viernes, 23 de julio de 2010

El PP pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para impedir la pesca con dinamita

•    El portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García Díez, recuerda que los populares ya en la Legislatura anterior pidieron máxima dureza para este tipo de prácticas que no sólo dañan el medio ambiente sino que provocan una mala imagen del sector pesquero español

El diputado Popular Joaquín García Diez, portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha manifestado hoy su preocupación ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación que relacionan al Patrón mayor de Vigo y otros marineros con la posible utilización de dinamita en sus actividades pesqueras.

Los populares, que creen que es necesario aclarar urgentemente las imputaciones personales para no juzgar a nadie ante la opinión pública sin las preceptivas pruebas, aseguran que las malas prácticas de unos pocos no pueden suponer un daño a la imagen de todo el sector.

García Díez recordó que ya en la pasada Legislatura el Grupo Parlamentario Popular había denunciado estas prácticas irregulares y graves presentando una Proposición No de Ley relativa a la elaboración de un plan de control en la pesca de cerco en Galicia que tuviera como finalidad erradicar la utilización de explosivos.

Precisamente en el debate de aquella Proposición no de Ley, García Díez recordó que ya en 2004 se había denunciado la utilización de explosivos en la pesca de cerco y el PP había solicitado que las inspecciones se realizaran, además de en los buques pesqueros, en las boyas, marcas y señales que existen en los canales balizando entradas y salidas de las rías, etc.

El GPP, en aquella ocasión, ya solicitó y fue aprobado por la Cámara, la elaboración de un plan específico que contemplase la erradicación de explosivos en la pesca de cerco haciendo partícipe a la Guardia Civil y solicitando la aplicación del máximo rigor en las sanciones contempladas para este tipo de actuaciones.

García Díez sostiene que en este tema no se puede desviar la mirada hacia las CC.AA., ya que las competencias y los medios son del Gobierno de la nación.
Para el diputado lucense, “lo importante es que la Administración General del Estado, impulsada por el Gobierno socialista, adopte todas las medidas que tenga a su alcance para que noticias como las que acabamos de conocer no vuelvan a producirse”.

“Lo que ha ocurrido hoy confirma que, por desgracia, este tipo de prácticas continúan  efectuándose en diferentes puntos de España, lo que debe generarnos preocupación e inquietud, ya que, además del daño ecológico que provocan, causan un grave daño a la imagen del sector pesquero español dentro de la lucha contra la pesca ilegal”, señaló García Díez.

miércoles, 21 de julio de 2010

El PP acusa al PSOE de volver la espalda al sector pesquero

•    Tras el voto en contra de los socialistas a la iniciativa del PP para promover los intereses agrícolas y pesqueros en la UE
•    El diputado Joaquín García Díez denuncia que la única Propuesta de Resolución sobre pesca en el Debate de la Nación fue rechazada por los socialistas, lo que pone de manifiesto su actitud de abandono hacia el sector
•    García Díez advierte que el Gobierno no puede dejar en manos de terceros la defensa de los intereses de los pescadores en pleno proceso de reforma de la PPC

El Gobierno cerró ayer el Debate sobre el estado de la Nación dando la espalda nuevamente al sector pesquero durante la votación de las Propuestas de Resolución con su negativa a respaldar con su voto una iniciativa del Grupo Popular para la promoción de los intereses agrícolas y pesqueros españoles en la Unión Europea.

Frente al PP, el único grupo parlamentario que presentó una Propuesta de Resolución sobre temas pesqueros, se posicionó el PSOE que, como se evidenció en la votación, no tiene entre sus objetivos la defensa del sector pesquero. En el Pleno de ayer, el Grupo Socialista volvió a ratificar su actitud de abandono de la pesca, que se encuentra inmersa en una profunda crisis -más allá de la crisis económica que padecemos-, consecuencia de la desatención y el abandono desde el Gobierno.

El portavoz de pesca del GGP en el Congreso, Joaquín García Díez, considera que estando inmersa la pesca a nivel comunitario en una reforma profunda de la Política Pesquera Común (PPC), el Gobierno no puede dejar en manos de terceros la defensa de los intereses de los pescadores, ya que muchas poblaciones costeras no tienen otro medio de vida que la producción pesquera.

