluían objetivos sectoriales relacionados con la creación de empleo y la recuperación de la crisis económica, dando una especial importancia a la PAC (Política Agraria Común).

En este sentido, la presidencia española ha perdido una oportunidad de oro para encauzar las discusiones sobre la reforma de la PAC. La ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, se ha limitado a presentar ante el Consejo de Ministros de la UE varios documentos de reflexión, sin poner empeño en orientar el debate en la línea de los intereses españoles.

La diputada lucense Olga Iglesias Fontal asegura que durante este semestre se han vivido momentos cruciales para el futuro de la PAC que el Gobierno de ZP no ha sabido aprovechar. “Como ejemplo sólo apuntar que como remate al final de la presidencia española, la Comisión Europea ha anunciado que propondrá sancionar a los estados miembros que incumplan los objetivos fijados en el Pacto de Estabilidad con la suspensión de las ayudas agrarias, lo cual pone gravemente en peligro las ayudas de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles y gallegos”.

Pero este no es el único peligro que acecha a agricultores y ganaderos españoles (gallegos): El Gobierno español acepta la posibilidad de proceder a la cofinanciación del primer pilar de la PAC por parte de los presupuestos nacionales. Lo que realmente significa esto es que el Gobierno socialista de España está apoyando el desmantelamiento del actual sistema de ayudas a ganaderos y agricultores y renuncia a los derechos que los ganaderos gallegos adquirieron ante Europa.

“Esta pésima actuación hay que atribuirla al escaso peso político del Gobierno español, ya que al que no hace nada por hacerse oír nadie lo va a escuchar. La actuación de nuestros representantes en la reuniones de la UE es la de auténticos convidados de piedra”, señala Iglesias Fontal.

Para Galicia era muy importante uno de los objetivos propuestos por el PP,  buscar una solución comunitaria al sector lácteo, y lo único que se puede decir es que no hubo ningún avance al respecto, de lo cual son bien conocedores nuestros ganaderos.

miércoles, 23 de junio de 2010

Los diputados gallegos del PP preguntan en el Congreso sobre la utilización irregular del helipuerto de Burela por parte de Elena Espinosa

  • Los populares califican de “falta de respeto” que la ministra no solicitase autorización ni informase de su visita al centro hospitalario y subrayan que su viaje obligó a bloquear la atención a posibles urgencias sanitarias durante tres horas

Los diputados gallegos del PP han presentado una batería de preguntas en la Cámara Baja con la que pretenden que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, explique si era realmente necesario bloquear durante tres horas el helipuerto del hospital de Burela para que aterrizase el helicóptero en el que viajaban la ministra y miembros de su gabinete.

La titular del ministerio acudió a la Mariña lucense para visitar las zonas afectadas por las inundaciones, pero ni notificó ni solicitó la utilización del helipuerto del hospital comarcal, lo que obligó a alterar el funcionamiento de los servicios de emergencia sanitaria.

Los populares recuerdan que, pese a la urgencia del visita, es prioritario que las instalaciones del helipuerto de Burela estén disponibles para la operatividad del 061 y consideran una falta de respeto que la ministra no tuviera la previsión de solicitar autorización para aterrizar en un centro hospitalario.

“La utilización del helipuerto tiene que seguir los criterios de operatividad para los que presta sus servicios, que no son otro que los sanitarios y de emergencias”, denuncian los diputados gallegos del PP.


Los diputados gallegos del PP esperan que la ministra Elena Espinosa explique los motivos que la llevaron a utilizar para su desplazamiento un medio de transporte rápido como el helicóptero, ya que, según aseguran, “si su intención era “acompañar a gente que estaba sufriendo mucho”, tal y como ella misma justificó tras las críticas recibidas, por qué esperó siete días para desplazarse a la zona cuando ya lo habían realizado desde el primer día miembros del gobierno gallego y su Presidente”.

El PP cree que el Ejecutivo de Zapatero debe dar explicaciones sobre cuál ha sido el coste del desplazamiento de la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y se pregunta también si Espinosa ha remitido ya a la Xunta de Galicia toda la información que se le ha solicitado sobre el aterrizaje.


Los diputados lucenses, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, quieren que Espinosa aclare si conocía el Gobierno los protocolos y disposiciones a seguir para la utilización de un helipuerto de un centro hospitalario dentro de la red de emergencias sanitarias de Galicia y esperan aclaraciones sobre la valoración de la ministra sobre la gravedad de lo ocurrido.


Los diputados gallegos del PP califican de irresponsabilidad y de falta de respeto la actuación de la ministra Espinosa y lamentan que cuando la Xunta de Galicia, a través de la consellería de Sanidade, denunció los problemas ocasionados, lejos de aclarar su forma de proceder, la titular de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino Ministra Espinosa cargó contra la titular de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia pidiéndole que se preocupe de las listas de espera como ella atendió las demandas de los vecinos.

El PP pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para impedir la pesca con dinamita

  • El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, recuerda que los populares ya en la Legislatura anterior pidieron máxima dureza para este tipo de prácticas que no sólo dañan el medio ambiente sino que provocan una mala imagen del sector pesquero español

El diputado Popular Joaquín García Diez, portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha manifestado hoy su preocupación ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación que relacionan al Patrón mayor de Vigo y otros marineros con la posible utilización de dinamita en sus actividades pesqueras.

Los populares, que creen que es necesario aclarar urgentemente las imputaciones personales para no juzgar a nadie ante la opinión pública sin las preceptivas pruebas, aseguran que las malas prácticas de unos pocos no pueden suponer un daño a la imagen de todo el sector.

García Díez recordó que ya en la pasada Legislatura el Grupo Parlamentario Popular había denunciado estas prácticas irregulares y graves presentando una Proposición No de Ley relativa a la elaboración de un plan de control en la pesca de cerco en Galicia que tuviera como finalidad erradicar la utilización de explosivos.

Precisamente en el debate de aquella Proposición no de Ley, García Díez recordó que ya en 2004 se había denunciado la utilización de explosivos en la pesca de cerco y el PP había solicitado que las inspecciones se realizaran, además de en los buques pesqueros, en las boyas, marcas y señales que existen en los canales balizando entradas y salidas de las rías, etc.

El GPP, en aquella ocasión, ya solicitó y fue aprobado por la Cámara, la elaboración de un plan específico que contemplase la erradicación de explosivos en la pesca de cerco haciendo partícipe a la Guardia Civil y solicitando la aplicación del máximo rigor en las sanciones contempladas para este tipo de actuaciones.

García Díez sostiene que en este tema no se puede desviar la mirada hacia las CC.AA., ya que las competencias y los medios son del Gobierno de la nación.
Para el diputado lucense, “lo importante es que la Administración General del Estado, impulsada por el Gobierno socialista, adopte todas las medidas que tenga a su alcance para que noticias como las que acabamos de conocer no vuelvan a producirse”.

“Lo que ha ocurrido hoy confirma que, por desgracia, este tipo de prácticas continúan  efectuándose en diferentes puntos de España, lo que debe generarnos preocupación e inquietud, ya que, además del daño ecológico que provocan, causan un grave daño a la imagen del sector pesquero español dentro de la lucha contra la pesca ilegal”, señaló García Díez.

viernes, 18 de junio de 2010

El PP reclama en el Congreso ayudas para los afectados por las inundaciones en A Mariña lucense y pide al Gobierno que explique las medidas previstas

  • Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal entienden que el Ejecutivo debe aclarar si la modificación del paisaje que ha supuesto la A-8 ha podido agravar los daños en el municipio de Lourenzá y, si es así, qué medidas se adoptarán para que no vuelva a suceder
Los diputados lucenses del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo socialista explique qué medidas adoptará para solucionar los importantísimos daños provocados por la borrasca que afectó al norte de la provincia de Lugo desde el pasado miércoles 9 de junio y que ha provocado numerosos desperfectos en infraestructuras públicas fundamentales que son competencia del Gobierno de España

Los populares quieren saber cuál es la planificación que tiene el Gobierno para realizar los trabajos y actuaciones que será necesario acometer para restaurar la situación de las infraestructuras afectadas, así cómo si el Ejecutivo de Zapatero tiene previsto poner en marcha alguna línea de ayudas para los afectados, qué tipo de ayudas serían, cuando se pondrían en marcha y qué ministerios se implicarían directamente.