El parlamentario popular alerta de que la tibieza con la que el Gobierno ha planteado la propuesta de reforma durante el periodo de la Presidencia Europea llevará a que el sector pesquero español no vea mejorada su situación en las limitaciones que padece de acceso a los caladeros europeos.

El nulo compromiso del Gobierno y del Partido Socialista se evidenció, una vez más, con su rechazo a apoyar la Propuesta de Resolución del Grupo Popular, que contenía la defensa en la UE de suprimir el concepto de estabilidad relativa e introducir los derechos transferibles de pesca a la flota de altura, desarrollando su gestión en base al control del esfuerzo de pesca.

En su iniciativa, el Grupo Popular considera que la flota de bajura debe tener un tratamiento diferenciado con discriminación positiva, aspecto sobre el que el PSOE emitió su voto en contra. No forma parte pues del interés del Gobierno mantener el Fondo Europeo de Pesca para que colectivos como las mariscadoras, rederas, neskatillas y empacadoras puedan ser beneficiarias de las ayudas de este fondo.

Por último, con su voto en contra, los socialistas rechazaron también potenciar la actividad pesquera de los buques comunitarios en aguas exteriores, promoviendo los acuerdos de asociación pesquera.

El PP acusa al PSOE de volver la espalda al sector pesquero

    • Tras el voto en contra de los socialistas a la iniciativa del PP para promover los intereses agrícolas y pesqueros en la UE.

    • El diputado Joaquín García Díez denuncia que la única Propuesta de Resolución sobre pesca en el Debate de la Nación fue rechazada por los socialistas, lo que pone de manifiesto su actitud de abandono hacia el sector.

    • García Díez advierte que el Gobierno no puede dejar en manos de terceros la defensa de los intereses de los pescadores en pleno proceso de reforma de la PPC.

    El Gobierno cerró ayer el Debate sobre el estado de la Nación dando la espalda nuevamente al sector pesquero durante la votación de las Propuestas de Resolución con su negativa a respaldar con su voto una iniciativa del Grupo Popular para la promoción de los intereses agrícolas y pesqueros españoles en la Unión Europea.

    Frente al PP, el único grupo parlamentario que presentó una Propuesta de Resolución sobre temas pesqueros, se posicionó el PSOE que, como se evidenció en la votación, no tiene entre sus objetivos la defensa del sector pesquero. En el Pleno de ayer, el Grupo Socialista volvió a ratificar su actitud de abandono de la pesca, que se encuentra inmersa en una profunda crisis -más allá de la crisis económica que padecemos-, consecuencia de la desatención y el abandono desde el Gobierno.

    El portavoz de pesca del GGP en el Congreso, Joaquín García Díez, considera que estando inmersa la pesca a nivel comunitario en una reforma profunda de la Política Pesquera Común (PPC), el Gobierno no puede dejar en manos de terceros la defensa de los intereses de los pescadores, ya que muchas poblaciones costeras no tienen otro medio de vida que la producción pesquera.

    El parlamentario popular alerta de que la tibieza con la que el Gobierno ha planteado la propuesta de reforma durante el periodo de la Presidencia Europea llevará a que el sector pesquero español no vea mejorada su situación en las limitaciones que padece de acceso a los caladeros europeos.

    El nulo compromiso del Gobierno y del Partido Socialista se evidenció, una vez más, con su rechazo a apoyar la Propuesta de Resolución del Grupo Popular, que contenía la defensa en la UE de suprimir el concepto de estabilidad relativa e introducir los derechos transferibles de pesca a la flota de altura, desarrollando su gestión en base al control del esfuerzo de pesca.

    En su iniciativa, el Grupo Popular considera que la flota de bajura debe tener un tratamiento diferenciado con discriminación positiva, aspecto sobre el que el PSOE emitió su voto en contra. No forma parte pues del interés del Gobierno mantener el Fondo Europeo de Pesca para que colectivos como las mariscadoras, rederas, neskatillas y empacadoras puedan ser beneficiarias de las ayudas de este fondo.

    Por último, con su voto en contra, los socialistas rechazaron también potenciar la actividad pesquera de los buques comunitarios en aguas exteriores, promoviendo los acuerdos de asociación pesquera.

martes, 20 de julio de 2010

El PP logra incluir un compromiso para que no haya retrasos en las autovías gallegas y una mención al cumplimiento del Pacto del Obradoiro en las Propuestas de Resolución del Debate del Estado de la Nación aprobadas

•    Los populares han transaccionado con el BNG para que se aprobase una Propuesta de Resolución que incluyese una mención específica al acuerdo firmado  hace un año con la Xunta de Galicia con el fin de paliar su déficit histórico de inversiones
•    Los socialistas se han opuesto a apoyar el Xacobeo y a la Propuesta de Resolución del PP relativa a la promoción de los intereses de los españoles en la UE, en la que se defendía al sector pesquero, a Navantia y al sector lácteo 

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Propuesta de Resolución en materia de Infraestructuras destinada a mantener los compromisos inversores en Galicia con el fin de paliar su déficit histórico, transaccionada por el BNG y el PP, en la que se incluye, a petición de los diputados populares gallegos, una mención específica al cumplimiento del Pacto del Obradoiro y para que no haya retrasos en las autovías gallegas.

El coordinador de los diputados gallegos del PP, Celso Delgado, ha destacado que los socialistas “han apoyado a remolque y ante el temor de quedarse solos, pero no han hecho una sola aportación en defensa de Galicia”.

Los populares han pactado también con los nacionalistas una transaccional a su Propuesta de Resolución número 9, la relativa a Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, con el fin de que la Cámara Baja diese luz verde a un texto a favor del sector lácteo y en el que se insta también al Ejecutivo a solucionar los problemas derivados de la Ley de Costas que afectan a distintos núcleos del municipio de Marín, una vieja reivindicación que supone resolver un tema de justicia para los vecinos afectados.

Asimismo, el acuerdo entre populares y nacionalistas ha servido también para que el Congreso inste al Gobierno a no tramitar las solicitudes de concesión para la realización de aprovechamientos hidroeléctricos en las cuencas de los ríos Miño y Sil y en la cuenca del río Eo hasta que se realicen los estudios pertinentes sobre los impactos medioambientales y sociales de los aprovechamientos existentes en la actualidad.

Los socialistas han impedido que se aprobase una Propuesta de Resolución del Debate del Estado de la Nación del Grupo Parlamentario Popular relativa a la promoción de los intereses de los españoles en la Unión Europea en la que se recogían importantes cuestiones esenciales para los gallegos, como que el Gobierno trabajase ante las instituciones europeas, y en especial ante la Comisión, “para levantar el veto a la construcción naval civil por parte del astillero de Navantia-Fene, en cumplimiento de las numerosas resoluciones aprobadas por el Congreso”.

En esa misma propuesta rechazada por los socialistas, los populares recogían una clara apuesta por el sector pesquero gallego y español. Ante los diversos planteamientos en el proceso de reforma de la Política Pesquera Común en curso, el PP defendía en la Unión Europea los siguientes contenidos:

-    Supresión del concepto de estabilidad relativa e introducción de derechos transferibles de pesca a la flota de altura. Gestión basada en el control del esfuerzo de pesca.
-    Potenciar la actividad pesquera de los buques comunitarios en aguas exteriores de forma sostenible, promoviendo los acuerdos de asociación pesquera.
-    Promover planes de gestión en todos nuestros caladeros de aguas nacionales, en colaboración con las CC.AA., el Instituto Español de Oceanografía y el sector pesquero, de acuerdo con el Reglamento CE 2371/2002.
-    Establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, potenciando el papel de las organizaciones de productores pesqueros y la información sobre los mismos cara al consumidor, unido a una promoción adecuada y un riguroso control de las importaciones.
-    Mantenimiento del fondo europeo de la pesca (FEP) con la ampliación de sus medidas a ciertos colectivos no incluidos hasta ahora, como el marisqueo y las rederas.
-    Creación de un Fondo Comunitario de Desguace para eliminar el excedente en capacidad de pesca.
-    Distinto tratamiento en cuanto a medidas de gestión para las flotas artesanal e industrial.