García Díez e Iglesias Fontal consideran que el Gobierno debe explicar cuál fue el operativo implantado desde la Subdelegación del Gobierno en Lugo tras las tormentas, qué número y tipo de efectivos acudieron a las zonas afectadas en las primeras horas y a qué hora llegaron, así como qué medios se pusieron a disposición de cada uno de los ayuntamientos y de los vecinos afectados.

Los diputados lucenses se preguntan si la magnitud de los desperfectos sufridos en el casco urbano de Lourenzá, que nunca antes había sufrido inundaciones hasta la fecha, puede deberse a la modificación del paisaje que ha supuesto la autovía del Cantábrico (A8) en ese tramo y, por ello, entienden que el Gobierno debe aclarar si esto ha sido así y, en caso afirmativo, qué actuaciones sería necesario llevar a cabo para que esto no vuelva a suceder.

El PP exige a Espinosa que garantice la pesca de la merluza en el caladero Cantábrico-Noroeste y Golfo de Cádiz o indemnice a los afectados hasta que puedan hacerlo en 2011

  • El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, considera “un insulto” la propuesta del Gobierno de que hasta finales de año sólo se puedan pescar entre 50 y 150 kilos/semanales por embarcación

  • Asegura que esta situación es responsabilidad de la ministra por haber permitido una pesca sin tregua, no haber hecho una distribución a lo largo del año de las capturas por épocas y modalidades y por no haber tenido la precaución de hacer y presentar mensualmente una evolución de la cuota

 

El diputado Popular Joaquín García Diez, portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, exige a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que garantice la actividad a la flota pesquera que se dedica a la pesca de la merluza en el caldero del Cantábrico-Noroeste y Golfo de Cádiz, o bien les indemnice hasta que puedan hacer uso de la cuota de 2011.

Para García Díez, el pretendido ajuste de la pesca de la merluza que ha planteado la ministra, dado que España está a punto de alcanzar su cuota asignada para este año, pone  de manifiesto, una vez más y como ya sucedió con la pesca de la caballa, “el nefasto modelo de gestión diseñado por su Ministerio para cumplir con las exigencias comunitarias de recuperación de nuestros caladeros”.

Los populares entienden que el Ejecutivo socialista no puede hacer pagar a los pescadores un problema que ha generado su mala gestión política. “Si a estas alturas del año hace una redistribución de la cuota restante de merluza por modalidades de pesca, cuando ya se ha alcanzado el 90% de pesca del total de la cuota, el 10% restante no dará en lo que resta de año ni para compensar la consideración de la merluza que se pesque como especie no objetivo y así no tener que arrojarla al mar como descarte”.

Para el Grupo Parlamentario Popular, “proponer que las embarcaciones artesanales de bajura que tienen como principal fuente de ingresos la merluza puedan pescar en lo que resta de año entre 50 y 150 kilos/semanales, no es solamente desconocer la actividad pesquera y las condiciones en que pescan estas embarcaciones, es un insulto a la dignidad de los pescadores y de sus familias”, señaló García Díez .

El PP asegura que la causante de esta situación es la ministra Elena Espinosa, entre otras razones por permitir una pesca sin tregua, no haber hecho una distribución a lo largo del año de las capturas por épocas y modalidades y por no haber tenido la precaución de hacer y presentar mensualmente una evolución de la cuota, por lo que exigen a la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino “que solucione el problema para que los pescadores puedan seguir faenando y, de no ser así, les indemnice hasta que  puedan hacer uso en el cuarto trimestre de un adelanto de la cuota de 2011”.

El Partido Popular, dentro de su labor de oposición, estudiará llevar a cabo diferentes iniciativas urgentes para intentar paliar tanto despropósito y escasa preocupación por el sector pesquero, sobre todo porque considera que la mala gestión del Ejecutivo socialista ha dejado desamparados a los pescadores de la merluza del Cantábrico-Noroeste y Golfo de Cádiz.