De cara a la defensa del importantísimo sector lácteo de Galicia, los populares pedían que se instase al Gobierno de Zapatero a abrir, en los próximos meses, un debate sobre la reforma de la Política Agraria Común y el establecimiento de las nuevas perspectivas financieras de la UE para el periodo 2014-2020. Los populares planteaban defender las siguientes posiciones:

-    Dado que la financiación de los nuevos objetivos establecidos en la  Estrategia 2020 requerirán unos importantes recursos presupuestarios, el Gobierno deberá garantizar que la financiación de dichos objetivos no se efectúe reduciendo las actuales dotaciones presupuestarias que reciben los agricultores y ganaderos europeos.
-    El Gobierno trabajará para que los agricultores y ganaderos españoles sigan percibiendo al menos el mismo nivel de ayudas directas que reciben en la actualidad, y deberá trabajar igualmente para que se mantengan las dotaciones actuales de los fondos destinados al desarrollo rural.
-    Se opondrá a introducir elementos de renacionalización y cofinanciación en la PAC que acabarían distorsionando las condiciones de competencia.
-    Procurará que el actual modelo de reparto de ayudas basado en los rendimientos históricos no sea objeto de reformas substanciales, y en todo caso, que se garantice su vigencia hasta el año 2020.
-    Propondrá la introducción de mecanismos de intervención que actúen como redes de seguridad eficaces ante las crisis de precios o sanitarias.
-    Realizará una defensa activa del sector lácteo ante las instituciones europeas, definiendo políticas de apoyo y trabajando, también a escala nacional, para facilitar los necesarios equilibrios en el mercado que permitan a los productores la viabilidad de sus explotaciones.
-    Se garantizará que las importaciones de terceros países estén sujetas a las mismas normas de calidad y seguridad alimentaria que exigimos a las producciones comunitarias, y se evitará el llamado “dumping sanitario” o medioambiental.

    En este sentido, en el Acuerdo UE/Marruecos pendiente de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo, el Gobierno español deberá solicitar la inclusión de disposiciones especiales que permitan evitar el incumplimiento sistemático por parte de Marruecos de las condiciones del Acuerdo.
    En las negociaciones UE/Mercosur deberá elaborarse una evaluación del impacto económicas a los sectores afectados por el Acuerdo.

viernes, 16 de julio de 2010

El PP incluye en sus propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación peticiones para Navantia, el sector lácteo, el sector pesquero y el Xacobeo

•    Los diputados populares gallegos reclaman, entre otras cuestiones, que se establezcan las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, que se potencie el papel de las organizaciones de productores pesqueros y la información sobre los mismos cara al consumidor, unido a una promoción adecuada y un riguroso control de las importaciones
•    Reclaman al Gobierno que trabaje para que los agricultores y ganaderos españoles sigan percibiendo al menos el mismo nivel de ayudas directas que reciben en la actualidad, y deberá trabajar igualmente para que se mantengan las dotaciones actuales de los fondos destinados al desarrollo rural
•    Exigen una defensa activa del sector lácteo ante las instituciones europeas, definiendo políticas de apoyo y trabajando, también a escala nacional, para facilitar los necesarios equilibrios en el mercado que permitan a los productores la viabilidad de sus explotaciones

El Grupo Parlamentario Popular ha incluido  en sus propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación importantes reivindicaciones para Galicia, después de que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya demostrado la más absoluta ineficacia en la defensa de los sectores productivos de nuestra comunidad.

El coordinador de los diputados gallegos del PP, Celso Delgado, subraya que la economía española es, de todas las grandes economías desarrolladas, la que más está sufriendo los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo, en las cuentas públicas y en su capacidad de crecimiento y recuerda que, lamentablemente, desde el inicio de la crisis, en España se ha destruido el 64% de todo el empleo destruido en la zona euro, y el 39%  en toda la Unión Europea y que la tasa de paro en nuestro país, del 20,05%, duplica la media de la Unión Europea.

El PP sí recogerá en sus resoluciones cuestiones esenciales para los gallegos, como que “el Gobierno trabaje ante las instituciones europeas, y en especial ante la Comisión, para levantar el veto a la construcción naval civil por parte del astillero de Navantia-Fene, en cumplimiento de las numerosas resoluciones aprobadas por el Congreso”.

Así mismo, el Grupo Parlamentario Popular ha tenido la máxima sensibilidad hacia las reivindicaciones de Galicia y también recoge en sus resoluciones una apuesta por el sector pesquero gallego y español. En este sentido, se plantea que el Gobierno, ante los diversos planteamientos en el proceso de reforma de la Política Pesquera Común en curso, defienda en la Unión Europea los siguientes contenidos:

-    Supresión del concepto de estabilidad relativa e introducción de derechos transferibles de pesca a la flota de altura. Gestión basada en el control del esfuerzo de pesca.
-    Potenciar la actividad pesquera de los buques comunitarios en aguas exteriores de forma sostenible, promoviendo los acuerdos de asociación pesquera.
-    Promover planes de gestión en todos nuestros caladeros de aguas nacionales, en colaboración con las CC.AA., el Instituto Español de Oceanografía y el sector pesquero, de acuerdo con el Reglamento CE 2371/2002.
-    Establecer las medidas adecuadas para que no continúe la diferencia entre precios en origen y precios en consumo de los productos pesqueros, potenciando el papel de las organizaciones de productores pesqueros y la información sobre los mismos cara al consumidor, unido a una promoción adecuada y un riguroso control de las importaciones.
-    Mantenimiento del fondo europeo de la pesca (FEP) con la ampliación de sus medidas a ciertos colectivos no incluidos hasta ahora, como el marisqueo y las rederas.
-    Creación de un Fondo Comunitario de Desguace para eliminar el excedente en capacidad de pesca.
-    Distinto tratamiento en cuanto a medidas de gestión para las flotas artesanal e industrial.

De cara a la defensa del importantísimo sector lácteo de Galicia, los populares incluyen también una propuesta de resolución relativa a abrir, en los próximos meses, un debate sobre la reforma de la Política Agraria Común y el establecimiento de las nuevas perspectivas financieras de la UE para el periodo 2014-2020. En este debate, los populares plantean defender las siguientes posiciones:

-    Dado que la financiación de los nuevos objetivos establecidos en la  Estrategia 2020 requerirán unos importantes recursos presupuestarios, el Gobierno deberá garantizar que la financiación de dichos objetivos no se efectúe reduciendo las actuales dotaciones presupuestarias que reciben los agricultores y ganaderos europeos.
-    El Gobierno trabajará para que los agricultores y ganaderos españoles sigan percibiendo al menos el mismo nivel de ayudas directas que reciben en la actualidad, y deberá trabajar igualmente para que se mantengan las dotaciones actuales de los fondos destinados al desarrollo rural.
-    Se opondrá a introducir elementos de renacionalización y cofinanciación en la PAC que acabarían distorsionando las condiciones de competencia.
-    Procurará que el actual modelo de reparto de ayudas basado en los rendimientos históricos no sea objeto de reformas substanciales, y en todo caso, que se garantice su vigencia hasta el año 2020.
-    Propondrá la introducción de mecanismos de intervención que actúen como redes de seguridad eficaces ante las crisis de precios o sanitarias.
-    Realizará una defensa activa del sector lácteo ante las instituciones europeas, definiendo políticas de apoyo y trabajando, también a escala nacional, para facilitar los necesarios equilibrios en el mercado que permitan a los productores la viabilidad de sus explotaciones.
-    Se garantizará que las importaciones de terceros países estén sujetas a las mismas normas de calidad y seguridad alimentaria que exigimos a las producciones comunitarias, y se evitará el llamado “dumping sanitario” o medioambiental.

    En este sentido, en el Acuerdo UE/Marruecos pendiente de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo, el Gobierno español deberá solicitar la inclusión de disposiciones especiales que permitan evitar el incumplimiento sistemático por parte de Marruecos de las condiciones del Acuerdo.
    En las negociaciones UE/Mercosur deberá elaborarse una evaluación del impacto económico y social de dicho Acuerdo en la agricultura y ganadería española, especialmente en los sectores del vacuno, cereal, hortofrutícola, vitivinícola y de las flores y plantas ornamentales. Así mismo, es imprescindible establecer la consiguiente propuesta de compensaciones económicas a los sectores afectados por el Acuerdo.

Finalmente, el PP también defenderá, dentro de su propuesta de resolución económica, en la que plantea poner en marcha un Plan Global y un calendario urgente de reformas para recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo, “un Plan estratégico de apoyo al sector turístico que le permita mejorar su posición competitiva frente a nuevos mercados y destino emergentes y mantener su contribución al PIB nacional. En particular y, teniendo en cuenta que el presente año es AÑO SANTO XACOBEO, que se apoye decididamente  por el Gobierno la promoción de actos que contribuyan a la atracción de peregrinos a este excepcional evento cultural y turístico”.

Los diputados del PP por Lugo preguntan en el Congreso por los recortes de inversión previstos para la Autovía del Cantábrico y para las autovías a Ourense y Santiago

•    Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal recuerdan que la ejecución de estos proyectos es vital para articular las comunicaciones interiores y subrayan que ya han acumulado retrasos importantísimos e injustificados

Los diputados lucenses del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez y Olga Iglesias Fontal, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo socialista explique, a la vista de las últimas noticias publicadas en los medios de comunicación gallegos el pasado 8 de julio en relación a los recortes en la inversión de tramos pendientes de ejecución en la autovía del Cantábrico y en las autovías que unirán Lugo con Ourense y Santiago, cuál es la propuesta real del Gobierno para estas infraestructuras en la nueva reprogramación.   

García Díez e Iglesias Fontal quieren saber a qué plazo se refiere el Gobierno cuando su ministro de Fomento anuncia un retraso en la conclusión de la autovía del Cantábrico de al menos un año, así cómo qué nuevas fechas compromete el Gobierno para cada uno de los siguientes tramos: Abadin -  Castromaior; Castromaior – Tonzas; Barreiros – Vilamar y Vilamar – Lourenza.

Según recuerdan, la Autovía del Cantábrico tenía como fecha comprometida para su finalización 2007-2008 y lo cierto es que, a fecha de hoy, se acumulan más dos años de retraso del plazo determinado para la puesta en servicio de todos los tramos gallegos de la Autovía del Cantábrico, y que, de los 84,75 kilómetros existentes en Galicia, menos de la mitad, están en servicio.

Los populares subrayan la falta de seriedad del Ejecutivo socialista, que recientemente había comprometido la puesta en servicio de la totalidad de la Autovía del Cantábrico a finales de 2011, y, por ello, tienen también interés en conocer cuál será la cuantía del recorte previsto en cada uno de los tramos en fase de ejecución en cada una de las infraestructuras citadas y cuál será el recorte de las anualidades previstas inicialmente.

García Díez e Iglesias Fontal reclaman también al Gobierno de Zapatero que concrete las nuevas fechas previstas para ejecutar los tramos en obras de la A-56. Los populares recuerdan que la A-56 Autovía Lugo-Ourense tenía como fecha comprometida para su puesta en servicio 2008-2010, aunque lo cierto es que de los 68,8 kilómetros de recorrido sólo están en obras 9,75, entre San Martiño y A Barrela Norte, mientras que hay otros 8,5 en proyecto, entre Cambeo y San Martiño, y el resto está en proyecto de trazado. Para los populares, la ejecución de esta autovía es irrenunciable y el Gobierno debe comprometer unos plazos reales y explicar los motivos de tanta demora.

Respecto de la A-54 Autovía Lugo-Santiago, los diputados populares por la provincia de Lugo recuerdan que la fecha comprometida para su puesta en servicio era 2008-2010 y la triste realidad es que sólo están en servicio 9 kilómetros, entre Lavacolla y la N-550; en ejecución 56,8 y 32 (tramo Arzúa-Palas) en información pública, por lo que exigen saber cuál es el estado actual de tramitación de este proyecto, qué fecha compromete el Ejecutivo socialista para su puesta en funcionamiento y los motivos del enorme retraso acumulado.

jueves, 8 de julio de 2010

Los diputados gallegos del PP exigen a Blanco que rectifique en sede parlamentaria sus manifestaciones de que habrá nuevos retrasos en las autovías gallegas ya comprometidas

•    Los populares pedirán explicaciones el 22 de julio al Ministro de Fomento, que por fin comparecerá en la Comisión de Fomento del Congreso
•    No es admisible que se produzcan nuevos retrasos en autovías que ya acumulan una enorme tardanza respecto a los plazos iniciales y menos en territorios como el de la Comunidad Gallega, que ya acumula históricos retrasos.
•    No es justificable que se aplace aún más la puesta en servicio de la Autovía del Cantábrico
•    Consideran irrenunciable la ejecución de todas las autovías gallegas programadas, que tienen un carácter estratégico y son rentables social y económicamente

Los diputados gallegos del Partido Popular han acogido con enorme preocupación las manifestaciones efectuadas ayer en Asturias por el ministro de Fomento, José Blanco, en las que anuncia un nuevo retraso de cómo mínimo un año en una de las autovías fundamentales para Galicia, la Autovía del Cantábrico.

La Autovía del Cantábrico tenía como fecha comprometida para su finalización 2007-2008 y lo cierto es que, a fecha de hoy, se acumulan más dos años de retraso del plazo determinado para la puesta en servicio de todos los tramos gallegos de la Autovía del Cantábrico, y que, de los 84,75 kilómetros existentes en Galicia, menos de la mitad, están en servicio.

El PP subraya la falta de seriedad del Ejecutivo socialista, que recientemente había comprometido la puesta en servicio de la totalidad de la Autovía del Cantábrico a finales de 2011.

Los diputados gallegos del PP, después de la comparecencia de Blanco en la Comisión de Fomento del Congreso del pasado 19 de mayo, en la que éste anunció que las actuaciones tanto en carreteras como en ferrocarriles iban a sufrir un retraso medio de por lo menos un  año en los plazos de ejecución, presentaron de forma conjunta una batería de preguntas relacionadas con todas las autovías gallegas que, con carácter general, acumulaban un monumental retraso. Se trataba de conocer los planes gubernamentales para los estratégicos proyectos viarios de nuestra Comunidad.

Pero lo cierto es que a fecha de hoy el Gobierno no ha contestado a esas preguntas y guarda un mutismo casi absoluto sobre cómo afectarán los recortes y reprogramaciones anunciadas a las autovías gallegas.

A la vista de estas preocupantes declaraciones de Blanco, los diputados gallegos reiteraran con nuevas iniciativas sus anteriores peticiones de información, al tiempo que pedirán al ministro de Fomento, en su comparecencia parlamentaria prevista para el 22 de julio, explicaciones sobre las verdaderas intenciones de su Ejecutivo en relación a las infraestructuras gallegas y que deje sin efecto los aplazamientos y recortes anunciados.

Los populares, además, recuerdan que la A-56 Autovía Lugo-Ourense tenía como fecha comprometida para su puesta en servicio 2008-2010, aunque lo cierto es que de los 68,8 kilómetros de recorrido sólo están en obras 9,75, entre San Martiño y A Barrela Norte, mientras que hay otros 8,5 en proyecto, entre Cambeo y San Martiño, y el resto está en proyecto de trazado. Para los populares, la ejecución de esta autovía es irrenunciable y el Gobierno debe comprometer unos plazos reales y explicar los motivos de tanta demora.

Respecto de la A-54 Autovía Lugo-Santiago, los populares recuerdan que la fecha comprometida para su puesta en servicio era 2008-2010 y la triste realidad es que sólo están en servicio 9 kilómetros, entre Lavacolla y la N-550; en ejecución 56,8 y 32 (tramo Arzúa-Palas) en información pública, por lo que exigen saber cuál es el estado actual de tramitación de este proyecto, qué fecha compromete el Ejecutivo socialista para su puesta en funcionamiento y los motivos del enorme retraso acumulado.

En relación a la Autovía A-57 conexión A-52 Pontevedra, los diputados populares recuerdan que tenía como fecha comprometida de finalización 2010, pero a fecha de hoy de los 59,1 kilómetros de longitud de la vía no hay ni uno sólo en servicio o en obras y únicamente están en estudio informativo 20 kilómetros y el resto en proyecto de trazado/construcción. Es un proyecto indispensable y no puede aplazarse.

También demandaran explicaciones sobre el proyecto de autovía A-76 proyectada entre Ourense y Ponferrada, que lleva más de tres años de retraso en su tramitación. Recuerdan que se trata de una conexión vital de Galicia con Castilla-León y que el ministro Blanco había comprometido la licitación de su proyecto antes de fin del presente año, pero sin embargo recientes declaraciones de miembros del ejecutivo de Zapatero ponían en duda su ejecución.

También exigirán explicaciones sobre otros proyectos, entre ellos el tan necesario de ampliación de la AP-9 en el puente de Rande, que el ministro Blanco presentó el 17 de abril en Vigo  y sobre el proyecto de ampliación de la AP-9 a su paso por Santiago de Compostela. En ambos casos demandarán que los anuncios se comprometan en realidades con fijación de presupuestos y plazos ciertos.